Sociopolítico-ACORE
El ICTJ “Centro Internacional para la Justicia Transicional” y la Fundación Konrad Adenauer con apoyo de la Embajada de Suecia, organizaron un foro “Buscando la cuadratura del círculo: Penas y Proceso de Paz”, que tuvo como objetivo inicial con la Directora María Camila Moreno la presentación de la propuesta del ICTJ sobre Justicia Transicional y así en este evento reunir distintos expertos para discutir, respectivamente, panel 1 “Los objetivos del castigo y la búsqueda de la paz” y panel 2 “Tensiones entre imposición de penas y la salida negociada al conflicto”.
Un primer panel que se caracterizó por posiciones basadas en argumentos académicos y teóricos como la del Dr. Francisco Barbosa de la Universidad Externado y del Fiscal General de la Nación Dr. Eduardo Montealegre, defendieron la tesis que además casi todos los panelistas de este evento respaldaron, exceptuando al Dr. Carlos Holmes Trujillo en el panel 1 y al Dr. Camilo Gómez Álzate durante su intervención en el segundo panel.
Esta propuesta que teóricamente el señor Fiscal de la Nación respaldo magistralmente, se resume básicamente en que en este proceso de Justicia Transicional con las FARC, bajo los conceptos del Marco Jurídico para la Paz de priorización y máximos responsables SI es posible suspender las penas privativas de la libertad incluso de aquellos responsables de las FARC que cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (delitos de jurisdicción de la Corte Penal Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
El argumento que respalda esta posición y que según el Fiscal Montealegre blinda esta fórmula de justicia transicional frente a las cortes internacionales, es que bajo un test de razonabilidad se va a establecer que maximizando el derecho a la paz es posible restringir el derecho a la justicia y por consiguiente esta maximización también generaría garantías de No repetición. Todo esto acompañando por supuesto de la priorización de los casos más graves o emblemáticos y la investigación de estos hechos, el juicio y sentencia a los máximos responsables, para así a partir de este momento, el postulado o máximo responsable podría recibir la “pena alternativa” que se le imponga, distinta a la pena privativa de la libertad.
La verdad, el reconocimiento de las responsabilidades y el aporte para la reparación de las victimas también son requisitos para que los máximos responsables de las FARC que cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, puedan acceder a los beneficios que ofrece la Justicia Transicional en cuestión de penas alternativas.
Respecto a este primer panel la Dra. Alexandra Valencia Magistrada de la Sala de Justicia y Paz propuso un tratamiento jurídico diferenciado para los integrantes del grupo al margen de la ley que fueron reclutados siendo menores de edad.
Por su parte el Dr. Carlos Holmes Trujillo, advirtió que los colombianos en general e históricamente hemos sido imaginativos y a la vez abierto las puertas de la legalidad a distintos grupos al margen de la ley en pasadas experiencias, dejo claro que ese no es el problema, que eje del problema radica en que las FARC que son las contraparte de la negociación son un grupo que niegan la existencia del Estado Colombiano y que incluso tratan como maleza jurídica el Marco Jurídico para la Paz y el Estatuto de Roma.
Camilo Gómez Álzate, ex alto comisionado para la paz, el Senador Cepeda, la Representante Ángela María Robledo y Marcela Prieto, analista política, conformaron el panel N° 2 que se identificó por un enfoque mucho más político que teórico, dejando como conclusión que la salida política del conflicto con las FARC es el camino ideal para la resolución del mismo.
Tanto Iván Cepeda como la representante Robledo celebraron los adelantos en la mesa de La Habana relacionado con la comisión de la verdad pero así mismo también resaltaron la importancia de acordar un cese bilateral al fuego para desescalar el conflicto, destacando los resultados del cese unilateral que adopto las FARC unos meses atrás. Las posiciones de estos dos congresistas giraron en torno a una Justicia Transicional que abarque todos los sectores de la sociedad y donde el estado colombiano representado en sus instituciones y gobiernos debe reconocer responsabilidades específicas dentro de la violencia en este conflicto.
Por otro lado Marcela Prieto, directora de foros Semana y el Dr. Camilo Gómez estuvieron de acuerdo en que la importancia de que la sociedad legitime los acuerdos es fundamental para la implementación de los mismos, el Dr. Gómez Álzate resaltó su preocupación en cuanto a que algunos ven que en La Habana se encuentran negociando dos partes iguales, dos victimarios, siendo para él un encuentro entre el gobierno que representa un Estado legitimo frente a unos victimarios al margen de la ley, que llevan 50 años atentando contra la sociedad colombiana y sus instituciones.
Preocupa que al final de este proceso de Justicia Transicional que viene construyéndose, sea una vez más un proceso donde los integrantes de la Fuerza Pública terminen privados de la libertad y los integrantes de las FARC y máximos responsables de crímenes atroces, resulten recibiendo penas alternativas a la privación de la libertad después de un inmenso esfuerzo para que el pueblo y el estado colombiano los reciba de nuevo en la legalidad.
En este link podrán encontrar el documento del ICTJ
https://www.ictj.org/es/publication/cuadratura-circulo-colombia-objetivos-castigo-penas-paz
