El diario El Tiempo de Bogotá, con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la embajada de Suecia en Bogotá, realizó el pasado 29 de abril un debate sobre las víctimas del conflicto armado y su situación frente a la negociación de paz que se realiza en La Habana.
El debate, en el que ACORE participó activamente, y que llevaba como título “Mi voz cuenta en el proceso de paz”, fue instalado por la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, quien recordó que existen 6.300.000 personas reconocidas como víctimas del conflicto.
Por su parte Silvia Rucks, directora del Pnud en Colombia, hizo énfasis en la importancia de que las víctimas sean reconocidas como tales en desarrollo de cualquier proceso de negociación. Al respecto anotó que los acuerdos alcanzados en otros conflictos del mundo, en los que no se tuvo en cuenta a las víctimas, “demostraron que no tenían suficiente legitimidad social”.
«Eso en Colombia es impensable. Las víctimas están organizadas. Ellas no quieren ser nuevamente victimizadas ni objetos pasivos. Exigen ser reconocidas como agentes de paz con dignidad», agregó la directora del Pnud.
Una de las intervenciones más polémicas fue la del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien planteó la posibilidad de que a los jefes de las Farc se les sustituya la pena de cárcel por otros mecanismos como el trabajo social.
“Una vez que se hayan producido las sentencias correspondientes, yo creo que podríamos hablar ya de penas alternativas a la pena de prisión, y en este campo la experiencia internacional muestra la posibilidad de penas alternativas diferentes a las tradicionales, como el trabajo social comunitario, como la participación de los máximos responsables en programas de restablecimiento social.
El hecho de que puedan participar, por ejemplo, en el desminado, que contribuyan realmente a desmontar todos los aparatos de guerra, todas sus estructuras de guerra, creo que es un gran trabajo de acercamiento entre víctima y victimario a través de trabajo social y trabajo comunitario, y podrían pensarse como penas alternativas diferentes a la pena de prisión”, precisó Montealegre.
Las palabras del Fiscal originaron de inmediato el rechazo de las víctimas o de los representantes de éstas presentes en el foro, quienes advirtieron que no puede haber una paz completa si sus victimarios no están tras las rejas.
La razón fundamental para oponerse a que las condenas se puedan pagar con medidas alternativas estriba en que, a juicio de varias víctimas, ya de por sí es difícil que una reparación pueda ser integral, por lo que dejar a sus victimarios sin cárcel solo contribuiría a complicar la reconciliación.
Por otra parte, representantes de las víctimas reiteraron su petición al Gobierno y a las Farc para que les permitan participar en la mesa de La Habana, ya que, como lo señaló Marleny Orjuela, directora de Asfamipaz, hay unas verdades que las víctimas necesitan oír en ese escenario, especialmente cuando hay hechos que aún necesitan aclararse.
“Conseguir esa verdad es el camino para tener la posibilidad de tener reparación, justicia y paz en Colombia», agregó Orjuela.
Entre tanto, el analista Rodrigo Uprimny afirmó que la verdad no puede sustituir a la justicia porque eso sería problemático para la construcción de la paz.
Por lo mismo, dijo, es necesario mantener mecanismos de rendición de cuentas y de allí la importancia de la verdad judicial como alternativa para reparar a las víctimas.
Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica, aseguró que el país tiene una serie de instituciones como la Unidad de Víctimas o la Unidad de Tierras que ya están haciendo tareas para reparar las víctimas. «Tenemos una institucionalidad que se prepara para la paz», señaló.
Juan David Ramirez
