Por: Eduardo Mackenzie
En estos días de febrero, José Vivanco y cinco magistrados de la JEP firmaron, tras bambalinas, sus respectivos mamotretos contra el gobierno de Colombia. ¿Hubo concertación entre ellos sobre la fecha para lanzar eso? Es posible. La movida fue tan perfecta que hay que reconocerles cierto genio. Por lo menos, el impacto de esos textos escandalosos fue internacional. En París, una revista creyó lo dicho por la JEP y escribió: “Cerca de 6 402 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como muertos en combates”. En Bruselas, la televisión dijo lo mismo y en Canadá, un diario sacó esta conclusión: “La IV Brigada es asesina”.
La idea de que el Ejército de Colombia asesina civiles está ahora en todas partes. La prensa colombiana presentó lo de Vivanco y la JEP como dos hechos desconectados y la opinión no vio el fondo de la cosa. “En Colombia no pasa nada”, dicen algunos, sobre todo en periodo pre electoral.
La labor de la JEP y de Human Rights Watch es convergente pues no es judicial ni humanitaria. Su juego es político. La Ong de Vivanco es financiada por George Soros, el hombre de los millones, de las órdenes y de las agendas (1). Soros obra en varios tableros. Fomenta el colapso presupuestal de la policía de New York, Chicago y Los Ángeles, lo que origina una hecatombe. Hasta el “progresista” New York Times se quejó en un editorial: ante el repliegue de la fuerza pública, el aumento de homicidios azota sobre todo a los jóvenes negros, de manera implacable.
Soros apoya a Black Lives Matter contra la policía americana y el partido republicano. Lo más impresionante es que Soros y Vivanco también se ocupan de Colombia. Con ayuda de la incalificable JEP, ese dúo sigue apostándole a la destrucción de las Fuerzas Militares de Colombia.
El informe de la JEP, del 12 de febrero, tiene 38 páginas. El de Vivanco, del 10 de febrero, tiene 136 páginas. Las temáticas parecen diferentes, pero son, en realidad, lo mismo. El primero le imputa al gobierno crímenes ocurridos entre 1988 y 2014. Vivanco se ocupa de otra franja de tiempo: acusa al gobierno de Iván Duque de haber “desprotegido las comunidades indefensas”.
Vivanco dice que los asesinatos de desmovilizados, que él llama “defensores de derechos humanos”, se deben a las “graves deficiencias del gobierno”. Si Vivanco evoca las políticas de Duque para frenar esos asesinatos lo hace para mostrarlas como “falencias” (faltas, en español), no para señalar quien está realmente detrás de esa horrible matanza. Es inútil buscar en el informe de HRW una sola acusación contra las FARC en armas (las llamadas “disidencias”) y el ELN. Esas bandas de matones patológicos desaparecen en la pluma de Vivanco tras la denominación de “grupos armados”.
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