La hoja de ruta de la seguridad: la apuesta de un grupo de exgenerales, exmagistrados y expertos para recuperar el control del territorio
Documento expone que el crimen organizado ya no puede enfrentarse desde una sola institución, sino con una estrategia de Estado que ataque la cadena.
Tomado de: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/la-hoja-de-ruta-de-la-seguridad-la-apuesta-de-un-grupo-de-exgenerales-exmagistrados-y-expertos-para-recuperar-el-control-del-territorio-3575179
Más de 25 generales retirados, militares, policías, exmagistrados, exministros de Justicia, senadores y especialistas en seguridad participaron durante más de un año en la elaboración de una propuesta que pretende convertirse en una política pública de largo plazo. El documento, denominado Colombia: Estrategia Integral de Seguridad, parte de un diagnóstico contundente: el país enfrenta una violencia criminal sistémica que ya no responde a motivaciones ideológicas, sino económicas y fue eleborado en una serie de reuniones que se realizaron en la sede de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore).
Esa tesis marca una diferencia frente a otros enfoques. Para el Grupo de Revisión Estratégica Institucional (GREI), las organizaciones armadas dejaron de perseguir objetivos políticos y evolucionaron hacia estructuras transnacionales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el lavado de activos y otras economías criminales. Bajo esa lógica, sostienen, el objetivo ya no es conquistar el poder, sino controlar territorios, rentas públicas y corredores estratégicos que les permitan expandir sus negocios ilícitos.
El diagnóstico describe un fenómeno que denomina “gobernanza criminal”. Según el documento, en distintas regiones del país las organizaciones ilegales han terminado asumiendo funciones que corresponden al Estado: cobran impuestos ilegales, median conflictos, condicionan procesos electorales, controlan organizaciones comunitarias y regulan buena parte de la actividad económica. Para los autores, cuando la institucionalidad pierde capacidad de respuesta y legitimidad, el vacío termina siendo ocupado por estos grupos, que consolidan su poder mediante la coerción y la dependencia económica.
La propuesta también sostiene que esa expansión criminal ha coincidido con un debilitamiento de la Fuerza Pública. El informe asegura que desde 2015 se han reducido más de 100.000 efectivos entre Fuerzas Militares y Policía, situación que, según sus autores, se suma a restricciones presupuestales, pérdida de capacidades de inteligencia e inseguridad jurídica para quienes participan en operaciones militares y policiales.
Como evidencia del escenario actual, el documento estima que en Colombia operan 27.514 integrantes de grupos armados ilegales, distribuidos en 518 municipios, mientras otros 272 municipios permanecen bajo alertas tempranas, para un total de 790 territorios con presencia o riesgo de expansión de estas organizaciones. Entre las estructuras con mayor influencia aparecen el ‘clan del Golfo’, el Eln y las diferentes disidencias de las antiguas Farc, cuya expansión territorial, según el informe, continúa en crecimiento.
Frente a ese panorama, el GREI plantea una estrategia basada en cinco pilares que, insiste, deben ejecutarse de manera simultánea. El primero busca fortalecer la seguridad y la defensa nacional mediante una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno. Allí propone crear un Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, blindar las alianzas internacionales de inteligencia, profesionalizar la designación de comandantes militares y recuperar capacidades en inteligencia, ciberseguridad y analítica de datos.
En materia operativa, el documento plantea recuperar el control territorial con campañas focalizadas contra objetivos considerados de alto valor. La propuesta incluye operaciones simultáneas en corredores estratégicos para evitar el denominado “efecto globo”, la creación de centros regionales de coordinación entre Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía y autoridades locales, además de un modelo de intervención por niveles de riesgo que clasifique los territorios en zonas rojas, amarillas y verdes según el grado de presencia criminal. También propone fortalecer los Carabineros, activar reservas entrenadas, recuperar la articulación con la Otán y desarrollar planes integrales de estabilización territorial.
El segundo eje de la estrategia apunta directamente al sistema judicial, por lo que los autores consideran que una Fuerza Pública eficaz pierde impacto cuando las capturas no se traducen en condenas o cuando el proceso penal concentra esfuerzos en delitos menores. Por ello plantean reformar el Sistema Penal Acusatorio, crear tribunales de flagrancia, jueces especializados en macrocriminalidad, digitalizar completamente la justicia y revisar figuras como la reincidencia y el principio de oportunidad para delitos relacionados con organizaciones criminales.
Otro de los frentes se concentra en golpear las finanzas ilegales. La estrategia parte de una premisa reiterada a lo largo del documento: mientras las economías criminales sigan produciendo enormes rentas, las organizaciones ilegales conservarán su capacidad de expansión. Por eso propone acelerar la identificación, extinción de dominio y administración de activos ilícitos, con el propósito de convertir esos recursos en una fuente de financiación para fortalecer las capacidades del Estado.
El informe tampoco deja por fuera el sistema penitenciario. Sus autores sostienen que las cárceles continúan funcionando como centros de operación para estructuras criminales y plantean transformarlas en espacios orientados a la resocialización. Entre las medidas aparecen trabajo obligatorio remunerado, programas educativos, seguimiento posterior a la libertad, monitoreo electrónico, clasificación criminológica permanente y una mayor participación del sector privado y de organizaciones sociales en los procesos de reintegración.
Quizá la propuesta más ambiciosa sea el denominado Modelo de Recuperación Territorial Diferenciado (MRTd). A diferencia de los planes nacionales uniformes, esta metodología plantea que cada territorio sea intervenido según sus condiciones específicas de seguridad, desarrollo económico, infraestructura, institucionalidad y gobernabilidad. El documento insiste en que el objetivo no consiste únicamente en recuperar territorios para el Estado, sino en “construir Estado con las comunidades”, involucrando a la población en la definición de prioridades y evaluando de manera permanente indicadores de seguridad, desarrollo, confianza institucional y presencia estatal.
La propuesta concluye con una idea que atraviesa sus 36 páginas: la seguridad no debería depender del gobierno de turno. Para el GREI, solo una política de Estado, acompañada de una arquitectura institucional estable, recursos permanentes, mecanismos de rendición de cuentas y una narrativa que fortalezca la cultura de la legalidad, permitiría recuperar de manera sostenible el control institucional del territorio. Más que un documento de recomendaciones operativas, el texto busca convertirse en una hoja de ruta para replantear el modelo de seguridad del país bajo un enfoque integral y de largo plazo.
La propuesta concluye con una idea que atraviesa sus 36 páginas: la seguridad no debería depender del gobierno de turno. Para el GREI, solo una política de Estado, acompañada de una arquitectura institucional estable, recursos permanentes, mecanismos de rendición de cuentas y una narrativa que fortalezca la cultura de la legalidad, permitiría recuperar de manera sostenible el control institucional del territorio. Más que un documento de recomendaciones operativas, el texto busca convertirse en una hoja de ruta para replantear el modelo de seguridad del país bajo un enfoque integral y de largo plazo.
