El Congreso colombiano aprobó recientemente la ley estatutaria de reforma a la Justicia Penal Militar. Sin embargo, existe aún desconocimiento acerca de los verdaderos alcances de la norma, razón por la cual ACORE invitó al senador Juan Carlos Vélez Uribe a un conversatorio para precisar detalles de la misma.
Vélez, uno de los más fervientes defensores de la Institución en el Congreso y quien apoyó permanentemente las propuestas presentadas por la Asociación en torno al Fuero Militar, hizo una amplia exposición de los logros alcanzados con la ley, en charla en la sede de ACORE el pasado 10 de julio.
El congresista inició su intervención afirmando que “los colombianos ya entendimos que la Institución Militar es de vital importancia para la supervivencia de esta sociedad”, y así lo demuestran las continuas encuestas que los colocan en los primeros lugares de credibilidad y confianza.
Sobre el Fuero Militar, Vélez dijo que se lograron importantes avances, aunque advirtió que ojalá en Colombia se pudiera tener un fuero tan amplio como el de Estados Unidos, que no solo cobija “la conducta de los militares con ocasión del servicio, sino todos aquellos delitos comunes en los que puedan incurrir. E incluso, agregó, los delitos de civiles contra la Institución militar”.
Más adelante, el parlamentario precisó los delitos que quedaron en manos de la justicia ordinaria y que se enmarcan dentro de los llamados crímenes de lesa humanidad, como son el genocidio, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, la ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado.
Entre los logros alcanzados con la reforma, destacó que ahora los militares no pueden ser procesados en la justicia ordinaria por violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), delitos que serán conocidos por la Justicia Penal Militar.
Igualmente, dijo, se destacan los artículos 32 y 33 con los cuales se logró frenar la teoría de Roxin. “Ahora la responsabilidad es del generador de los hechos”, aclaró.
El senador Vélez también hizo énfasis en la importancia del artículo 8, al que calificó como un importante logro, puesto que el mismo se convierte en la herramienta para que las Fuerzas Militares puedan combatir a las Bacrim y a los grupos armados.
Asimismo hizo referencia a la creación, en el marco de la ley, de un Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la Justicia Penal Militar, una Comisión Técnica y un Tribunal de Garantías.
En otro aparte de su intervención, el congresista recordó que según cifras entregadas a él por la Fiscalía, hasta mayo pasado 15.123 militares se encontraban vinculados a procesos en esa entidad, de los cuales 2.0122 presos.
En ese sentido expresó su preocupación por declaraciones del fiscal general, Eduardo Montealegre, de que será él quien decida qué procesos pasarán a la Justicia Penal Militar, en contravía de lo señalado por la ley, que dio un plazo de un año para que la Fiscalía y la justicia castrense identifiquen los procesos contra uniformados y determinen conjuntamente cuáles irán a una u otra instancia.
Finalmente hizo un llamado para que entidades como ACORE, impulsen ante el Gobierno la apropiación de recursos para el Fondo de Defensa Técnica Especializada, que fue reglamentado por el decreto 0582 del 22 de marzo de 2013, y que destacó como un gran logro de la reciente reforma constitucional.
