Preocupantes reparos tanto de la reserva activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, como del sector empresarial colombiano, al cuestionado proceso de negociaciones que se adelanta en La Habana.
En reciente pronunciamiento del Consejo Gremial Nacional al Jefe del Estado, se anuncia su respaldo a este proceso, pero se fijan también serios reparos por la forma como se están negociando algunos temas de gran valor estratégico sobre la institucionalidad democrática del país.
Desde la reserva activa de la fuerza pública, dada su experiencia en materia de seguridad y defensa nacional, y también en lo relacionado con su participación directa en estos últimos años de conflicto armado que ha experimentado el país, se ha insistido en aportar juiciosas y constructivas recomendaciones, a fin de evitar la comisión de gravísimos errores del pasado y poder facilitar de alguna manera, un cierre definitivo y apropiado de este proceso, dentro de las muchas expectativas que tiene la gran mayoría de los colombianos.
Estas juiciosas y constructivas recomendaciones se han dado a conocer permanentemente en forma pública y privada, señalando de manera pormenorizada las principales dudas y preocupaciones frente al actual proceso de negociación del conflicto armado con las FARC.
Cabe destacar, que estas asociaciones de la reserva activa, bajo ninguna circunstancia son enemigas de la paz, ni tampoco conforman grupos políticos de oposición como se les ha querido señalar mal intencionalmente. Sus comentarios y opiniones a este respecto, siempre han sido de carácter eminentemente institucional y solo constituyen un aporte más de quienes han sido testigos de excepción de pretendidos acuerdos de paz que terminaron en rotundos fracasos, particularmente con este grupo armado ilegal.
Todos estos planteamientos, han sido enmarcados dentro de la libertad de opinión que otorga el ordenamiento constitucional, jurídico y democrático que rige en el país, y están basados principalmente en el gran respeto y admiración que se prodiga siempre a las propias instituciones, y particularmente, a quienes en el momento actual portan el mismo uniforme, que también lucieron en defensa y seguridad de la patria.
Esta sana y verdadera intención, tal como ya se dijo, es la de evitar la comisión de los mismos errores del pasado. El país no puede equivocarse tantas veces en este tipo de negociaciones.
No se trata de información tendenciosa, ni mucho menos manipulación o alarmismo injustificado para atemorizar o confundir a la gente respecto a esta cuestionada negociación para buscar su eventual rechazo. La ambigüedad de lo que se dice y como se dice y los frecuentes mensajes con contenidos muy cuestionables, son los que generan esta preocupante situación.
Es importante destacar, que todo esto que tienen relación con el espinoso proceso de negociaciones que se adelanta, ha sido y siguen siendo, amplia y permanentemente debatido en la Mesa de Trabajo de carácter permanente que representa al Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Todas estas asociaciones coinciden plenamente con las mismas dudas y preocupaciones que han surgido hasta el momento. Estas serían las principales:
El exceso de concesiones en este proceso, sin duda alguna, sigue constituyendo una muestra de debilidad que desfavorece al Estado, y proporciona grandes ventajas a esta organización terrorista.
Es preocupante no poder conocer claramente en este momento, que tanto se ha venido entregando a cambio de las muchas pretensiones que públicamente y en forma constante, viene exigiendo este grupo armado ilegal.
También son preocupantes las dudas que se generan respecto a la falta de credibilidad y compromiso de esta organización, sobre la cual no existe, ni puede existir ningún tipo de garantía en relación con el cumplimiento de lo que ya se haya pactado en esta negociación.
Entre otras dudas y preocupaciones, distintas a las que se ya se han formulado a raíz de la publicación de los preacuerdos ya realizados sobre el tema agrario, político, drogas ilícitas y salvedades por resolver, estas serían otras igualmente preocupantes:
1. La dejación y no entrega de las armas. En esto hay que insistir. Si no hay entrega formal de la totalidad de las armas con que cuentan, no habrá garantía alguna para asegurar la no repetición, tal como lo establece el marco jurídico para la paz en nuestra Constitución Nacional. Si en un momento dado, llegaron a tener cerca de 20.000 o 26.000 hombres en armas, ese es el armamento equivalente o correspondiente que deben entregar al acordarse su desmovilización.
2. La creación de zonas de reserva campesina (ZRC)con autonomía especial y su eventual coincidencia con sus viejas áreas de influencia, donde tradicionalmente han ejercido su acción delictiva, especialmente en lo relacionado con cultivos de coca, marihuana o amapola, laboratorios de procesamiento y otras actividades de explotación minera ilegal. (oro-tungsteno-otros).La actual ZRC del Catatumbo, es un ejemplo diciente y preocupante.
