Arma letal del Foro de Sao Paulo contra la institucionalidad democrática
La guerra jurídica y política que actualmente enfrentamos, se ha convertido en este momento en el arma más letal del Foro de Sao Paulo contra la institucionalidad democrática del país, y en particular, contra la Fuerzas Armadas y la seguridad nacional.
El llamado Foro de Sao Paulo, creado en la década de los años noventa del siglo pasado con el propósito de unificar y fortalecer las distintas corrientes de extrema izquierda radical existentes en el Continente Latino Americano, ha tenido como tarea principal, la implantación de nuevos regímenes neocomunistas en distintos países de la región, logrando hasta el momento algunos importantes resultados.
Desde su aparición, su objetivo inmediato lo han constituido las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad de aquellos países que tuvieron que combatir distintas organizaciones terroristas de carácter subversivo, como fue el caso particular de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Actualmente su principal blanco estratégico, sin lugar a dudas, lo constituye Colombia, sin descartar otros países centro americanos, como El Salvador y Guatemala, que fueron víctimas también de este gravísimo flagelo.
Dentro de tales circunstancias, el arma más letal utilizada por este peligrosísimo Foro, la constituye, la guerra jurídica y política, hábilmente conducida por distintas ONG, nacionales y extranjeras, que desde diferentes ángulos, atacan incesante y sistemáticamente, todo aquello que se les oponga para lograr sus objetivos.
La guerra jurídica que hemos venido enfrentando en los últimos años, no es otra cosa que un uso habilidoso de la normatividad jurídica existente, junto con la combinación de otros medios y distintas formas de acción contra miembros de la Fuerza Pública, sometiéndolos al cuestionamiento social evitando el debido proceso contra quienes por circunstancias del conflicto armado, puedan verse involucrados en posibles o supuestas conductas al margen de la ley.
Su propósito u objetivo fundamental, es el de obtener victorias psicológicas (guerra psicológica) contra militares y policías, a fin de desmotivarlos o desmoralizarlos gradual y sistemáticamente, hasta lograr la pérdida total de su voluntad de lucha en el cumplimiento de susmisiones institucionales, que han sido fijadas por la Carta Magna de la nación.
A base del engaño, la desinformación y otros artificios jurídicos, se pretende derrotar a la Fuerza Pública sin necesidad de confrontarla en el campo de combate. Tal circunstancia, por razones obvias, produce gravísimos efectos en la seguridad nacional frente a las distintas amenazas, tanto internas como externas, a las cuales se deba enfrentar.
Mediante esta estrategia, simplemente lo que se busca es intimidar y minar la moral y el espíritu de lucha de nuestros combatientes.
Como complemento de estas acciones, se conduce también la llamada guerra política, la cual se materializa por la acción sistemática y persistente de diferentes organizaciones nacionales y extranjeras en contra de las distintas instituciones del Estado. Sus principales actores corresponden a ONG, supuestamente defensoras de los derechos humanos u otras de carácter político, plenamente identificadas con la extrema izquierda radical o movimientos neocomunistas, socialistas o progresistas de reciente aparición, cuyo eje central lo constituye el Foro de Sao Paulo, al cual pertenecen los grupos terroristas Farc y Eln, desde el momento mismo de su creación.
La guerra política, y en especial la guerra jurídica, últimamente se están materializando a través de varios hechos de suma importancia, con los cuales ha demostrado plenamente su efectividad. Estos son, entre otros, algunos de sus más destacados logros:
– El miedo operacional que han generado en nuestros combatientes con el amenazante síndrome del sistema judicial ordinario.
– El reciente informe del Centro de Memoria Histórica, cuya autoría por parte de un grupo de investigadores de izquierda radical, muestra a la Fuerza Pública como una organización criminal y primera responsable de la violencia armada que ha sufrido el país en los últimos cincuenta años.
– La intensificación de una gran ofensiva judicial contra miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, bajo el concepto de priorización y búsqueda de máximos responsables por hechos motivo de investigación, con carencia suficiente de verdad jurídica de lo que se investiga.
– El inexplicable hundimiento de un acto legislativo sobre ampliación del fuero penal militar con la utilización de argumentos no ciertos sobre supuestos vicios de trámite y su persistente ataque al nuevo proyecto de reciente aprobación, actualmente en proceso de revisión constitucional, haciendo uso habilidoso de nuevas demandas sin justificación jurídica valedera.
Dentro de esta confrontación política y jurídica, la participación de otras organizaciones de cierto peso nacional e internacional, constituidas principalmente por ONG de extrema izquierda radical, de clara posición antimilitarista, tales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos relatores de las Naciones Unidas, Colectivos de Abogados y otras asociaciones de carácter similar, han impulsado en distintos ámbitos, diferentes procesos de carácter penal, la mayor parte de estos adelantados en forma irregular, contra las Fuerzas Armadas de la nación.
A nivel regional, como ya se dijo, lo acontecido en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Guatemala y el Salvador, constituyen hechos evidentes que muestran la forma exitosa como han conducido esta guerra silenciosa contra los estamentos armados de estos países. En Brasil, y en Ecuador, no obstante los continuos intentos para lograr este mismo cometido, no han podido hasta el momento coronar con éxito las intenciones que han tenido en tal sentido. La firme posición de sus mandos institucionales al interior de las respectivas fuerzas armadas, han impedido esta peligrosa intromisión.
Las teorías represivas habitualmente aplicadas para este propósito, han establecido como estrategia principal, dos conceptos fundamentales para lograr su cometido:
– Determinación de aparatos organizados de poder, máximos responsables, priorización de los diferentes procesos y búsqueda de unidad de contexto, tratando de demostrar supuestas políticas de estado o de carácter institucional, en ciertos hechos punibles para calificarlos como crímenes de lesa humanidad y evitar así, su eventual prescripción.
– Utilización de falsas pruebas, falsos testigos, campañas mediáticas de desprestigio y otras formas de engaño y distorsión de la realidad jurídica.
Frente a esta gravísima amenaza, se considera urgente y prioritario establecer una estrategia gubernamental adecuada, que permita contrarrestar este tipo de agresión y minimizar sus nocivos efectos, tanto en la moral de la Fuerza Pública, como en todo lo concerniente a la seguridad y defensa nacional.
Para este propósito, lo más aconsejable seria utilizar las mismas armas de la extrema izquierda radical, contra quienes se identifiquen como agentes responsables del planeamiento y ejecución de todo tipo de acciones de carácter ilegal contra miembros de la Fuerza Pública. En otros términos, conformar un importante equipo de juristas, periodistas y asesores especiales, dedicados exclusivamente a investigar, denunciar y entablar continuas demandas de carácter penal contra los responsables del uso de falsos testigos, falsas pruebas y otras argucias de carácter procesal. Esta es la forma de contraatacar la guerra jurídica y política que estamos enfrentando. Por ahora no se ve otra alternativa diferente.
