Una vehemente defensa de la actuación del Ejército en el caso del Palacio de Justicia, hizo la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), en un memorial entregado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que deliberó sobre el caso la semana pasada en Brasilia.
En el documento, denominado ‘Amicus Curiae´, la Asociación manifestó su preocupación, angustia y dolor, por el presente y el futuro de los derechos protegidos por la CIDH, como la verdad y la justicia, “en razón a que esos derechos humanos le han sido reiteradamente negados a los agentes del Estado, sujetos que también son objeto de protección por la Convención Americana de Derechos Humanos”.
En ese sentido, ACORE fue enfática en denunciar que a los integrantes del Ejército nacional que intervinieron en la recuperación del Palacio de Justicia, se les han violado sus derechos humanos al debido proceso y presunción de inocencia, así como también a las víctimas del asalto por parte del grupo guerrillero M-19.
De acuerdo con ACORE, en realidad “se ha disfrazado la verdad, y la responsabilidad de este acto atroz se ha querido trasladar a los miembros del Ejército Nacional colombiano, para mitigar la responsabilidad de quienes ejecutaron el asalto, incendio y muerte de inocentes, y cometieron la barbarie en contra de las instituciones legales”, en los estos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.
“Con este Amicus Curiae, no se pretende favorecer al Estado colombiano, o pretender negar la existencia de una responsabilidad, pues al contrario se demostrara cómo SÍ EXISTE, pero no la que se ha pretendido llevar por la manipulación de los procesos judiciales internos, donde se afirma que fueron los miembros del Ejército Nacional los responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos. Lo que se persigue es el respeto absoluto por los derechos universales a la VERDAD, JUSTICIA, REPARACION y NO REPETICION”, precisa el documento.
Y agrega: “Nos preocupa, que en el presente caso se lleve a la Honorable Corte IDH, a otro engaño, y se mutile la verdad, para desviar que la responsabilidad de los hechos ocurridos en el palacio de justicia en noviembre de 1985, son única y exclusivamente de los guerrilleros del M-19”.
El texto completo del documento, que tiene amplia extensión, puede consultarse en la página web de ACORE. Sin embargo, para comodidad de nuestros lectores, publicamos a continuación las principales conclusiones del mismo.
Conclusiones
Tal y como se ha indicado a través del presente escrito, los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, son responsabilidad del grupo guerrillero hoy indultado M-19.
En el aspecto probatorio se puede concluir, que: LUCY AMPARO OVIEDO, CRISTINA DEL PILAR GUARIN, GLORIA ANZOLA DE LANAO, DAVID SUSPES CELIS, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES, BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ, NORMA CONSTANZA ESGUERRA, LUZ MARI PORTELA DE LEON, GLORIA STELLA LIZARAZO, CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, IRMA FRANCO PINEDA no fueron desaparecidos por los agentes del Estado (Ejército Nacional).
Aunado a lo anterior, se puede concluir que los procesos penales donde ya se han condenado a agentes del Estado (Ejército Nacional) merecen ser objeto de revisión, pues son sentencias que se han obtenido con violación a los derechos humanos de los procesados, y fraudes en el recaudo probatorio sustento de las misma.
Los hechos del presente caso adquieren una mayor gravedad porque la demora en la entrega de los cuerpos de las víctimas del asalto del Palacio de Justicia, se da con ocasión de, primero, el mal manejo de los cuerpos al momento del levantamiento. Posteriormente en las inhumaciones, lo que continuó con las exhumaciones y finaliza con 27 cuerpos que el Estado, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, tiene en custodia sin que sean entregados a los familiares de quienes hoy buscan a las personas que consideran desaparecidas.
El Estado colombiano permitió que frente a estos hechos se desarrollara una investigación parcializada, lo que no ha permitido que se conozca la verdad.
Dado que a la Honorable Corte le corresponde verificar la responsabilidad del Estado por el comportamiento de sus agentes, es claro que para el caso que nos ocupa, el Estado es responsable por la violación al artículo 8 de la convención, pero teniendo en cuenta que estos agentes no son los integrantes del Ejército Nacional.
Finalmente esos actuares omisivos de Medicina legal y la Fiscalía, permiten justificar que haya una reparación con un enfoque de respeto por las víctimas, teniendo en cuenta que si el manejo de los cadáveres hubiera sido de acuerdo a los protocolos seguramente no se estaría hablando de desaparecidos.
