El pasado 10 de junio la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de Policía fue sorprendida con la confirmación, por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la condena a 37 años de prisión contra el señor Brigadier General (RA), Jaime Humberto Uscátegui Ramírez.
La sustentación de este inexplicable fallo, avalado por cinco de los nueve magistrados pertenecientes a esa Sala, y conocido a través de los medios de comunicación, carece de suficiente asidero probatorio o justificación alguna, ya que se hace responsable al oficial, de hechos ocurridos en una zona ajena a su jurisdicción y con presencia de tropas que no estaban bajo su mando o control operacional.
Se alega, sin algún tipo de verdad jurídica, un supuesto delito de omisión que no encaja dentro de todo el acervo probatorio que obra en el proceso. Tampoco fueron aceptadas más de cincuenta pruebas aportadas por la defensa durante la etapa correspondiente al juicio respectivo.
Este aberrante fallo es totalmente inaudito. No podemos aceptar la condena de un inocente y mucho menos permanecer impasibles frente a esta decisión, que se suma a otros inexplicables fallos e irregulares actuaciones que violan nuestras garantías procesales y que sistemáticamente se vienen produciendo o realizando, por parte de este cuestionado sistema judicial, en contra de varios integrantes de nuestras Fuerzas Militares y de Policía.
Esta serie de actuaciones nos obliga, una vez más, a expresar al país y a la opinión pública nacional e internacional, nuestra más enérgica protesta por la injusta persecución judicial de que estamos siendo víctimas, como lo demuestran cientos de anomalías de carácter procesal que en su momento hemos venido denunciando.
Actualmente más de cuatro mil hombres de las Fuerzas Armadas y de Policía se encuentran tras las rejas por causa del conflicto armado, y claman justicia ante la indiferencia oficial de quienes tienen la obligación de interceder para su defensa.
La Ley de Defensa Técnica aprobada en la legislatura pasada por el Congreso de la República, aún no ha tenido la debida aplicación, por una inexplicable insuficiencia de recursos en el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional.
La situación generada por esta inaudita persecución jurídica afecta la supervivencia institucional y, sin duda alguna, la estabilidad democrática de la nación.
Se nos quiere intimidar como parte de la estrategia que se viene aplicando por distintos sectores de la extrema izquierda radical, en la guerra jurídica y política que exitosamente están conduciendo contra el Estado, y particularmente contra los portadores de las Armas de la República y su vital compromiso en materia de seguridad y defensa nacional.
Perder la voluntad de lucha por parte de quienes tienen la responsabilidad de defender esta nación y mantener la seguridad y la paz ciudadana, constituye un gran riesgo que el país, bajo ninguna circunstancia, puede permitir.
¡¡¡Este es otro golpe mortal a la moral de las Fuerzas Armadas de Colombia!!!
Bogotá, 12 de junio de 2014
