Editorial Periódico ACORE, edición 551
A principios del año el Señor Presidente de la Republica, anunció públicamente su determinación de acelerar el proceso de negociación de La Habana, para que en el menor tiempo posible se llegara a un “cese al fuego bilateral y definitivo con las Farc”.
Sin embargo, la forma como hizo público este pronunciamiento, que por razones obvias, ha debido ser de muy buen recibo por la sociedad colombiana, su efecto fue totalmente adverso, y por el contrario, generó múltiples reacciones de inconformidad y extrañeza, dada la ambigüedad y poca claridad cómo fue planteado.
De llegarse ahora a un acuerdo en tal sentido, tal como lo dio a conocer recientemente el jefe de negociadores del equipo de Gobierno en La Habana, sin firmar documento formal alguno, sin refrendación popular y sin compromiso previo de desmovilización y entrega de armas, se crearía un gran riesgo, cuyos efectos futuros en materia de seguridad interna, podrían poner al país en una difícil situación de orden público, ante la dificultad de poder enfrentar con decisión y claridad la amenaza que esta organización terrorista representa, y que por razones de orden legal y constitucional, debe ser neutralizada o combatida sin restricción por el Estado y, en particular, por las Fuerzas Armadas.
De ser así, y si las facultades de que dispone el gobierno nacional se lo permiten, se requeriría como mínimo la concentración de los grupos armados ilegales en puntos específicos predeterminados, no en regiones o extensa zonas, bajo la vigilancia y control de la Fuerza Pública y la participación como observadores de organismos de tipo nacional e internacional. Esta sería la única forma de garantizar la suspensión de la actividad criminal, el uso de sus armas y su accionar terrorista contra la población civil y la institucionalidad del país.
Es importante anotar que “pactar con en el ene-migo”, contraviniendo el orden legal y constitucional de nuestro estado de derecho, podría constituir la comisión de un gravísimo delito: ¡traición a la patria! Ello obliga al Gobierno y a los negociadores a revisar cuidadosamente la normatividad legal sobre la misión constitucional que les corresponde a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, como garantes de la seguridad y defensa nacional, y el monopolio exclusivo que tiene el Estado sobre la posesión y uso de las amas dentro del territorio nacional. No olvidar: ¡Estamos negociando con el enemigo!
Sobre este particular cabe anotar, que de manera insistente hemos planteado por conducto de las asociaciones de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en cartas enviadas al Presidente de la República, en su condición de Comandante en Jefe, y también mediante comunicados y pronunciamientos dirigidos a la opinión pública, que si no hay desmovilización y entrega formal de las armas, no habrá garantía alguna para asegurar el estricto cumplimiento de lo que sea pactado.
Sobre un eventual cese al fuego con las Farc, algunos sectores de extrema izquierda radical han querido vender a la opinión publica la importancia que representa esta medida, como una forma de lograr una disminución gradual de la violencia, del terrorismo y de las actividades delincuenciales, que sistemática y permanentemente, viene generando esta organización armada en la geografía nacional. De todas maneras, este compromiso no impone, bajo ninguna circunstancia, reciprocidad o limitación alguna, para que la Fuerza Pública continúe cumpliendo su misión institucional.
Para complicar más esta situación, algunos sectores afines al gobierno han expresado la posibilidad de llegar a un acuerdo final plenamente valedero, sin necesidad de una aprobación popular. Gravísimo error. Es posible que legal, constitucional y jurídicamente esto sea posible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo único que realmente garantiza la firmeza y viabilidad de cualquier compromiso que sea adquirido, y sobre todo su aplicabilidad en el futuro, es que sea refrendado, tal como lo anunció el gobierno en el momento que dio a conocer la agenda de negociaciones con las Farc. Esto le proporciona legitimidad. Hay que recordar que fue con este argumento, con el cual el Jefe de Estado buscó el respaldo nacional de su proyecto y más adelante su reelección presidencial.
Cualquier generosidad que demuestre el gobierno en estas negociaciones, constituye una muestra de debilidad que nos desfavorece, y proporciona grandes ventajas a esta organización terrorista.
El concepto mayoritario de sectores ciudadanos es que no hay suficiente credibilidad sobre el proceso de La Habana por razones que se esgrimen desde distintos ángulos políticos y sociales, pero especialmente por los antecedentes de negociaciones que terminaron en un rotundo fracaso.
Para algunos ciudadanos no hay claridad sobre lo que se pudiera entregar o se esté entregando a cambio de las múltiples pretensiones que públicamente viene exigiendo este grupo armado ilegal, en materia de impunidad por crímenes de lesa humanidad, dejación y no entrega de armas, reestructuración y cambio de doctrina de las Fuerzas Militares, reformas al régimen electoral y elegibilidad política para sus principales cabecillas, reintegro social y no desmovilización de sus integrantes y otras muchas más, que como la creación de zonas de reserva campesina con autonomía especial, pudieran coincidir con sus viejas áreas de influencia, donde tradicionalmente han ejercido su acción delictiva, especialmente en lo relacionado con cultivos y explotación minera ilegal. Estas podrían ser unas nuevas y peligrosas repúblicas independientes.
Somos conscientes que resolver los impedimentos para terminar este conflicto armado no es tarea fácil. Al problema con las Farc, se agrega ahora el del Eln, que según sus últimos pronunciamientos, quieren lo mismo que se negocia con esta otra organización, y algo más en materia de política económica y social, y particularmente en lo relacionado con el papel de las Fuerzas Militares. Los diálogos con esta organización están estancados. Sus aspiraciones no varían un ápice con relación a lo que han venido planteando en sus intentos de negociación, igualmente fracasados en épocas anteriores.
Sin embargo, las circunstancias del país y su futuro inmediato, nos hace ver con realismo, la necesidad de alcanzar una paz cierta, firme y duradera, así tengamos que esperar pacientemente un proceso gradual que pueda demandar diez o quince años, tal como los mismos negociadores del gobierno lo han afirmado. Esta paz que es un anhelo nacional, también lo es para nuestros soldados y policías que desde hace muchos años se han venido jugando su vida en defensa de nuestras instituciones y del pueblo colombiano.
Brigadier General JAIME RUÍZ BARRERA
Presidente Nacional de ACORE
