En coordinación con el Comando Estratégico de Transición y con la participación del Centro Nacional de Memoria Histórica y las Organizaciones Internacionales de Migración USAID y OIM, ACORE acaba de constituir un grupo de trabajo con el propósito de colaborar en la tarea que se viene realizando en la preparación y construcción de la memoria histórica del conflicto armado que el país ha enfrentado en los últimos cincuenta años.
Con esta finalidad, ACORE fijo como punto inicial de este debate, tratar lo concerniente al contenido del polémico documento “Basta Ya”, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual ha sido ampliamente cuestionado por nuestra Asociación, y muchos sectores de la sociedad civil colombiana, al señalar a las Fuerzas Armadas como principal responsable de los excesos cometidos como consecuencia de la confrontación armada.
Posteriormente se discutió un programa de encuentro y foros regionales que se quiere desarrollar con la participación de miembros de la reserva activa de la fuerza pública en guarniciones militares, para conversar e indagar sobre el esclarecimiento histórico de la verdad, tema central de este proyecto.
En cuanto a la posición asumida por ACORE sobre el informe “Basta Ya”, se dio lectura al siguiente documento:
Posición de ACORE respecto al documento publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El Centro Nacional de Memoria Histórica que es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento para la Prosperidad (DPE), acaba de publicar un documento titulado ¡BASTA YA!, elaborado por un grupo de abogados, sociólogos, politólogos, un comunicador social, un sacerdote jesuita, una trabajadora social, una antropóloga, un economista y curiosamente, una única historiadora, perteneciente a una universidad argentina.
Este extenso documento, con más de 400 páginas, consulta en forma selectiva algunas fuentes y recoge varios testimonios sobre la realidad histórica de la violencia armada sufrida por el país en los últimos sesenta años. En seis capítulos, desarrolla diversos temas relacionados con las dimensiones y realidades de la guerra, sus motivos y transformaciones, la justicia, los daños y los impactos sobre las víctimas, las memorias de los sobrevivientes y termina con ocho páginas de recomendaciones sobre derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación, garantías de no repetición y cómo debe construirse la paz.
Dada la importancia y el valor que se le ha dado a este documento, se requiere una urgente y juiciosa revisión de carácter institucional, sobre ciertos hechos relacionados con los 21 casos emblemáticos que se han tomado como referencia y sobre los cuales, utilizando habilidosamente algunos de estos, se ha querido cuestionar nuestra responsabilidad como gestores directos de una buena parte de la violencia armada que ha afectado a este país en los últimos sesenta años. Con estas afirmaciones, lo que se pretende es sustentar y aprobar lo que la extrema izquierda radical (ONG nacionales y extranjeras), ha venido denunciando constantemente como ‘terrorismo de Estado’. O sea, distorsionando lo concerniente a las herramientas legales y constitucionales que utiliza el Estado a través de su Fuerza Pública, particularmente el Ejército, para reprimir las organizaciones terroristas que actúan en nuestro territorio.
Las fuentes consultadas por los autores del documento (unos cuantos de reconocida tendencia izquierdista), son bastante excluyentes. Aparentemente, se utilizaron muchas falsas victimas que fueron entrevistadas en zonas tradicionalmente afectas a los terroristas y también algunas otras organizaciones de reconocida posición antimilitarista, como es el caso del CINEP. Esto le resta autenticidad y por consiguiente credibilidad.
No se tuvo en cuenta otras fuentes que pudieran aportar otra visión diferente del conflicto armado. Por ejemplo, nuestras propias Fuerzas Militares, las cuales han sido parte importante dentro de este conflicto. Nuestros archivos, nuestras experiencias, nuestras publicaciones e infinidad de estudios realizados a través de los años sobre este particular, son, sin duda alguna, de gran valor histórico. Todo esto fue inexplicablemente desconocido. En otros términos, no es otra cosa que un documento sesgado y evidentemente politizado que no puede ser utilizado como texto obligatorio para la enseñanza en los distintos centros educativos del país, tal como lo anunció el Gobierno Nacional. ¡No podemos aceptar una historia tendenciosamente mal contada!
Algunas de las fuentes consultadas no son suficientemente creíbles. Revisar estos hechos es absolutamente indispensable. Ciertas sutilezas, opiniones o desfiguración descuidada o mal intencionada de la realidad, alteran peligrosamente la verdad verdadera, la verdad histórica que es la que estamos obligados a conocer.
