El consejero de Seguridad del Gobierno Nacional dice que no es crítico sino franco con la alcaldesa Claudia López, propone una ley antivandalismo y asegura que lo sucedido en Bogotá fue terrorismo.
¿Cuál es el análisis que hace el Gobierno frente a lo sucedido en Bogotá la semana pasada, con los hechos vandálicos y los ataques a los CAI?
Se trató de un ataque planificado, coordinado, sistemático y desplegado con capacidad de violencia a gran escala, que se tradujo en el incendio de cuarenta CAI, 29 más vandalizados, 62 carros y 149 motocicletas afectadas. Fueron heridos 294 policías, tres de ellos por arma de fuego y una joven agente fue apuñalada. La gran escala de estos ataques, sin antecedente reciente, y su relación con miembros de grupos armados organizados, los convierten en actos de terrorismo de baja intensidad. Lamentablemente, murieron ocho ciudadanos y 258 más heridos.
El Gobierno responsabiliza al Eln y a las disidencias, ¿qué pruebas tiene?
La información de inteligencia es abundante y la actuación de la administración de justicia en diversos casos demuestra que tanto el Eln como las disidencias de las Farc tienen el propósito no solo de llevar a cabo acciones de terrorismo de gran magnitud, como el carro bomba de la Escuela General Santander, que asesinó a 22 jóvenes cadetes de la Policía, sino que impulsan una estrategia de acción violenta no armada (al menos con armas de fuego) en la ciudad. Esto no es nuevo, es resultado de un largo proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades para llevar a cabo acciones de esta gravedad, que incluye la convergencia con otros grupos radicales y extremistas, colectivos barriales. La Fiscalía ha efectuado varias capturas que lo comprueban.
Si es así, que el Eln y las disidencias son las responsables y tienen esa capacidad, ¿no cree que en algo se está fallando por parte de los organismos de inteligencia del Estado al no tener previstas acciones para contrarrestar este tipo de hechos?
A la inteligencia le corresponde alertar sobre las intenciones delictivas. Eso se ha venido cumpliendo. La cuestión acá es que el Estado en su conjunto debe prepararse mejor ante esa nueva amenaza, en diversos campos, no solo en lo operativo sino en la administración de justicia. Por ejemplo, la impunidad rodea a quienes pretenden quemar vivos policías, incendiar CAI y atentar contra la vida e integridad de los miembros de la fuerza pública. De 315 capturados en los eventos del 9, 10 y 11 de septiembre, solo tres fueron objeto de medida de aseguramiento, ninguno de ellos en Bogotá. Esa situación estimula la repetición de actos criminales. Por otro lado, los hechos demuestran que se requiere más Esmad para atender situaciones como esa. Y ciertamente, la inteligencia debe focalizar mucho mas su acción para atender este nuevo escenario de confrontación. Nuestra inteligencia ha sido de las mejores del mundo para golpear estructuras armadas. Hoy estamos en un escenario distinto y su trabajo debe articularse estrechamente con la investigación criminal y la función de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces.
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