La Reserva Activa de Colombia rechazó la estrategia de la Agencia de Defensa de la Nación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de reconocer la responsabilidad del Estado en las desapariciones del Palacio de Justicia.
Así mismo, anunció que la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), estará presente en Brasilia durante la sesión extraordinaria que sobre el tema del Palacio de Justicia, realizará ese organismo internacional la próxima semana.
Así lo señaló el presidente Nacional de ACORE, brigadier general Jaime Ruiz Barrera, al intervenir, el pasado 6 de noviembre, en el homenaje a los héroes del Ejército y de la Policía Nacional que entregaron sus vidas, o fueron heridos, cuando en cumplimento de su deber se enfrentaron a los terroristas que asaltaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Durante la sesión extraordinaria de la CIDH, ACORE presentará un memorial para controvertir la posición asumida por la Agencia de Defensa de la Nación, al aceptar, sin fórmula de juicio, hechos dolosos de la Fuerza Pública que, en este caso, no han sido comprobados.
Por considerarlo de interés para nuestros asociados, publicamos a continuación el texto completo de la intervención del general Ruiz Barrera.
Séptimo homenaje nacional a nuestros héroes defensores de la Patria frente al pavoroso holocausto del Palacio de Justicia
Hace veintiocho años, un Oficial del Ejército, junto con dos Oficiales, un Suboficial y siete Agentes de nuestra Policía Nacional, ofrendaron sus vidas en defensa de este país y de sus instituciones democráticas.
En esa fecha de triste recordación, el grupo terrorista M-19, en alianza con narcotraficantes pertenecientes al cartel de Medellín, masacró a cerca de cien ciudadanos, entre quienes figuraban importantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, varios servidores públicos, e inocentes personas que por casualidad se encontraban en ese lugar.
A este trágico saldo, debe también sumarse más de medio centenar de heridos de la Fuerza Pública, como resultado de los combates realizados por las tropas para la recuperación de las instalaciones y el rescate de 260 secuestrados en poder de los terroristas.
Este acto demencial ha sido calificado como uno de los hechos más atroces de tipo delincuencial, de lo cual no existe, hasta la fecha, algo similar en el historial de violencia que ha padecido nuestro país en los últimos lustros.
Lo más paradójico e inadmisible es que los tenebrosos homicidas, responsables de esta barbarie, gozan hoy de plena libertad, y muchos de ellos han ejercido y ejercen actualmente, importantes cargos de gobierno, mientras que quienes defendieron legal y constitucionalmente la soberanía nacional, se encuentran injustamente procesados y condenados, víctimas de la persecución de un sistema judicial que no nos ofrece ninguna garantía.
De todos es sabido que en el curso de estas investigaciones, no hay evidencia alguna ni prueba contundente sobre posibles personas que hubieran resultado desaparecidas, como consecuencia de las operaciones militares y de policía desarrolladas para recuperar estas instalaciones y rescatar a las víctimas.
Lo único realmente comprobado, hasta el momento, es la existencia de diecisiete cuerpos totalmente calcinados, que fueron encontrados al interior del edificio y cuya identificación fue imposible realizar.
Este hecho permite concluir que los supuestos desaparecidos podrían encontrarse entre estas personas que resultaron afectadas como consecuencia del incendio que provocó la organización terrorista, poco después de atacar y ocupar las instalaciones del Palacio.
En 1998, según la Fiscalía General de la Nación, se exhumaron varios cuerpos en el Cementerio Central y las pruebas de ADN que les fueron practicadas, tampoco permitieron establecer la identidad de los once supuestos desaparecidos. Sobre estos “desaparecidos”, se quiere hacer responsable, de manera particular, al Ejercito Nacional, por su decidida participación en la defensa de las instituciones democráticas.
El M-19, único responsable de esta acción terrorista, fue indultado por el Estado colombiano.
El proceso legal que se ha venido adelantando con ocasión de estos hechos, no ha permitido hasta el momento esclarecer totalmente lo ocurrido.
Los verdaderos responsables, miembros de la organización terrorista M-19, inexplicablemente gozan de plena libertad, no obstante haberse declarado por parte del Consejo de Estado, que los crímenes cometidos por esta organización son de lesa humanidad, y por tanto adquieren el carácter de imprescriptibles.
La justicia colombiana, basándose en falsas y dudosas pruebas de carácter testimonial, ha producido hasta el momento diferentes sentencias en cuatro procesos penales sobre los mismos hechos.
En el momento actual, además de ser totalmente contradictorias, dos de estas sentencias no se encuentran en firme y carecen del acervo probatorio requerido.
Consecuente con todo lo anterior, la defensa entablada inicialmente por el Estado colombiano ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, sustentada magistralmente por un reconocido y experto abogado internacionalista, en la cual se estableció que no hubo desaparecidos, tiene plena validez jurídica.
Por esta razón no entendemos la nueva tesis o estrategia jurídica formulada sorpresivamente por la Agencia de Defensa de la Nación, de querer aceptar ante la Corte Interamericana de derechos Humanos la responsabilidad del Estado colombiano por unas supuestas desapariciones y otras conductas imputadas a la Fuerza Pública, que no han sido plenamente comprobadas.
Asumir esta posición, desconociendo la realidad de los hechos y las pruebas existentes, no tiene explicación ni justificación alguna.
En otros términos: no hay verdad judicial de carácter definitivo, es decir, ¡No hay excesos ni desaparecidos que hayan sido comprobados!
Y por tanto, al no probarse la existencia de desaparecidos, ni ningún tipo de violación a los derechos humanos, el Estado colombiano no tiene responsabilidad alguna por estos hechos.
En virtud de lo antes expuesto, la próxima semana, ACORE se hará presente en la Ciudad de Brasilia, donde sesionará en forma extraordinaria la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para presentar a nombre de la Asociación, dentro de la figura jurídica del “amicus cure”, un memorial debidamente sustentado con pruebas fehacientes que obran en los distintos procesos, para controvertir la posición asumida por la Agencia de Defensa de la Nación, al aceptar, sin fórmula de juicio, hechos dolosos de la Fuerza Pública que, en este caso, no han sido comprobados.
Para terminar, quienes estamos presentes en este sentido homenaje, representando a la Fuerza Pública y a importantes sectores de la sociedad civil colombiana, rendimos culto a la memoria de los señores:
Mayor PONAL Héctor Aníbal Talero Cruz,
Teniente EJC Sergio A. Villamizar Quintero,
Subteniente PONAL José Rómulo Fonseca Villada,
Sargento Viceprimero PONAL Jaime Benítez Prieto,
Agentes:
Saúl Chavarriaga Salamanca,
Jaime Rodríguez Vivas,
Eduardo Bermúdez García,
Libardo Durán,
Jaime Alberto Portilla Franco,
José Gerardo Malaver y,
Ramón León Ariza.
Para todos ellos…….. paz en sus tumbas.
