Por: Nestor Ramírez Mejía
En ese cuadro de situación que carga las señaladas corrientes de opinión contradictorias, nadie pensaría que las negociaciones de La Habana le van a garantizar un futuro político exitoso a las Farc. Pero, ocurre que la voz cantante en ese hipotético futuro institucional diferente no será de la que es hoy una organización armada al margen de la ley, sino de las
“organizaciones de base” y de las transformaciones institucionales que supuestamente se deberán implementar para lograr la paz y sobre las cuales de manera fácil se pretenderá desarrollar los sueños populistas. Los puntos sobre los que se armará la infraestructura indicada, son los siguientes:
Primero. Las Farc podrán ser parte de quienes conformen las listas de protagonistas que modificarán la ley 130 de 1994 de los partidos y movimientos políticos, en desarrollo procedimental que ignora las funciones del Congreso de la República. Lo anterior será posible debido a que las garantías para la participación política de los irregulares estarán consignadas en un estatuto. Estatuto cuyos lineamientos generales serán formulados en primera instancia por una comisión de la cual forman parte, una vez constituidos en partido, los armados ilegales (1).
Segundo. Las Farc podrán reprender en lo social e influir en la judicialización de sus contradictores. Así se deduce del nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, cuyo fin es el de proteger la vida y evitar la estigmatización y persecución de los irregulares. Para este propósito las Farc harán parte del Consejo Nacional de Reconciliación y la Convivencia, de igual forma que de los mismos consejos en los niveles territoriales. También serán parte de las comisiones de seguimiento y evaluación del desempeño del Sistema Integral, así como de los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y del “Comité de impulso” a las investigaciones por delitos cometidos contra quienes ejercen la política” (2).
Tercero. Los armados ilegales dispondrán de mecanismos que servirán, de acuerdo a la experiencia, como purga o chantaje contra empleados públicos que consideren incómodos. Para este fin contarán con “veedurías ciudadanas” y “observatorios de transparencia”, con los cuales van a ejercer vigilancia especial sobre los empleados de la administración y gestión pública (3). Para avanzar en esas formas de persecución administrativa, bastará con construir falsos escenarios en contra de funcionarios con fundamentos democráticos que pudiesen obstruir sus propósitos.
Cuarto. Los ilegales serán cogobierno, con su participación en los consejos territoriales de planeación. Consejos que pretenden fortalecer la participación en la elaboración, discusión, seguimiento a la ejecución y evaluación de los procesos de planeación y cálculo de presupuestos, así como su incidencia en las decisiones administrativas (4). La posesión de las armas por parte de los violentos será un argumento suficiente para el constreñimiento y acotamiento en la decisión de los gobernantes locales.
Quinto. Los victimarios en lugar de su obligación de reparar a las víctimas, fortalecerán los mecanismos de financiación de iniciativas y proyectos propios con recursos de los colombianos –sus víctimas- y, además, obtendrán acceso a espacios en los medios de comunicación institucional y regional para la divulgación de sus programas durante varios años (5). Utilizarán sin duda el modelo de Antonio Gramsci sobre lo que se denomina superestructura en el lenguaje marxista clásico o “hegemonía” en el lenguaje atenuado de los neomarxistas: educación, medios e Iglesia y el resto de las instituciones que conforman y generan aquello llamado “Estado de Derecho”.
Sexto. Las Farc pretenden colocarse en el mismo plano moral y de igualdad con el estado. En primer lugar al desconocer su participación en el narcotráfico, del cual responsabilizan en primer lugar al campesinado, y en segundo lugar al mismo Estado “por culpa de su política neoliberal”. A lo anterior se agrega la actitud de aceptar a medias su condición de victimarios, pues afirman que “las víctimas lo son del conflicto del cual el Estado también es responsable” (6). Maniobra semántica múltiple que genera una aporía en el mejor de los casos y que además muta al sentido común.
Séptimo. Tras el objetivo de promover “el pluralismo, la igualdad y la representatividad política” buscarán desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos del requisito de la superación del umbral en las elecciones al Congreso. Otro propósito similar pretende conformar zonas de “Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz” que elegirán un número por definir de representantes a la Cámara (7).
En la síntesis: los puntos anteriormente expuestos aquí y los desarrollados en los anteriores muestran que los objetivos de interlocutores ilegales de La Habana se orientan a la implementación del “desarrollismo democrático nacional” (y regional), que a la par con la democracia participativa y protagónica y de la conformación de organizaciones de base, constituyen tres de los cuatro fundamentos del socialismo del siglo XXI
(1) Informe Conjunto de la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Farc. Sobre derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política. Enero de 2014. p.15-16.
(2) Ibid p. 16-17.
(3) Ibid p. 21-22.
(4) Ibid p. 22.
(5) Ibid p. 18-24.
(6) “No hemos venido a negociar impunidad”. Entrevista a Iván Márquez en La Habana. Noticias RCN. com. Mayo, 9 de 2014.
(7) Informe Conjunto de la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Farc. Op. cit., p. 22-25
(8) Entrevista en “Prensa latina”. 28/06/2013
(9) Caracol 25/01/2013, encuesta Gallup.
*Artículo publicado en el portal www.aresprensa.com
