Para cerca de 900 organizaciones no gubernamentales la presencia en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos es necesaria.
Militares retirados difieren y apoyan el retiro. Una posición muy diferente fue esgrimida por la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore). Su presidente, el general (r) Jaime Ruiz Barrera, le expresó a este diario que “respaldamos 100% la propuesta de nuestro comandante en Jefe, el presidente Santos”. El uniformado indicó que, en su criterio, el presidente se demoró en pedir el retiro de la delegación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ruiz Barrera aseveró que la labor de esa organización ha sido perjudicial para Colombia y que “cuando estos funcionarios de las Naciones Unidas asumieron posiciones políticas y se identificaron con las organizaciones de extrema izquierda perdieron toda credibilidad. No son creíbles para nosotros ni para el pueblo colombiano (…). Personajes asumiendo esta actitud en contra de los intereses del país y en favor de quienes están promoviendo este tipo de desórdenes, como los ocurridos en Tibú (Norte de Santander), son personas no confiables”.
“No existe ninguna razón para temer la presencia de la ONU en Colombia”. De esta forma respondieron 900 organizaciones no gubernamentales al anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre un posible retiro de la delegación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país.
Las declaraciones del primer mandatario generaron una gran controversia que no se ha disipado pese a la confirmación de que la Oficina permanecerá en Colombia por lo menos un año más. De hecho, el posible retiro de la delegación de las Naciones Unidas en Colombia fue el tema central de la reunión que sostuvieron ayer representantes de la sociedad civil y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien se encuentra de visita en Colombia.
El pasado martes el primer mandatario anunció que le diría a Pillay “que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato (de la Oficina) o, si se hace, que sea por muy corto tiempo, porque el país ha avanzado lo suficiente para decir que no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas”.
Las 900 organizaciones, entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, enviaron un comunicado en el que rechazaron las palabras del presidente Santos e indicaron que “para cualquier Estado que pretenda priorizar los derechos humanos es todo un privilegio contar con semejante apoyo en esa labor”.
Y agregaron: “En Colombia, la crisis de la salud, la violencia contra las mujeres, la continuidad del desplazamiento forzado o el asesinato de líderes de tierras (por citar sólo algunos ejemplos) son prueba de que la Oficina todavía es necesaria”.
Estas ONG también rechazaron que, en su criterio, “al Gobierno la supervisión internacional en derechos humanos le resulta incómoda, pero ello no es suficiente para suprimirla, ni es lo propio de un Estado que pretenda calificarse, según el presidente Santos, como ‘maduro’ y conocedor de sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
El presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, dijo al respecto que un posible retiro de la Oficina sería perjudicial para la sociedad colombiana y para el Gobierno, y expresó que no entiende “por qué se hace esta propuesta en medio de los diálogos de paz en La Habana y sabiendo que la ONU sería de vital ayuda de darse un acuerdo de paz”.
Gallón explicó además que Colombia no puede retirar a las Naciones Unidas de forma unilateral y que no corresponde al Gobierno sino a organizaciones internacionales aclarar si la situación de derechos humanos en Colombia amerita o no la permanencia de las Naciones Unidas en el país.
Por su parte, Clara López, presidenta del partido de oposición, Polo Democrático Alternativo, le envió una carta al presidente Santos en la que le dijo que “su anuncio se percibe como una retaliación (…). La política del avestruz en materia de derechos humanos no le hace bien, ni al proceso de restitución de tierras ni al proceso de paz. Por ello, hacemos un llamado para que reafirme el mandato de (la Oficina) en Colombia, no por ‘un muy corto tiempo’, sino por el tiempo que sea necesario”.
Una posición muy diferente fue esgrimida por la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore). Su presidente, el general (r) Jaime Ruiz Barrera, le expresó a este diario que “respaldamos 100% la propuesta de nuestro comandante en Jefe, el presidente Santos”. El uniformado indicó que, en su criterio, el presidente se demoró en pedir el retiro de la delegación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ruiz Barrera aseveró que la labor de esa organización ha sido perjudicial para Colombia y que “cuando estos funcionarios de las Naciones Unidas asumieron posiciones políticas y se identificaron con las organizaciones de extrema izquierda perdieron toda credibilidad. No son creíbles para nosotros ni para el pueblo colombiano (…). Personajes asumiendo esta actitud en contra de los intereses del país y en favor de quienes están promoviendo este tipo de desórdenes, como los ocurridos en Tibú (Norte de Santander), son personas no confiables”.
Pillay ya se ha reunido con la sociedad civil y con el Gobierno. La alta comisionada permanecerá en Colombia por lo que resta de la semana. El posible retiro de su delegación sigue generando controversia, sobre todo por haberse anunciado cuando se llevan a cabo los diálogos de La Habana.
Las Farc aseguraron al respecto que la propuesta del presidente Juan Manuel Santos estaba fuera de lugar y que con ella se evidencia desconocimiento de la realidad del país. Toda esta controversia ha sido por una propuesta, ¿qué ocurriría si se hiciera realidad?
Por: Sebastián Jiménez Herrera
@juansjimenezh
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