3. La sostenibilidad de un cese al fuego no pactado, sin previa desmovilización, entrega de armas, firma de acuerdos y refrendación popular, bajo el concepto de “desescalamiento” del conflicto, no constituye ninguna garantía. Por el contrario, tal determinación le ha otorgado grandes ventajas, permitiendo su reorganización y reestructuración de todo su aparato delictivo en lo concerniente a sus distintas fuentes de ingreso de carácter ilegal, en todo el territorio nacional.
4. Los excesivos beneficios políticos y jurídicos que se han venido anunciando en esta última etapa del proceso de negociación y que podrían ser otorgados fácilmente sin refrendación popular, a través de una aparente constituyente, mediante acto legislativo especial y ley habilitante temporal al Ejecutivo. Esta excesiva generosidad, como resultante de una especie de capitulación, genera al futuro, grandes riesgos y amenazas contra la institucionalidad democrática del país.
5. La acción política intimidatoria que han venido desarrollando en algunas zonas del país, portando las armas con que cuentan, en alianza con sus distintas organizaciones urbanas y rurales de las llamadas milicias bolivarianas, partido comunista clandestino (PC3) y otros grupos políticos de izquierda radical que les son afines.
6. La reestructuración tanto de las FF.MM como de la Policía Nacional, bajo el concepto, ya anunciado por el gobierno, de una necesaria actualización, modernización y tecnificación”, lo cual supone, como es obvio, grandes cambios en cuanto a funciones, doctrina, organización y pie de fuerza. Por otra parte, la suspensión o modificación del servicio militar obligatorio, la no exigencia de la libreta militar como requisito para consecución de empleo, junto con la suspensión de cuotas para incorporación de soldados profesionales, en remplazo de los que han sido licenciados por derecho a pensión, afecta necesariamente el pie de fuerza requerido en forma significativa. Todo lo anterior podría agravarse aún más, en caso que se persista en la creación del llamado Ministerio de Seguridad Ciudadana, el cual ya ha sido objeto de rechazo por parte de la misma Policía Nacional, como también de muchos sectores ciudadanos. La Policía Nacional debe mantenerse en el Ministerio de Defensa, trabajando en equipo con las FF.MM en misiones de seguridad y defensa nacional.
7. La reinserción de los desmovilizados, en cuanto a la eventual creación de organizaciones o entidades oficiales de cualquier tipo, que los mantenga en forma concentrada y con la participación o presencia de quienes hayan sido sus respectivos cuadros de mando o cabecillas. De ser así, constituiría un gran riesgo, por cuanto técnicamente no se realizaría ningún tipo de desmovilización. Sería un simple cambio de etiqueta.
8. La conformación acordada en la mesa de negociaciones, en relación con la futura Comisión de la Verdad, primer paso para aplicar los mecanismos de justicia transicional que sean pactados de manera definitiva, por su carácter sesgado, tal como ya ha sido denunciado, no constituye plena garantía para los intereses del país, de sus fuerzas armadas y su estado de derecho.
Para terminar, y por ser coincidentes con lo que aquí se expresa, vale la pena destacar el reciente pronunciamiento hecho por el Consejo Gremial Nacional al Jefe del Estado, en el cual anuncia su respaldo a este proceso, pero fija claramente su posición frente a las serias dudas y preocupaciones que están surgiendo dentro de las negociaciones. De este importante comunicado, extractamos los siguientes apartes:
ü La paz, según la Constitución Nacional, debe entenderse como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
ü Esta negociación debe transcurrir dentro de la Constitución, y no por fuera de sus preceptos.
ü Los acuerdos que sean alcanzados, según compromiso adquirido, deben contar obligatoriamente con la refrendación ciudadana.
ü Se requiere una mayor precisión sobre puntos no conocidos en relación con la anunciada Jurisdicción Especial para la Paz.
ü Lo pactado en materia de Desarrollo Rural Integral, debe ser consistente y consecuente con el respeto a la propiedad privada, la garantía de la seguridad jurídica y la economía de mercado.
ü El acuerdo sobre la reparación de víctimas, debe asegurar que las FARC asuman su cuota de responsabilidad, tanto moral como económicamente.
ü La Comisión de la Verdad que sea creada como resultante de este proceso, debe enmarcarse dentro del estado de derecho y las instituciones democráticas y republicanas propias de nuestra nacionalidad
ü De acuerdo con los postulados del estado de derecho, las responsabilidades por crímenes relacionados con el conflicto armado, serán de tipo personal o individual, y no de grupo.
Al cierre de este proceso, debe garantizarse que la dejación de armas, constituya una entrega total y verificable. Igualmente el cese real y efectivo de toda actividad criminal, como también la entrega de bienes y recursos asociados con hechos delictivos.
En representación del sector empresarial del país, firmaron un total de veinte importantes asociaciones de carácter gremial.
Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera
Presidente Nacional de ACORE
