Por: Andrés Otero Leongómez
A raíz de la crisis suscitada en las Fuerzas Armadas por el supuesto espionaje de periodistas, abogados, políticos de oposición y miembros del mismo gobierno, se ha logrado desprestigiar y generar un manto de duda sobre la labor de inteligencia estatal – militar y civil, como si esta fuese ilegal en toda democracia. Me sorprende aún más, cómo el Gobierno y la nueva cúpula militar no logran articular su doctrina de inteligencia y exponer la justificación legal y política para defender su gestión.
Necesitamos ahora más que nunca un aparato de inteligencia con capacidad de recoger información entendiendo los límites legales y constitucionales, los avances tecnológicos y el entorno de riesgo al que nos enfrentamos. La amenaza es cambiante y la inteligencia debe ser dinámica. Si las autoridades consideran que un periodista nacional o extranjero, líder social, opositor político, miembro de una misión diplomática o cualquier otra persona representa un riesgo o amenaza para la sociedad, debe tener la justificación para respaldar su accionar y ejercer un control político previo para evitar una extralimitación en sus funciones.
En un estado de polarización y desinformación como el que vivimos es necesario tener un sistema de inteligencia capaz de diferenciar entre lo real y lo falso, determinar quiénes representan una verdadera amenaza para el Estado, y producir información independiente y oportuna que permita a las autoridades tomar decisiones con el fin de garantizar la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Es indispensable mantener protocolos estrictos de legalidad, seguridad de la información y confidencialidad para asegurar que a ningún ciudadano se le vulneren sus derechos.
Soy abogado y llevo poco más de 20 años trabajando en investigación e inteligencia corporativa. El perfilamiento es lo que llamamos en el mundo corporativo ‘debida diligencia reputacional’ y se practica sobre cualquier persona que represente un riesgo. No es una prerrogativa, es una obligación y su sustento legal nace de la normativa para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Existen diferentes niveles de perfilamiento y se practican comunmente sobre empresarios, personajes políticamente expuestos o PEP’s, vendedores de predios rurales o urbanos, candidatos a cargos de dirección, proveedores, contratistas y cualquier persona u organización con la que se pretenda establecer una relación de negocios.
Es indispensable entender quién es la contraparte: cuáles son sus antecedentes legales y judiciales; su condición económica o estilo de vida; su reputación personal o profesional; su afinidad política o ideológica; sus asociaciones de negocios o vínculos con terceros; sus opiniones en medios o redes sociales; y en general, si ha cometido actos fuera de la ley o existen banderas rojas que puedan representar un riesgo.
Los riesgos actuales nos presentan -al igual que a todas las naciones del planeta- un constante dilema entre privacidad y seguridad. Un sistema de empadronamiento implica sin duda alguna, límites a ciertos derechos civiles. Pero si queremos limitar el accionar de los delincuentes, es necesario fortalecer nuestra capacidad de inteligencia y aplicar el viejo refrán: el que nada debe, nada teme.
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