En el marco de la más reciente emisión de En Foco, EL NUEVO SIGLO habló con el presidente de ACORE, general (r) Guillermo León León y el concejal Julián Uscátegui sobre la controversia alrededor de las operaciones militares contra la disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’
General (r) Guillermo León León, presidente de ACORE
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo adelantar una operación de bombardeo a un grupo armado ilegal sin la certeza de la presencia de menores de edad?
GLL: Una operación de bombardeo contra una organización al margen de la ley se realiza dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Es importante hacer claridad en la diferencia entre ese marco jurídico y el marco jurídico en derechos humanos.
En el DIH no está establecida la distinción entre combatientes y no combatientes, independientemente de su edad. Si hay una persona que porte armamento, que haya recibido entrenamiento y que participe en las hostilidades, se considera un blanco legítimo. Por lo tanto puede convertirse en objetivo militar.
Hoy en día las operaciones se hacen acogidas al DIH y precisamente cuando se hace un planeamiento de estos, participan oficiales de derechos humanos y oficiales expertos en derecho operacional para que siempre se esté dentro del marco de la legalidad antes de autorizar la misión de bombardeo.
Por supuesto que la inteligencia trata de ser lo más acuciosa y precisa antes de que se realice una operación. Pero, cuando uno entiende las dificultades y los lugares donde se mueven estos grupos al margen de la ley, va a ser muy difícil precisar al 100 % la presencia de menores de edad.
Hay un tema de responsabilidad que le corresponde a estos grupos al margen de la ley, que son los que están violando precisamente el DIH al hacer el reclutamiento de menores. A ellos hay que endilgarles la responsabilidad, así como denunciarlos para que actúe sobre ellos la justicia.
ENS: ¿Qué responderle a quienes sostienen que a estos menores de edad no se les puede calificar como victimarios sino como víctimas?
GLL: Ese argumento le ha servido precisamente a estos grupos para que tomen esa ventaja y se vuelva un incentivo perverso porque al contrario de evitar el reclutamiento, lo va a estimular. El tener esa limitación va a provocar que estos grupos sigan reclutando menores para volverlos escudos, integrándolos a estas organizaciones al margen de la ley y de esa manera evitar las operaciones militares.
Le pasó al gobierno anterior. En el inicio emitió el criterio de no hacer operaciones si no se tenía la certeza plena de que no había menores de edad en los campamentos. Sin embargo, esto llevó a que se mantuviera ese incentivo que al final el gobierno reevaluó autorizando las operaciones ante el avance y crecimiento de estos grupos.
Incluso, acaban de denunciar desde la Defensoría del pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Human Right Watch que se disparó el reclutamiento de menores en Colombia sin que se actuara de manera contundente por el Estado para detener este fenómeno criminal.
ENS: ¿Le ha faltado al Congreso en Colombia abocar esta reglamentación?
GLL: Lo que necesitamos es que se actúe a través del legislativo y se determine a través de la ley sobre qué marco se debe actuar en estos casos. Sin embargo, lo que está escrito en la jurisprudencia internacional es que cuando hay un país en conflicto, se opera bajo el marco del DIH.
El auto del juzgado 34 de familia de Bogotá no da un fallo de fondo todavía, lo que está haciendo es una orden precautelativa porque no se ha determinado si hubo una violación al DIH, que en este caso no hubo. Los menores estaban dentro de una organización que obedecía a un mando y a su vez estaban armados y actuando dentro de un escenario de conflicto.
TOMADO DE: https://www.elnuevosiglo.com.co/entrevista/bombardeos-campamentos-guerrilleros-son-legitimos-y-amparados-por-el-dih
