¿TODO ESTA CERRADO?

Serias reservas y preocupaciones por un acuerdo que puede ser definitivo

¿Por qué este anuncio genera tanta apatía, duda y terror en importantes sectores de la sociedad?

¿Tendrán elegibilidad política en cuerpos colegiados responsables penalmente de delitos atroces y de lesa humanidad?

¿Cedió más el gobierno que las FARC en esta negociación?

En el momento de escribir este artículo, las FARC anuncian la realización de la llamada X conferencia con el propósito de consultar a sus bases la posibilidad de refrendar los acuerdos pactados en La Habana, con los cuales pasarían a la legalidad y que el gobierno sorpresivamente dio como un hecho, haciendo entrega inmediata de estos textos al Congreso de la República para dar trámite a la ley que determine la convocatoria del plebiscito refrendatorio, ya avalado por la Corte Constitucional.

El documento hecho público, consta de 297 páginas, y en términos generales, incluye todos los preacuerdos negociados en materia agraria, política, drogas ilícitas, victimas y fin del conflicto.

Por tratarse de un ACUERDO ESPECIAL, tal como lo enuncia en su encabezamiento, de ser aprobado en el próximo plebiscito, adquiere categoría de inmodificable, y entraría a formar parte del bloque de constitucionalidad que rige en el país. Es decir, obtiene valor supraconstitucional y ni siquiera una asamblea constituyente tendría la facultad de alterar su contenido.

Si gana el SI en el plebiscito, su implementación seria de carácter inmediata dentro de las condiciones pactadas. Si gana el NO, existiría la posibilidad de renegociar entre las partes todo aquello que mayoritariamente ha venido siendo motivo de objeción. También es factible que la mayoría de lo pactado pueda tramitarse nuevamente ante el Congreso para revisarlo a través de un proceso que de origen a los actos legislativos, leyes estatutarias y ordinarias que sean requeridas. No todo lo acordado es objetable. El inconformismo mayoritario a este respecto, tiene que ver principalmente con:

• Impunidad por crímenes atroces y de lesa humanidad con ausencia de penas privativas de libertad para determinadores y máximos responsables.

• Procedimientos laxos para la erradicación de cultivos ilícitos, acudiendo solo a la participación voluntaria de las comunidades inmersas en el negocio, para proceder en un tiempo determinado, a una eventual y no muy confiable sustitución de tales cultivos, mediante un lento proceso de erradicación manual. ¿Qué ocurrirá con laboratorios y rutas utilizadas para la comercialización del producto terminado?

• La calificación como delitos conexos al delito político de conductas relacionadas con el narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro y despojo de tierras, bajo el concepto de ser amnistiables por considerare que los recursos obtenidos por estos ilícitos, eran requeridos para financiar la lucha armada en favor de “una causa política” justificada por la rebelión.

• La indemnización por parte del Estado en materia de reparación a familiares de víctimas causadas por múltiples actos criminales cometidos por las FARC en más de cincuenta años de violencia.

• La tenencia de armas por parte de las diferentes cuadrillas de las FARC dentro del proceso de votaciones, antes y durante la realización del plebiscito refrendatorio, que hace suponer una evidente acción intimidatoria en distintas zonas rurales del país para apoyarlo afirmativamente.

• La no entrega de los cuantiosos bienes y recursos obtenidos a través de su actividad criminal, especialmente en lo relacionado con narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro y despojo de bienes.

• La entrega de tan solo armas de carácter individual que porten los integrantes de la organización que se encuentren en el momento concentrados en los campamentos establecidos. Esta entrega parcial no constituye garantía de no repetición por cuanto el armamento que realmente poseen, debe corresponder al de 20.000 o 26.000 hombres que tuvieron en armas en la década de los ochenta. Además en los contenedores previstos para su almacenamiento, sus armas serán cuidadas por ellos mismos durante 180 días. Esto no es suficiente garantía.

• Los territorios de paz o zonas de reserva campesina con autonomía especial, y su coincidencia con viejas áreas de influencia donde aspiran a establecerse como territorios bajo su control, con las mismas cuadrillas y sus respectivos cabecillas, subvencionados además generosamente por el Estado, con salarios fijos mensuales y otros múltiples beneficios que no se otorgan al común de los ciudadanos.

