Para el Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) aunque el Estado desplegó capacidades importantes en materia de Fuerza Pública, resultó ser insuficiente frente a la expansión territorial de los grupos armados ilegales
Articulo tomado de: https://www.elnuevosiglo.com.co/entrevista/violencia-electoral-va-mas-alla-del-proselitismo-armado-general-r-leon
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál considera que ha sido la dimensión del proselitismo armado en esta campaña presidencial?
GUILLERMO LEÓN LEÓN: Ya hay unas evidencias y elementos importantes que hay que tener en cuenta. Lo han dicho las mismas campañas, algunos de los candidatos lo han mencionado con respecto a denuncias de constreñimiento en el territorio. Y, por lo tanto, uno no puede desconocer esta acción como una realidad.
Es una de las mayores amenazas que se está presentando en la campaña actual. Y no solamente se trata de propaganda ilegal, sino también del control territorial, de la intimidación, de las restricciones a ingresos a unas campañas para que no puedan hacer proselitismo dentro de las regiones o territorios donde estos grupos armados hacen presencia, así como amenazas a líderes y presión sobre comunidades.
Su impacto no puede medirse solo por los votos, sino también por el miedo que de alguna manera limita la libertad política en varias regiones, así como hechos como el asesinato de un candidato presidencial o de miembros de los equipos de una de estas campañas que también fueron afectados, y la violencia, inclusive, a sedes políticas o sedes de campaña de las diferentes propuestas.
Estos son ejemplos que muestran que hay una violencia electoral que fue más allá del proselitismo armado y que debe ser una alerta para los colombianos de lo que pueda suceder en estas elecciones.
ENS: Si bien este flagelo se denunció desde finales del año pasado, ¿cree que el gobierno supo y pudo contrarrestarlo o al final de cuentas el llamado «voto fusil» funcionará este domingo en la segunda vuelta presidencial?
GLL: Esta situación que se estaba presentando en las regiones se ha hablado y se ha puesto en conocimiento de la institucionalidad. Ha habido receptividad a escucharlo, a tratar de entenderlo.
Sin embargo, lo que uno ve es que el Estado desplegó capacidades importantes, una cobertura y compromiso de los miembros de la Fuerza Pública en un buen número, que se ha hecho en los territorios, resulta ser de pronto insuficiente frente a la expansión territorial de los grupos armados.
El llamado voto fusil no significa solo que quede un resultado, sino que en este momento quedaría determinado que el resultado que se dé, sea por las armas, sea forzando, torciendo el voto libre de los colombianos para inclinarlo hacia una campaña en particular. Esto, por supuesto, afecta la libertad del elector y va a distorsionar la competencia democrática que es la que debe prevalecer en estas circunstancias.
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ENS: Desde la izquierda sostienen que la incidencia de la coacción electoral de los grupos armados ilegales sobre la población es mínima y que no se debe hablar de millones de colombianos amenazados, sino de una población sustancialmente menor. ¿Usted qué considera?
GLL: Se han hecho unos análisis precisamente con los resultados de la primera vuelta. Ha habido unas denuncias que me parece importante que la Fiscalía o los entes de investigación asuman el conocimiento de ellas para determinar la realidad de lo que pasa. Sin embargo, somos conscientes que en algunas partes del territorio adelantar estas investigaciones no va a ser fácil precisamente por la influencia que tienen estos grupos en estos territorios.
Hay que ser responsable con el manejo de las cifras. No se puede afirmar sin prueba que millones de colombianos o miles de colombianos votarán bajo amenaza directa, pero tampoco puede minimizarse el fenómeno cuando hay municipios enteros bajo influencia criminal. La afectación democrática es grave, aunque la población directamente coaccionada no sea significativa en número.
Lo que hemos visto en los mapas que se han hecho y que se han traslapado con respecto a los resultados de la primera vuelta, la presencia de los grupos armados ilegales y las economías ilícitas, da de alguna manera una tendencia y un derrotero que vale la pena poner sobre la mesa para analizar y sobre todo investigar para determinar que estas comunidades no sean instrumentalizadas por los grupos armados al margen de la ley.
ENS: ¿Cree que la decisión del Gobierno de abrir una Zona de Ubicación Temporal para un pequeño grupo residual de las Farc en Nariño y Putumayo en la antesala de las urnas tiene algún trasfondo político?
GLL: No era la oportunidad ni el momento. Precisamente cuando estamos en un momento electoral donde ha habido mucha pugnacidad en las campañas y donde hay desconfianzas. Y tomar este tipo de medidas en este momento no ayuda a tratar de generar confianza en el proceso.
Abrir una Zona de Ubicación Temporal en la antesala electoral en territorios con presencia armada y riesgo electoral genera dudas razonables. Puede tener una explicación de política de paz, pero el momento escogido fue inoportuno y políticamente sensible.
El Gobierno debió haber garantizado máxima transparencia para evitar que una decisión de seguridad terminara interpretándose como un mensaje político. Y esa es tal vez nuestra preocupación. Que realmente hubiese transparencia en las decisiones que se tomaron y que se hubiera postergado esa decisión a que pasaran los comicios electorales para que no se viera estas decisiones también con desconfianza, con un interés que se puede ver afectado en la libertad de expresión de los colombianos en estas regiones y donde se hubiera buscado también compromisos de estos grupos para ayudar a una candidatura política en particular.
