Las 16 campañas para las nuevas curules en la Cámara que tendrán los pueblos más afectados por el conflicto armado posiblemente enfrenten corrupción e intereses privados y la ley que se está creando en el Congreso aún no las blinda. Habla la Misión de Observación Electoral.
El Acto Legislativo que crea 16 nuevos puestos en la Cámara de Representantes de 2018 a 2026, y que se desprende del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc, ya está a mitad de camino tras ser aprobado en dos de los cuatro debates que debe enfrentar en el Congreso de la República. La semana pasada superó las discusiones en la Comisión Primera y en plenaria del Senado y restan las de la Cámara.
Estas curules son las Circunscripciones Especiales para la Paz que fueron pactadas con el grupo insurgente como una manera de integrar al órgano legislativo las regiones más afectadas por la confrontación tuvieran de una vez por todas a sus voceros en el Congreso. Las condiciones es que sean candidatos de la gente y no de los partidos políticos tradicionales ni del movimiento en el que se convertirán las Farc. El proyecto abarca 167 municipios.(Descargar Ponencia)
Pero esto está lejos de la realidad según Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE). En diálogo con VerdadAbierta.com habló, además, de la falta de regulación con la que saldrá esa norma del Congreso. A continuación, una síntesis de sus apreciaciones.
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