Hay quienes cuestionan los golpes que las Fuerzas Militares contra los grupos armados ilegales. ¿Quiénes son y qué los motiva?
En este nuevo escrito no pretendo hacer una reseña de la novela histórica de León Tolstói. No poseo la formación ni los conocimientos necesarios para tan siquiera desglosar la esencia romántica, y mucho menos filosófica, de una de las obras cumbre de las letras rusas y, por supuesto, de la literatura universal.
Sólo que su título y el intento del autor de Anna Karénina de contar 50 años de la historia de Rusia en un contexto de guerra, me retrotrae hacia la paradoja colombiana de las últimas seis décadas: guerra intestina con microscópicos momentos de paz.
Porque con el acuerdo de La Habana se nos vendió a los colombianos una falsa sensación de paz. El expresidente Santos y sus áulicos, como el camaleónico senador Roy Barreras, se encargaron de anunciar a los cuatro vientos que, por fin y de manera definitiva, la paz había tocado las puertas de Colombia.
Entonces, en la conversación nacional se empezaron a estilar términos como posconflicto y otros de similar naturaleza con especial júbilo. Craso error, como quiera que la paz del gobierno Santos únicamente involucraba a las Farc y dejaba por fuera de la ecuación a organizaciones armadas ilegales de recio carácter beligerante como el ELN. Qué decir de otras estructuras criminales, con conocidos intereses narcos, que de inmediato coparon los territorios que abandonaron las huestes de ‘Timochenko’.
Además, los teóricos y expertos del Desarme, la Desmovilización y la Reinserción, o DDR, como Vicenç Fisas Armengol, quien asesoró al gobierno Santos, siempre hablaron de la lógica de las disidencias. Un coctel peligroso que todos conocen ahora y conocían en aquel entonces, por cuanto habría sido mejor y realmente prudente que se hablara de «posacuerdo» con las Farc y no del eufemismo >»posconflicto».
Este contexto explicaría por qué aparecen voces que, ante el fracaso en muchos aspectos del acuerdo Santos-Farc, buscan deslegitimar los últimos golpes que las Fuerzas Militares le han propinado a estas estructuras criminales con aparente discurso ideológico y social. Para ello, echan mano de un tema altamente sensible, como es la presencia de menores de edad en estas organizaciones, sobre todo durante las operaciones in situ. Se trata, lógicamente, de individuos y organizaciones que se lucran del Acuerdo Final.
De ahí que no es de extrañar que, tras la muerte de Andrés Felipe Vanegas, alias ‘Uriel’, la Fundación Paz y Reconciliación -Pares- denunciara que había dos menores de edad en el campamento de este sanguinario cabecilla del ELN en Chocó, en el preciso momento de esta quirúrgica operación de las Fuerzas Militares. Según el subdirector de Pares, Ariel Ávila, ellos recibieron llamadas telefónicas de las madres de los menores de edad para poner en conocimiento la situación.
Qué conveniente para las metas de la organización y del imberbe experto que la comunicación desde el Chocó se hubiera hecho en tiempo real. Es vox populi que León Valencia y él hacen parte de la selecta élite que se beneficia de los millonarios contratos en la Colombia del posconflicto. Por ahí corre el rumor de que Pares, verbigracia, está concentrada por estos días en hacer parte del portafolio de contratistas de la Comisión de la Verdad, la cual, valga la pena subrayar, está en la mira de los entes de control por cuenta de irregularidades en este campo.
El otro episodio de autos conocido es el que involucró al senador Barreras en noviembre de 2019. Durante la moción de censura al entonces ministro de Defensa, Barreras dijo que Guillermo Botero le ocultó al país la muerte de siete menores de edad en el marco de una operación en Caquetá contra las disidencias de las Farc. El senador apeló a este sofisma de distracción para desacreditar la operación contra los hombres de ‘Gildardo Cucho’, pues esta y la de ‘Uriel’ son evidencia de la debilidad de lo pactado.
Como el que más, el senador ha sacado máximo provecho de su rol como gestor de paz en la era Santos y ahora como apóstol consagrado del Acuerdo Final y sus bondades. Podría decirse, de hecho, que este es su único legado a la hora de hacer un balance de su gestión en las últimas legislaturas; en otras palabras, la carta que le queda en momentos en los que la deuda con su maquinaria política es alta, máxime después de haber perdido el poder y el control a la sombra de Caprecom y, ahora último, de la Esap.
He aquí el quid del asunto. A Barreras le conviene mantener vivo su discurso pacifista, pues así puede capotear con cierta comodidad los escándalos sobre presuntas irregularidades administrativas, que involucran a sus fichas claves en las dos entidades estatales que mencioné en el anterior párrafo.
Es evidente que los intereses de Ávila y de Barreras no están con la paz ni con la suerte de los niños soldado en Colombia. Si sus motivaciones fueran sinceras, su dedo acusador habría apuntado hacia los verdaderos responsables de hacer que estos menores perdieran su estatus de no combatientes. No toca ser un experto en el derecho de la guerra para llegar a la inevitable conclusión de que son ellos, y no el Estado, quien los colocó en peligro inminente. Es más, ¡basta sólo con tener una pizca de sentido común!
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