Por: General (R) Guillermo león León Presidente de ACORE y CONFECORE
El discurso pronunciado por el presidente Abelardo de la Espriella durante el reconocimiento de tropas y posesión del Ministro de Defensa y de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía deja una definición política inequívoca: recuperar la seguridad, restablecer la autoridad legítima del Estado y volver a ejercer presencia efectiva y permanente en todo el territorio nacional.
Para quienes durante el último año participamos en la construcción de “Colombia: Estrategia Integral de Seguridad”, desde el Grupo de Revisión Estratégica Institucional (GREI), resulta significativo encontrar una amplia coincidencia entre varios de los planteamientos presidenciales y los cinco pilares que estructuran nuestra propuesta.
No se trata de reclamar coincidencias como propias, sino de constatar que el diagnóstico conduce hacia unas prioridades que el país parece comenzar a compartir. En Seguridad y Defensa Nacional, coincide la necesidad de una Fuerza Pública moderna, equipada, soportada en inteligencia y con capacidad de estabilización y consolidación del territorio. En Justicia, compartimos que la recuperación de la seguridad solo puede consolidarse mediante una justicia efectiva, transparente y articulada.
La coincidencia también es evidente en la necesidad de colapsar las economías criminales, atacando no solo las estructuras armadas sino sus finanzas, redes y fuentes de financiación ilícita. Asimismo, la prioridad presidencial de recuperar el control de las cárceles corresponde con nuestra propuesta de transformación integral del sistema penitenciario, incorporando seguridad, reforma institucional y resocialización.
Finalmente, el desafío está en el Desarrollo Territorial Productivo: recuperar la seguridad es indispensable, pero el verdadero objetivo es que el Estado pueda llegar y permanecer. Como señaló el Presidente, “El Estado tiene que llegar primero, permanecer y hacerse respetar con fundamentos en la Constitución y la ley”.
El interrogante es cómo permanecer. Nuestra respuesta es el Modelo de Recuperación Territorial Diferenciado (MRTd). La Fuerza Pública puede recuperar condiciones de seguridad, pero la permanencia exige justicia, institucionalidad, infraestructura, bienes públicos, economía legal, oportunidades y gobernanza; de la mano de las comunidades construyendo Estado y soluciones a sus necesidades sentidas, bajo un esquema de vocación productiva del territorio. No podemos repetir la historia de recuperar territorios para posteriormente perderlos porque detrás del soldado y del policía no llegó integralmente el Estado.
La seguridad jurídica no puede quedar pendiente. Hay, sin embargo, un asunto que debe acompañar esta nueva política desde el primer día: la seguridad jurídica real de los miembros de la Fuerza Pública.El Presidente exige resultados, disciplina, honor y respeto por la ley, y ordena recuperar la seguridad dentro del marco de la Constitución. Ese principio debe ser correspondido por el Estado ofreciendo reglas claras a quienes tendrán la responsabilidad de materializar esas órdenes.
Si vienen mayores despliegues territoriales, operaciones contra organizaciones criminales y eventualmente un estatuto antiterrorista de amplio alcance, debe existir simultáneamente una arquitectura sólida de garantías jurídicas. El compromiso presidencial de respaldar política y jurídicamente a la Fuerza Pública resulta fundamental para que sus miembros puedan cumplir con determinación su misión constitucional, con la certeza de que toda actuación legítima, ajustada a la Constitución y la ley, contará con el respaldo institucional del Estado
Seguridad jurídica no significa impunidad ni inmunidad. Significa doctrina clara, reglas de actuación comprensibles, capacitación permanente, acompañamiento jurídico oportuno y certeza sobre los marcos del uso legítimo de la fuerza. Significa también investigación independiente cuando existan posibles abusos y pleno respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario cuando resulte aplicable. Un Estado no puede exigir determinación operacional y, al mismo tiempo, dejar al uniformado en incertidumbre frente a las consecuencias futuras de haber actuado legítimamente.
Ni “Paz Total” ni cerrar las puertas a la desmovilización. Existe igualmente una reflexión necesaria frente a la paz. Fuimos críticos de la denominada Paz Total y advertimos sobre los riesgos de pérdida de iniciativa estratégica, fortalecimiento territorial de organizaciones ilegales y confusión entre estructuras de distinta naturaleza. Algunas de esas preocupaciones forman parte hoy del debate nacional.
Pero reconocer el fracaso o los problemas de un modelo no debería conducir al extremo contrario de eliminar todas las herramientas institucionales para abandonar la violencia. El discurso presidencial establece que no habrá diálogo y que quienes quieran abandonar la criminalidad podrán someterse a los mecanismos previstos en la ley. Allí existe un espacio que debe desarrollarse inteligentemente.
Si las organizaciones armadas y criminales reúnen hoy, según la estimación utilizada por nuestra propuesta, cerca de 30.000 colombianos, el Estado necesita distinguir entre máximos responsables, mandos, integrantes responsables de graves crímenes, personas de menor responsabilidad y quienes pudieron haber ingresado siendo menores de edad o bajo diferentes formas de coerción.
La firmeza contra las organizaciones no debe impedir ofrecer rutas individuales y colectivas jurídicamente sólidas de sometimiento, desmovilización, desvinculación y reintegración, según corresponda legalmente. Cada integrante que abandona voluntariamente una estructura y transita efectivamente hacia la legalidad disminuye la capacidad de reproducción de la violencia. No se trata de premiar el crimen. Se trata de combinar autoridad con canales institucionales y rutas claras de sometimiento.
Una oportunidad excepcional para convertir coincidencias en una verdadera política de Estado. Esta convergencia representa una oportunidad que Colombia no debería desaprovechar: impulsar una Ley de Seguridad y Defensa que transforme estos propósitos en una verdadera política de Estado, con visión estratégica de largo plazo, responsabilidades institucionales claras y una adecuada articulación entre fines, medios, capacidades y recursos, de manera que la seguridad trascienda los ciclos políticos y tenga continuidad en el tiempo.
A su vez, sus elementos esenciales deberán incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo, traducidos en programas, metas, indicadores y recursos presupuestales que hagan posible su ejecución. Una Ley que garantice permanencia y un PND que asegure los medios para implementarla permitirían pasar de esfuerzos coyunturales a una estrategia sostenible, capaz de fortalecer al Estado y recuperar los territorios.
Colombia necesita autoridad, pero autoridad legítima; necesita fuerza, pero fuerza en el marco de la Constitución; necesita resultados, pero resultados sostenibles.
Porque la verdadera victoria del Estado no llegará solamente cuando recupere un territorio, sino cuando pueda permanecer en él, proteger a sus habitantes y conseguir que ningún colombiano encuentre nuevamente en la violencia su alternativa de vida.
