ACORE sobre la ley 2272 del 2022 que estableció en su articulado el «servicio social para la paz» como alternativa frente al servicio militar y el reciente decreto 1079 del 2024 del gobierno nacional que reglamenta este servicio social.
Esta ley, ratificada en el decreto mencionado, impacta directamente las cuotas de ingreso a la Fuerza Pública y pone en riesgo las capacidades para el control territorial.