Por considerarla de interés transcribimos a continuación la columna publicada en el diario El Tiempo de Bogotá, el lunes 14 de julio, firmada por la analista y periodista Natalia Springer.
“Lo dijo Kennedy, y nunca ha sido tan pertinente como lo es hoy para Colombia: “Se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra”. Y creería uno, tal parece equivocadamente, que el Gobierno leyó el mensaje de la elección como un temprano referendo por la paz.
Los hechos son estos: el destituido magistrado Rojas se va, no sin antes dejarnos con una ponencia inmoral, que parece haber ganado el favor de las mayorías en el interior de la Corte Constitucional. El asunto guarda relación con el artículo 3 transitorio del ‘marco jurídico para la paz’, que establece unos mínimos límites a lo que será considerado ‘delito político’ y sus conexos. Tal y como está hoy, el artículo reza: “No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio, cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”. El asunto es que, por propuesta de Rojas, la limitación se retira. Ya no solo se habilita esa perversión según la cual el genocidio o los crímenes contra la humanidad pueden ser considerados conexos a los delitos políticos. Es que ya no habrá límites: los genocidas y los criminales contra la humanidad podrán asumir las curules que están exigiendo en el Congreso.
¿Es esa la paz a la que aspiramos? ¿Aceptaremos que los responsables del horror y la comisión de crímenes que, por su naturaleza, atentan contra toda la humanidad sean quienes nos representen como sociedad? Esta insensatez no solo hundirá el proceso en cualquier referendo, sino que solo podrá ser leída como una rendición, un “despeje”, ya no del territorio, sino del Estado de derecho.
Parte de lo que se ha llamado el “nunca más”, o la definición de lo que debe ser el punto final, alude de manera doble al principio de no repetición y a la obligación de reparar y restituir la dignidad de las víctimas a través de un cambio cultural que impida el regreso de la violencia. Ese ‘nunca más’ es un llamado a sentar las bases no solo para que la atrocidad no vuelva a producirse, sino para que no se justifique lo que pasó y los responsables tampoco tengan en sus manos los medios para impedir el esclarecimiento de la verdad.
Se pregunta uno, con este exceso de generosidad: ¿qué es lo que les están premiando a las Farc? ¿Acaso el hecho de que, hasta el día de hoy, siguen sin reconocer a sus víctimas y, lo que es peor, continúan victimizando al país? ¿Qué tipo de razonamiento favorece los derechos de los victimarios sobre los de las víctimas? ¿Se declara tan incapaz el Estado que ahora ya no solo no protege y dignifica a sus víctimas a través de la justicia, sino que las obliga a aceptar a su victimario libre y protegido por el Estado como su representante y legislador del orden social?
Me avergüenza, en lo personal, que hayamos llegado a esta bajeza, en la que se sacrifica la justicia y, con ella, la sostenibilidad de una paz que nos urge, pero que, marcada en esta inmoralidad, no podrá sobrevivir. Me avergüenza más el silencio de los “defensores de derechos humanos” con los que dimos la pelea para impedir que los paramilitares salieran de la mesa de Ralito al Congreso, como lo intentaron, y hoy guardan silencio, cuando se trata de la guerrilla. Estamos preparados para una paz que no será perfecta, pero que tampoco puede premiar el crimen.
Así las cosas, propongo cambiarle el nombre al Código Penal y nombrarlo como “el código para los pobres” porque la justicia, tal y como lo propone lo que está a punto de convertirse en ley, no se les aplicará sino a los ladrones de caldo de gallina”.
Natalia Springer
