Una reincorporación amplia en el liderazgo estratégico de las Fuerzas Militares podría generar consecuencias institucionales que superarían los beneficios esperados.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no son simplemente organizaciones armadas; son instituciones permanentes del Estado, concebidas por la Constitución Política como pilares esenciales para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica. Su existencia y fortalecimiento no solo garantizan la seguridad de la Nación, sino que constituyen un valor estratégico para la vigencia del Estado social y democrático de derecho, el equilibrio institucional y el libre funcionamiento de los poderes públicos.
Su estabilidad y fortaleza descansan en principios como la disciplina, el esfuerzo, la jerarquía, el mérito, el sacrificio, la sucesión del mando y el respeto por el orden constitucional. Estos pilares han permitido que Colombia conserve unas Fuerzas Militares y de Policía profesionales, capaces de mantenerse al servicio de la nación por encima de coyunturas políticas, la polarización extrema y aun en medio de uno de los conflictos internos más prolongados y complejos del continente.
El debate sobre la posibilidad de reincorporar al servicio activo a un número significativo de oficiales retirados parte de una preocupación legítima: recuperar liderazgo, experiencia y capacidades estratégicas afectadas por cuestionables decisiones políticas, en un momento en que el país enfrenta graves desafíos de seguridad. Sin embargo, el análisis no puede limitarse a las bondades que aportaría el regreso de oficiales con una destacada trayectoria; debe centrarse, ante todo, en los efectos que una decisión de esta naturaleza tendría sobre la institución.
Lo anterior no significa que el Estado o el Gobierno deban renunciar a recuperar capacidades estratégicas por medio de la reintegración de militares o policías en retiro, cuando existan razones excepcionales para hacerlo. Casos puntuales de reincorporación pueden resultar plenamente justificables si responden a necesidades específicas y obedecen exclusivamente al interés nacional. La experiencia acumulada por algunos Oficiales constituye un activo valioso que el país no debería desaprovechar.
Un ejemplo de ello es la reciente designación del señor mayor general (r) Alejandro Barrera como director general de la Policía Nacional y del señor mayor general (R) Norberto Mujica como subdirector general, decisiones que reflejan la importancia de incorporar liderazgos con amplia experiencia para enfrentar los desafíos de seguridad que vive el país. Estos nombramientos, por su carácter excepcional y por recaer en los más altos niveles de dirección estratégica, pueden entenderse como una respuesta institucional a necesidades específicas, sin que ello implique alterar de manera general la estructura de carrera o las expectativas legítimas del personal activo.
Precisamente, ahí radica la diferencia entre fortalecer la institución mediante reincorporaciones selectivas, en este caso muy importantes para la Policía Nacional, afectada notablemente en su liderazgo estratégico en estos últimos años, o promover un reintegro masivo que pueda afectar el orden, la cohesión, la meritocracia, la subordinación, la disciplina, los valores y la moral de la Fuerza Pública.
Es así como una reincorporación amplia en el liderazgo estratégico de las Fuerzas Militares podría generar consecuencias institucionales que superarían los beneficios esperados. La primera sería la afectación de la moral del personal activo. Cientos de oficiales vienen construyendo su carrera bajo reglas claras de ascenso y sucesión; alterar de manera significativa ese proceso podría generar incertidumbre, frustración y la percepción de que el mérito dejó de ser el principal criterio para acceder a posiciones de liderazgo y de que todo se reduce al favor politiquero.
En segundo lugar, podría afectar la cohesión del mando. Las Fuerzas Militares funcionan sobre la confianza en la línea de sucesión y en la legitimidad de quienes ejercen el comando. Modificar esa estructura mediante reincorporaciones numerosas puede generar tensiones innecesarias entre generaciones de Oficiales o Suboficiales, precisamente cuando la unidad institucional resulta indispensable.
Un tercer riesgo: la politización. Las Fuerzas Militares han construido durante décadas una cultura profesional basada en la subordinación al poder civil y en la continuidad institucional, independientemente de los cambios de gobierno. Si las reincorporaciones fueran percibidas como decisiones motivadas por afinidades políticas y no por estrictos criterios técnicos y operacionales, se correría el riesgo de debilitar uno de los activos más importantes de la institución: su carácter profesional y no partidista.
Y además, un cuarto riesgo. Si se percibe que el acceso a los más altos cargos depende de la cercanía con el gobierno de turno, algunos oficiales podrían verse incentivados a privilegiar las relaciones políticas generando lealtades indebidas y debilitando el desempeño profesional, el carácter institucional y no deliberante de la Fuerza Pública.
Paradójicamente, una medida concebida para fortalecer las capacidades estratégicas podría terminar afectando uno de los principales factores de la institucionalidad militar: la moral. La seguridad nacional exige recuperar capacidades, pero también preservar la cohesión institucional, ambas necesidades no son excluyentes; por el contrario, deben complementarse.
Ahora, si el propósito es aprovechar la experiencia de militares y policías retirados, existen mecanismos que fortalecen la institución sin alterar la carrera institucional. La asesoría estratégica y operativa, la participación en procesos de transformación y modernización, la educación militar, el desarrollo doctrinal, los centros de pensamiento y la gestión de proyectos estratégicos son escenarios donde ese conocimiento puede generar un enorme valor para el Estado.
Si hoy el país necesita recuperar liderazgo estratégico de las FF. MM., debe hacerlo sin sacrificar aquello que precisamente hace fuertes a sus Fuerzas: la confianza en la carrera, la estabilidad del mando, la convicción de que ningún interés personal, por legítimo que parezca, puede estar por encima de la institución y el riesgo de politización.
Porque, al final, los hombres pasan; la institución permanece. Y protegerla de abusos o de excesos también es una forma de servir a la patria.
