Discurso del Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo durante la ceremonia de aniversario 129 de la Policía Nacional
Bogotá, 05 de noviembre del 2020
Alguna vez, mi padre, en medio de un intenso debate parlamentario que quedo inscrito en la historia del Parlamento Colombiano como uno de los más brillantes y difíciles, toda vez que se trataba de decidir si esa corporación levantaba o no la inmunidad a un senador que había acusado durante varios días a dos ministros del Gobierno del Doctor Carlos Lleras Restrepo y después había caído ante la necesidad de dar explicaciones como consecuencia de su propia conducta, dijo que la verdad nunca se encuentra en el remolino, la verdad nunca se halla en medio de la turbulencia y la pasión desatadas, y cuando las sociedades regresan al análisis tranquilo de las situaciones tienen muchas veces que aceptar con cuanto coraje en particulares momentos de la vida colombiana, se obro por parte de las instituciones.
Traigo esto a colación porque cuando se celebra un año más de esta Institución centenaria, hay que decir estamos viviendo 360 días de turbulencia, 360 días, en los cuales se ha adelantado una campaña incesante por parte de algunos sectores contra la institución policial, 360 días en medio de los cuales se ha pretendido engañar a la opinión pública, desviar su buen juicio y presentar a una Institución centenaria llena de historia, llena de logros, llena de realizaciones y llena de servicio a la patria como una Institución plagada de defectos e integrada por personas encargadas de violar la Ley.
Esa ha sido una de las más grandes infamias que hemos vivido este año y es evidente que se trata de un proyecto político definido, se trata de un proyecto político que busca deslegitimar a la Policía, se trata de un proyecto político que busca estigmatizar a la policía, se trata de un proyecto político que pretende que el ciudadano, de cara a posibles violaciones de la Ley de miembros de la institución descalifiquen a todos sus integrantes; se trata de un proyecto dirigido a lesionar lo que es la columna vertebral de la Institución, que es su transparencia, su prestigio, que es el amor que se han ganado de los colombianos porque siempre están en la calle en contacto directo con la ciudadanía.
Frente a esa realidad que no puede desconocerse el Gobierno se ha dado a la tarea no solamente porque es su deber sino porque nace de las más profundas convicciones que tenemos de defender la Policía Nacional, de explicar en cada rincón de la Patria lo que es el valor institucional que tiene, de señalar las virtudes, los logros y el significado que posee para efecto de garantizar el buen orden social. Ese es un debate que hemos dado a lo largo de este año y seguiremos dando, y seguiremos dando porque le conviene a Colombia, porque le conviene a la sociedad y porque les conviene a las futuras generaciones.
Pero no solamente por eso, lo seguiremos porque le conviene a algo que las sociedades no pueden perder, que es el sentido de la autoridad legítima de la institucionalidad; cuando se pierde el sentido de la autoridad legítima de la institucionalidad se debilita la estructura social; cuando se pierde el sentido de la autoridad legítima de la institucionalidad lo que es un cauce normal empieza a perderse y cuando se pierden los cauces normales, los causes organizados, los cauces reglados lo único que queda en perspectiva dentro del horizonte es el desorden y el caos.
Colombia tiene que mantener el sentido de la autoridad legítima, Colombia tiene que mantener lo que significa para el ordenamiento social, el ejercicio de la fuerza legítima del Estado; Colombia tiene que mantener para efecto de su propio beneficio, para efecto del beneficio de las presentes y futuras generaciones de colombianos esa columna vertebral de la organización de las sociedades democráticas organizadas.
Estamos de cara a una ofensiva que tenemos que enfrentar también con las herramientas legítimas del pensamiento y de la controversia civilizada, aquí se quiere acabar con instituciones que existen para garantizar el ejercicio de la protesta pacífica; se quiere debilitar a organismos que existen para restablecer el orden público, para garantizar las condiciones en medio de las cuales, los ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional a reunirse públicamente y a manifestarse pública y pacíficamente. La ofensiva contra el ESMAD así lo demuestra.
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