El principal reto del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, no será demostrar capacidad de uso de la fuerza, sino construir una estrategia en la que justicia, política criminal y seguridad operen de manera coordinada, sin debilitar las instituciones democráticas que le dan legitimidad.
Tomado de: https://ideaspaz.org/publicaciones/opinion/2026-06/presidente-de-la-espriella-el-reto-de-gobernar-la-seguridad-sin-salir-de-la-democracia
La elección presidencial terminó y Colombia tendrá como próximo presidente a Abelardo De la Espriella. El resultado deja una lección evidente. Colombia llega a esta nueva etapa con una sociedad políticamente dividida. La estrecha diferencia entre los dos candidatos refleja visiones distintas sobre la seguridad, el desarrollo y el papel del Estado que movilizaron millones de ciudadanos. El nuevo gobierno no solo deberá responder a esas demandas, sino construir consensos mínimos para enfrentar algunos de los desafíos centrales del país.
El próximo presidente recibirá un país con grupos criminales con más de 27 mil hombres (entre hombres en armas y redes de apoyo) y que están presentes en 627 municipios y que siguen creciendo, economías ilícitas cada vez más diversificadas, por lo menos 14 zonas de disputa entre actores armados que han generar tres veces más impacto humanitario que en 2024 y niveles históricamente altos de cultivos de coca, llegando a 253 mil hectáreas de coca y un aumento del 53% en producción potencial de cocaína. Más preocupante aún, la violencia organizada actual ya no responde, como se ha dicho insistentemente, a lógicas insurgentes o ideológicas. Se trata de estructuras criminales flexibles, con capacidad para adaptarse, controlar territorios, regular economías locales con conexiones trasnacionales profundas y construir formas de gobernanza criminal que compiten con el Estado.
La seguridad volvió al centro del debate
En ese contexto, la principal virtud de la propuesta de Abelardo De la Espriella es reconocer que la expansión criminal no puede seguir siendo normalizada. Su diagnóstico parte de una preocupación legítima por la pérdida de autoridad estatal, el fortalecimiento de las organizaciones criminales y la necesidad de recuperar el control territorial. La seguridad volvió a ocupar un lugar central entre las preocupaciones ciudadanas y sería irresponsable ignorarlo. La sensación de abandono que existe en amplias regiones del país requiere respuestas contundentes y un Estado capaz de proteger efectivamente a las comunidades.
Sin embargo, gobernar es mucho más difícil que hacer campaña. Y precisamente ahí aparecen las preguntas que el nuevo gobierno deberá responder con claridad. Varias de las propuestas planteadas durante la contienda descansan sobre una lógica de excepcionalidad, velocidad y ofensiva permanente. La experiencia internacional demuestra que las políticas de seguridad más exitosas no son necesariamente las más estridentes, sino las que logran combinar firmeza, legitimidad y sostenibilidad institucional. La pregunta no es si el Estado debe actuar con contundencia frente al crimen organizado. La pregunta es cómo hacerlo sin debilitar los controles democráticos, las garantías constitucionales y los derechos que precisamente busca proteger.
Ese debate será particularmente importante en asuntos como la fumigación aérea, la expansión del sistema penitenciario, los plazos extremadamente ambiciosos para recuperar territorios o las propuestas de choque contra el narcotráfico. La propia evidencia revisada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) muestra que muchas de estas herramientas enfrentan restricciones judiciales, operativas, fiscales y sociales que no pueden resolverse únicamente con voluntad política. La erradicación masiva, por ejemplo, difícilmente será sostenible si no está acompañada por transformaciones territoriales, alternativas económicas, control de otras economías ilegales y una estrategia seria para afectar las finanzas criminales.
Tampoco bastará con recuperar temporalmente el control de algunos territorios. El gran desafío será evitar que la historia se repita. Durante décadas, Colombia ha logrado éxitos operacionales importantes que luego fueron seguidos por reacomodos criminales, fragmentación de estructuras ilegales o desplazamientos geográficos de las economías ilícitas. La seguridad sostenible requiere algo más complejo que operaciones exitosas. Requiere presencia institucional permanente, justicia efectiva, inteligencia financiera, coordinación entre seguridad y desarrollo, y una estrategia diferenciada para territorios profundamente distintos entre sí.
