Elaborado por: Equipo de Análisis Estratégico ACORE.
Las Américas enfrentan una transformación profunda de las amenazas a la seguridad debido a la evolución del crimen organizado transnacional. Las organizaciones criminales han pasado de estructuras locales a redes altamente adaptables que combinan narcotráfico, minería ilegal, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando, lavado de activos, ciberdelincuencia y corrupción. Estas redes operan a través de fronteras, aprovechan la tecnología y explotan debilidades institucionales para ampliar su influencia económica, social y política.
El impacto de estas organizaciones va más allá de la delincuencia convencional, afectando la gobernabilidad y gobernanza democrática, el desarrollo económico y la estabilidad institucional. Su objetivo ya no es únicamente obtener ganancias ilícitas, sino ejercer control territorial, influir sobre comunidades e instituciones y establecer formas de gobernanza criminal o híbrida que compiten con la autoridad legítima del Estado. Este fenómeno debilita el Estado de Derecho, erosiona la confianza ciudadana y limita el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
En numerosos territorios de la región, especialmente en zonas fronterizas, corredores estratégicos, áreas rurales aisladas y sectores urbanos vulnerables, estas organizaciones controlan economías locales, imponen normas de comportamiento y, en algunos casos, sustituyen funciones estatales. La ausencia de oportunidades económicas, la corrupción y la limitada presencia institucional favorecen su consolidación.
En Colombia, esta problemática presenta una complejidad particular debido a la transformación de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales que se han integrado a redes transnacionales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y otras economías ilícitas. Estas organizaciones compiten por el control de rutas, recursos y poblaciones vulnerables, generando escenarios persistentes de violencia e inestabilidad territorial.
Un desafío creciente es el uso de tecnologías emergentes por parte de grupos criminales, especialmente sistemas aéreos no tripulados (drones), empleados inicialmente para vigilancia y posteriormente adaptados con fines ofensivos. Esta evolución evidencia amenazas más complejas, asimétricas e híbridas, que exigen fortalecer las capacidades de inteligencia, vigilancia tecnológica, protección de infraestructura crítica y cooperación internacional, siempre dentro del marco del Estado de Derecho.
Un factor que agrava esta problemática es la creciente porosidad de las fronteras en diversos países de la región. La limitada presencia estatal en amplias zonas fronterizas, sumada a las dificultades geográficas, la insuficiente coordinación institucional y las asimetrías normativas entre Estados, facilita el tránsito de personas, armas, drogas, mercancías ilícitas y recursos financieros vinculados al crimen organizado. Estas áreas se han convertido en corredores estratégicos para las economías ilícitas y en espacios donde las organizaciones criminales aprovechan los vacíos de gobernanza para consolidar redes logísticas, ampliar su influencia territorial y evadir los controles estatales.
Las consecuencias humanitarias son significativas: desplazamiento forzado, confinamiento de comunidades, reclutamiento de menores, amenazas contra líderes sociales y afectaciones a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Además, estas estructuras buscan consolidar mecanismos de control social, económico y político que limitan la participación democrática, afectan la libertad electoral y debilitan la legitimidad institucional.
Frente a este panorama, los gobiernos deben actuar con determinación, visión estratégica y voluntad política para recuperar el control legítimo del territorio, proteger a la población y desmantelar las redes criminales. Por ello, los Estados requieren respuestas integrales que combinen seguridad, justicia, desarrollo económico, fortalecimiento institucional, cooperación internacional y protección de los derechos humanos. Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe fortalecer su capacidad de cooperación y acompañamiento frente a amenazas transnacionales, prestando especial atención a las comunidades más vulnerables y a los territorios históricamente afectados por la violencia.
Dado el carácter transnacional del crimen organizado, ninguna nación puede enfrentar estas amenazas de manera aislada. Las redes criminales operan a través de múltiples jurisdicciones, aprovechan las vulnerabilidades fronterizas y trasladan recursos, tecnología y capacidades entre países, convirtiendo este fenómeno en un desafío regional y hemisférico. En consecuencia, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de cooperación entre los Estados, promoviendo el intercambio oportuno de información e inteligencia, el desarrollo de capacidades institucionales, la interoperabilidad entre agencias, la asistencia técnica especializada y la coordinación de operaciones contra las economías ilícitas y las estructuras criminales transnacionales.
La seguridad fronteriza debe entenderse no solo como un desafío de control territorial, sino también como un componente esencial de la cooperación internacional, el desarrollo regional y la protección de las comunidades que habitan estos territorios. En este esfuerzo, la OEA y los organismos regionales están llamados a desempeñar un papel fundamental como facilitadores de la cooperación, la confianza mutua y la construcción de capacidades que permitan responder de manera más eficaz a amenazas que trascienden las fronteras nacionales y afectan la seguridad, la democracia y el desarrollo de todo el hemisferio.
ACORE, como miembro de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Desarme Humanitario y Seguridad Multidimensional ante la OEA reafirman su compromiso con el fortalecimiento institucional, la protección de la población y la promoción de respuestas integrales que articulen seguridad, desarrollo, democracia, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, actuando como puente entre las comunidades, los Estados y los organismos internacionales.