Por otra parte, sus efectos pueden tener graves repercusiones en nuestras instituciones armadas. Corresponde esto a una ¿verdad judicial o a una verdad histórica? ¿Qué es lo que en el fondo se pretende?
Ya se propone que el Estado, y por supuesto nuestras Fuerzas Militares deben ser las primeras en pedir perdón por esta tragedia y todos los ‘atropellos’ cometidos en estos sesenta años de violencia armada.
Es decir,… ¡somos unos grandes criminales que hemos conformando una peligrosísima institución: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA!
En estas condiciones, es de esperar que los terroristas procedan a justificar, como ya lo vienen haciendo, que su lucha armada corresponda a “una justa y obligante respuesta frente a una agresión de que han sido víctimas a través de un constante y sistemático terrorismo de Estado”. Son víctimas, no victimarios.
El Partido Comunista Colombiano (PCC) y sus diversas corrientes políticas que ha utilizado o en las cuales se ha transformado, no es objeto de ningún tipo de cuestionamiento. Su protagonismo en diferentes hechos de violencia ha sido inexplicablemente desconocido. A diferencia del Estado, ha quedado totalmente exonerado.
En estas circunstancias, debemos estar preparados desde ya, para responder prontamente ante las nuevas “Comisiones de la verdad” que serán creadas con nuestros detractores y que han sido acordadas en el Marco Jurídico para la Paz, si hay un eventual acuerdo para la terminación del conflicto armado con la organización terrorista Farc.
De todos es bien sabido, que en caso de sucederse, no habrá desmovilización total de estos terroristas. Los que no lo hagan, se constituirán en grupos armados ilegales que obviamente continuaran con el lucrativo negocio del narcotráfico, contando a su vez con la gran ventaja que les proporcionara la reducción de las Fuerzas Militares, tal como lo propone este preocupante estudio, ya que en uno de su apartes recomienda categóricamente que “al dar tránsito de una situación de guerra a una de paz, los presupuestos mayoritarios deberán ir a educación y salud, y no para seguridad y defensa”.
¿En qué quedamos ¡por Dios!? ………Este estudio no parece haber sido, ni contratado, ni aprobado y mucho menos difundido con tanto estruendo publicitario por el Gobierno Nacional… ¡parece obra del enemigo! Esta obra es una victoria más que se da en esta guerra política que preocupantemente viene perdiendo el Estado colombiano, y en especial nuestras Fuerzas Militares, ante la desidia e indiferencia de todos.
Brigadier General JAIME RUÍZ BARRERA (RA)
Presidente Nacional de ACORE
Febrero de 2016
El grupo de trabajo constituido por ACORE para participar en la tarea programada, quedo conformado por los siguientes Oficiales de la Reserva Activa:
General (RA) Miguel Antonio Gómez Padilla, Mayor General (RA) Jairo Duvan Pineda Niño, Mayor General (RA) José Roberto Ibáñez Sánchez, Mayor General (RA) Luis Hernando Barbosa Hernández, Mayor General (RA) Luis Herlindo Mendieta Ovalle, Mayor General (RA) Ricardo Rubianogroot Román, Mayor General (RA) Víctor Julio Álvarez Vargas, Vicealmirante (RA)José Ignacio Rozo Carvajal, Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordoñez Rubio, Brigadier General (RA) Adolfo Clavijo Ardila, Brigadier General (RA) Carlos Vargas Forero, Brigadier General (RA)José Alirio Alvarado Hernández, Brigadier General (RA) José Arturo Camelo Piñeros, Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes Torres, Brigadier General (RA) Rodrigo Quiñones Cárdenas, Coronel (RA) Gentil Almario Vieda, Coronel (RA) Héctor Manuel Aguas Hurtado, Coronel (RA) Jorge Iván Calderón Quintero, Coronel(RA) José John Marulanda Marín, Coronel (RA) José Obdulio Espejo Muñoz, Coronel (RA) José Ricardo Plazas Vega, Coronel (RA) Luis Alberto Villamarín Pulido, Coronel (RA) Manuel José Santos Pico, Capitán de Fragata (RA) Gabriel Ángel Conde Romero, Mayor (RA) Ramiro Zambrano Cárdenas, Capitán (RA)César Augusto Castaño Rubiano y Teniente (RA) Elkin Herrera