Más allá de las operaciones militares
Ahora bien, durante buena parte de las últimas décadas, la ecuación de seguridad en Colombia se construyó bajo una lógica contrainsurgente. La prioridad era fortalecer las capacidades militares para enfrentar organizaciones armadas que buscaban disputar el poder político del Estado, mientras la justicia y la política cumplían un papel complementario. Sin embargo, el país que recibe Abelardo De la Espriella es distinto. La principal amenaza ya no proviene de grandes ejércitos revolucionarios o contrarrevolucionarios, sino de organizaciones criminales cuyo objetivo fundamental es capturar rentas ilegales, controlar territorios y ejercer formas de gobernanza criminal. Frente a este desafío, la ecuación debe invertirse. La primera línea de respuesta debe ser una justicia más rápida, eficaz y especializada, capaz de perseguir estructuras, finanzas y redes criminales; una política pública que coordine la acción estatal y recupere la gobernabilidad territorial; y unas Fuerzas Militares y de Policía que respalden esa estrategia con capacidades de contención, protección y control. No se trata de debilitar la fuerza, sino de ubicarla dentro de una estrategia más amplia y coherente con la naturaleza actual del problema.
Esa transformación exige además un marco jurídico actualizado. Resulta paradójico que Colombia enfrente la mayor complejidad criminal de las últimas décadas con herramientas legales diseñadas para un contexto diferente. La Ley de Orden Público, que perderá vigencia en noviembre de este año si no es renovada o reformada, debería convertirse en una de las primeras prioridades legislativas del nuevo gobierno. No solamente porque regula los instrumentos para eventuales procesos de diálogo o sometimiento, sino porque puede convertirse en la oportunidad para definir con mayor claridad jurídica cómo enfrentar organizaciones criminales que no encajan plenamente en las categorías tradicionales de conflicto armado ni en las del crimen común. Dar seguridad jurídica a la Fuerza Pública, a la justicia, a las autoridades territoriales y a las comunidades será tan importante como cualquier operación militar.
Autoridad democrática para enfrentar el crimen
Quizás la discusión más importante de los próximos años será la relación entre autoridad y democracia. Colombia necesita recuperar control territorial, proteger a las comunidades y debilitar a las organizaciones criminales. Pero también necesita preservar el Estado de derecho. La Constitución no es un obstáculo para la seguridad; es la condición que la hace legítima y sostenible. Las instituciones de control, los jueces, los derechos fundamentales y los mecanismos de rendición de cuentas no son concesiones frente al crimen. Son precisamente aquello que diferencia la autoridad democrática del autoritarismo.
El presidente De la Espriella llega a la Casa de Nariño con un mandato claro para enfrentar la inseguridad, pero también con la responsabilidad de construir una política que produzca resultados sostenibles y fortalezca la democracia. Desde la Fundación Ideas para la Paz hemos insistido en que el desafío no es hacer más, sino hacer mejor, de manera articulada y estratégica. Por eso ponemos a disposición del nuevo gobierno una Hoja de Ruta orientada a proteger a la población civil, contener el crecimiento de los grupos armados y las organizaciones criminales, recuperar el control institucional de los territorios y fortalecer de manera coordinada las capacidades de la Fuerza Pública, la justicia y las autoridades civiles. El reto de los próximos años no será únicamente recuperar la seguridad. Será construir un Estado capaz de sostenerla en el tiempo.
Por eso, más allá de las diferencias políticas, el nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica. Puede liderar una política de seguridad capaz de combinar firmeza con legalidad, autoridad con legitimidad y resultados con respeto por las instituciones. El país necesita recuperar el control de los territorios. Pero también necesita recuperar la confianza entre ciudadanos y el Estado. Ese será el verdadero examen de un gobierno que llega con un mandato claro para enfrentar la inseguridad, pero también con la responsabilidad de demostrar que es posible hacerlo sin renunciar a los principios democráticos que sostienen la República.
