Por: General ® Luis Ernesto Gilibert Vargas
Que el ser humano está predispuesto a cometer abusos o desmanes es una realidad, a lo largo de la historia hemos observado como los detentadores del poder, la ley y la autoridad, son propensos al despotismo que fácilmente puede conducir a injusticia; no es fácil lograr imparcialidad y mucho menos mesura frente a la necesidad de hacer justicia, aplicando correctivos ante errores o desacatos a las normas, leyes y preceptos. Esta situación de excitación altera la paz y orden ciudadano, poniendo los representantes de la autoridad en desventaja a la hora de evaluar sus actuaciones, en materia de control ciudadano y lucha frente a la delincuencia.
Recomienda la tradición que los representantes de la autoridad, deban ser formados y capacitados para encarar este tipo de situaciones con templanza, sabiduría, ponderación, mesura a más de formalidad, tarea nada fácil si consideramos que en muchas ocasiones, deben atender personas salidas de control o impelidas de intereses, donde la violencia es perentoria y parte de una estrategia, donde se busca precisamente desplazar de su zona de control a los servidores públicos, para sacar de esa actuación grandes ventajas en otros estadios, muy ajenos al momento provocado con fines específicos y predeterminados. Estas salidas de control tiene un costo para las personas, grupos e instituciones, razón de los ingentes esfuerzos realizados por el mando, las autoridades y el mismo alto gobierno, para capacitar, equipar e instruir hasta la saciedad estos hombres que en solitario o grupo, deban avocar momentos de verdad sustentados en la provocación , agresión y desafío; pero cuando falla la instrucción y preparación, por ser parte inherente al ser, siempre, siempre, se debe investigar buscando aclarar hasta la saciedad la esencia de los hechos y su desarrollo, sancionado penal o disciplinariamente en caso de comprobarse elementos y actuaciones que conduzcan a tales extremos, por fortuna para el país, los miembros de la fuerza pública que incurran por acción u omisión, en situaciones como las contempladas, son objeto de serias investigaciones y ejemplares sanciones, para satisfacción de la ciudadanía.
Pero cuando las cosas tiene el sello de la moneda y son miembros de la fuerza pública los irrespetados, agredidos y vilipendiados, cuando no muertos, como hemos podido observar en medios de comunicación, quien hace las veces de acusador ¿porque los servidores públicos asistentes a estos eventos, no van por convicción ni ideología, solo cumplen un deber en defensa del orden y bienestar colectivo, para recibir agresiones, insultos y recordemos, mucha veces han sido secuestrados, situaciones nunca soñadas en nuestro ámbito patrio, ¿eso quien lo paga?, ¿a quién sancionan,? ¿dónde está la equidad?, donde quedaron sus derechos humanos y donde la justicia, invocamos y pedimos imparcialidad frente a desmanes y abusos.