• La creación de 16 circunscripciones especiales en distintas regiones del país para la elección exclusiva de candidatos de las FARC ante la Cámara de Representantes, le otorga un gran poder en la rama legislativa, a lo cual hay que agregar, 5 curules en el Senado y otras 5 en la Cámara, que también les han sido concedidas. En estas condiciones, contaran con un total de 26 escaños, número mayor al de muchos movimientos o partidos políticos que los han obtenido a través de la normatividad institucional y el ejercicio democrático que hasta ahora viene rigiendo en el país.

• La presencia de las FARC en el Congreso de la República con 3 voceros en la Cámara y 3 en el Senado, participando en las deliberaciones para el trámite de leyes y reformas de los acuerdos pactados en La Habana, es considerado como irrespetuosa e improcedente.

• La conformación de la futura Comisión de la Verdad, primer paso para aplicar los mecanismos de la Justicia Transicional, por la forma tan sesgada como se ha pactado, lo cual no constituye ninguna garantía para los intereses del país, de sus Fuerzas Armadas y su Estado de Derecho.

• Los mecanismos para la designación de los magistrados del Tribunal especial para la paz a través de personalidades u organismos muy representativos, pero que en la mayoría de los casos, por antecedentes muy conocidos, no ofrecen mayor garantía de imparcialidad para los miembros de la fuerza pública. Sobre este particular, es conveniente aclarar:

• El Santo Padre por su condición de Jesuita, podría delegar en el CINEP, organismo perteneciente a esta congregación, tal responsabilidad electiva. El CINEP y sus sacerdotes más representativos, siempre han sido enemigos acérrimos de militares y policías desde hace mucho tiempo. Esto está plenamente demostrado.

• Las Naciones Unidas (ONU) por sus posiciones sesgadas en favor de las FARC dentro de este proceso de negociaciones en lo relativo al punto 5 de la agenda, donde conjuntamente con la Comisión delegada de la Universidad Nacional que participo en la selección de víctimas, hizo factible la presencia mayoritaria en la Mesa de La Habana de los causados por el Estado, minimizando a las FARC como principal responsable de estos aberrantes hechos. Por otra parte, y en forma reciente, un alto comisionado de derechos humanos de este organismo, en declaraciones públicas a los medios de comunicación, manifestó que las operaciones militares realizadas en Colombia del 2010 hacia atrás, “-Solo fueron falsos positivos-“.

• Igualmente, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, otro organismo designado para escoger las personas que conformaran el mecanismo de selección para integrar el Tribunal Especial de Paz, participo por espacio de varios meses como asesora de la Fiscalía General de la Nación (Unidad de Contexto) en la preparación de miles de expedientes por violación de Derechos Humanos donde se hacen responsables a miembros de la fuerza pública.

Por todo lo anterior, se pone en duda que el proceso de selección de estos magistrados sea verdaderamente autónomo, independiente y transparente, tal como ha sido anunciado para militares y policías. De hacerse realidad estos temores, no habrá garantía procesal suficiente dentro de esta jurisdicción especial que ha sido acordada con las FARC. En otros términos, en los próximos años podríamos ser juzgados por el enemigo. Estas por ahora, podrían ser algunas de las más inquietantes reservas y preocupaciones que surgen frente a un acuerdo que puede ser definitivo.

No tenemos claridad si el gobierno cedió más que las FARC, en esta negociación. El exceso aparente de concesiones pudo constituir una muestra de debilidad del Estado, que hábilmente aprovecho en su beneficio esta organización terrorista.

Inexplicablemente, este “acuerdo de paz definitivo” tal como textualmente lo anuncio el Jefe de Estado, ha debido ser motivo de júbilo nacional, más sin embargo, importantes y numerosos sectores de la sociedad, aun expresan serias dudas, temores y apatía respecto a esta negociación y lo acuerdos logrados como su resultante.

En estas circunstancias, es indispensable reafirmar que todo lo pactado debe estar dentro de la Constitución y no por fuera de sus preceptos. La prevalencia del Estado del Derecho, es inobjetable.

COLETILLA:

“ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION DEL CONFLCITO Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”

PREACUERDOS PACTADOS:

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano. Reforma Rural Integral (RRI), Acordado el 26 de mayo de 2013.

2. Participación Política. Apertura democrática para construir la paz., Acordado el 06 de noviembre de 2013.

3. Fin del Conflicto., Acordado el 24 de agosto de 2016.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas. , Acordado el 16 de mayo de 2014.

5. Víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición., Acordado el 15 de diciembre de 2015.

6. Implementación, Verificación y Refrendación., Acordado el 24 de agosto de 2016.

 Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA

Presidente Nacional ACORE