Por: José Obdulio Espejo M
En el país y la ciudad donde todos exigen derechos, nadie está dispuesto a corresponder con deberes. Un caso flagrante de abuso de autoridad fue la excusa perfecta que estaban esperando los vándalos de oficio. ¿Quién está detrás del caos y la destrucción?
En una sociedad donde los ciudadanos sólo tienen derechos, pero ninguno deberes, la delgada línea roja que define si una acción de fuerza fue proporcionada, o excesiva, se diluye entre normas confusas y laxas, el oportunismo de politiqueros de carrera en época preelectoral, y el cubrimiento ligero de algunos mass media.
Claro que la muerte del taxista Javier Ordóñez, de quien se afirma era estudiante de derecho y a quien los medios se han empeñado en presentar como un ciudadano modelo, merece un contundente rechazo de la sociedad en su conjunto y todo el peso de la justicia para los responsables, así suene a frase de cajón. Las imágenes que se hicieron virales sobre este inaceptable procedimiento policial son explícitas, y no hay forma de defender lo indefendible, máxime cuando se han filtrado detalles sobre los hechos posteriores que habrían ocurrido al interior del CAI del barrio Villa Luz, y que derivaron en su lamentable deceso.
El asunto ha tomado tal vuelo, que, las autoridades, tanto del Distrito como de la nación, están llamadas también a esclarecer con prontitud las muertes violentas de al menos otros once ciudadanos en Bogotá, luego de que supuestas jornadas de protesta social espontánea, posteriores a la muerte violenta de Ordóñez y en contra del abuso policial, derivaran en los últimos dos días en desmanes y, en algunos casos, en verdaderas asonadas.
El hecho de que estos episodios de violencia se hubiesen registrado igualmente en Soacha, Medellín, Manizales, Barranquilla, Cali y otras ciudades y poblaciones, casi que de manera simultánea, no puede ser considerado como un asunto del azar. Mucho menos que los puntos de ocurrencia de estos en Bogotá, coincidan con los desórdenes que se presentaron en la capital colombiana en noviembre de 2019.
Una parte de la investigación de las autoridades debería centrarse en este punto en específico. Se habla del uso de redes sociales como Facebook y canales de mensajería como WhatsApp y al menos 15 perfiles a través de las cuales se hicieron las convocatorias para la participación en estos hechos vandálicos arropados bajo el disfraz de legítima protesta social.
Creer que los jóvenes, quienes son los principales protagonistas de las dos violentas jornadas de las noches del miércoles y jueves, se reúnen de manera espontánea en lugares y horas específicas para protestar, es de la mayor inocencia. En este orden de ideas, el uso recurrente de la expresión de origen británico A.C.A.B. (All Cops Are Bastards), cuya traducción literal es “todos los policías son bastardos”, y de mensajes virales como «todos los tombos son inflamables», no se pueden desestimar ni tomar a la ligera.
Hay otra tesis que no ha sido explorada con suficiencia. La destrucción total o parcial de al menos 54 CAI en Bogotá, en corredores de microtráfico y otras empresas criminales, podría estar siendo alentada por los capos de las bandas dedicadas a estos ilícitos. Ellos estarían detrás del financiamiento de los desmanes y del reclutamiento de jóvenes para la autoría material de los mismos. El reconocido periodista y podcaster Ricardo Galán, hizo esta denuncia esta mañana en su espacio online Libreta de Apuntes.
Y qué decir sobre la responsabilidad que podrían tener aquellos politiqueros que recientemente han llamado a la desobediencia civil a través de redes sociales y entrevistas concedidas a medios de comunicación masiva. Los mismos que, en lugar de invitar a la calma y a la protesta social pacífica en estos aciagos días, caldean los ánimos y entrelíneas convidan al caos y la destrucción. ¿Su actuar no merece una revisión de la justicia, dadas sus investiduras y su carácter de influenciadores?
Su interés es claro: sembrar el caos y la destrucción en esta época previa a las jornadas electorales que se avecinan. Luego, en plaza pública y en campaña, se van a presentar como los mesías que salvarán a Colombia de la inminente debacle, apelando a su discurso populista y demagogo.
En el entre tanto, la alcaldesa de Bogotá, experta en nunca aceptar responsabilidades y achacarles siempre la culpa a terceros, enfiló baterías contra los uniformados de la Policía Metropolitana (Mebog). Además, su mensaje tibio a los protagonistas de los desmanes son una patente de corso para que continúen saliéndose con la suya sin recibir castigo.
Claudia López, en su inmensa sabiduría, debería redactar el protocolo que le indique a los tres o cuatro policías que están de puesto fijo en un CAI, cómo proceder cuando una turba enardecida se les acerca armada de palos, barillas, piedras, y gasolina, con la intención de lincharlos.
Por eso, no entiendo por qué ni los medios de comunicación ni la propia mandataria capitalina, hicieron referencia a su fracasado, pero romántico protocolo para desescalar la violencia, cuando una jornada de protesta social se sale de las manos y cambia de castaño a oscuro. Ella sabe que sus promocionados gestores de convivencia serían carne de cañón frente a una masa que no obedece a causas nobles ni verdaderas pretensiones sociales.
Alcaldesa, promueva los derechos, pero ¡ojo!, ¿qué pasa con los deberes de los ciudadanos? Recuerde que su mandato la obliga no sólo con sus electores, sino también con los más de ocho millones de habitantes de Bogotá, incluidos sus agentes del orden.
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/la-otra-cara-del-caso-ordonez-77116
