Por: María Fernanda Cabal
Torcer la verdad es muy fácil y esa es precisamente la fórmula aplicada en Colombia, como estrategia sistemática de desprestigio para debilitar su soberanía y poner en jaque a sus gobiernos.
Un ejemplo de ello son los resultados de la investigación desplegada por la Comisión de Excelencia Militar, que concluyeron que «Todas las órdenes, manuales y documentos operacionales de la Fuerza Pública ( … ) se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario».
Así reza el documento emitido por los juristas Alfonso Gómez Méndez, Hernando Yepes, Felipe Ortegón Pulido y Mauricio González, quienes por orden del Presidente lván Duque, conformaron dicha comisión y estudiaron las normas que regulan las operaciones de combate, la evaluación de resultados, y los incentivos y beneficios del Ejército Nacional.
Por lo tanto, es claro que no les prosperó la fórmula que inició con el periodista Nicholas Casey en el New York Times, a quien denuncié públicamente en mayo pasado por las acusaciones temerarias y sin fundamento, publicadas en su nota ‘Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales».
Luego vino el ataque de José Miguel Vivanco desde Human Rights Watch, quien en un evidente cumplimiento de la agenda ideológica establecida por los grupos de izquierda, lanzó afirmaciones delicadas en contra del jefe del Ejército Nacional, basado exclusivamente en la nota de prensa.
«Las pruebas están, incluso más. El periodista del New York Times las acaba de colocar online, en la página web. Los documentos son muy graves ( … ) les piden duplicar el número de bajas y de capturas, un número específico a cada uno de los generales en lo que va del año 2019» dijo Vivanco en su momento.
La infamia pasó a The Associated Press -AP- y luego a El País de España, que revictimizó a tres hombres que hace unos años sufrieron su propio calvario al ser detenidos injustamente durante más de ocho años por la muerte de tres indígenas de La Guajira, en su artículo macabramente titulado: «El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles».
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Fueron informes tendenciosos donde eliminaron la información veraz entregada por las fuentes, para dejar espacio a suposiciones y generar ruido alrededor de las operaciones militares.
Todos con el mismo objetivo y utilizando la misma artimaña que han empleado en otros países – como Guatemala-, donde la ilegalidad ha ganado territorio en la batalla por el poder.
La comisión señala, además, que luego de analizar «los contenidos polémicos del ’Formato de planeamiento de objetivos 2019’ y de las ‘Cincuenta órdenes de comando del Ejército 2019’ no promueven ‘per se’ la ocurrencia de falsos positivos».
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El documento, que claramente indica que «tales instructivos no autorizan, prohíjan, permiten, sugieren ni inducen a conductas criminales constitutivas de homicidio de civiles presentados como muertos en combate» desvirtúa completamente la tesis que intentaron vender a los colombianos, con ayuda de medios extranjeros y organismos internacionales, enlodando la honorabilidad de los héroes de nuestra patria.
Lo reitero y sostengo mi afirmación: «Estamos frente a una estrategia cuyo principal objetivo es la destrucción del Ejército de Colombia». Una misión emprendida y planeada desde el Foro de Sao Paulo que, en un esfuerzo coordinado de la izquierda internacional, seguirá buscando el camino al poder maniatando las instituciones para facilitar el actuar de grupos subversivos en completa impunidad.
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