El Ministerio de Defensa y la Dirección de la Policía Nacional expresaron su inconformidad con un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República para reglamentar los ascensos militares y de la Policía, en el que se incluyeron dos artículos referentes a la degradación de los oficiales Generales y de Insignia.
Así lo expresaron el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el entonces director de la Policía, general José Roberto León Riaño, en comunicaciones dirigidas al representante a la Cámara Telésforo Pedraza, quien fue designado ponente del proyecto de ley que ya cursó sus primeros dos debates.
En su mensaje al ponente y con relación a los artículos 12 y 13 previstos en la norma, el ministro de Defensa anota que “estos artículos, que tratan sobre la “Degradación militar y policial” entrarían a modificar la ley 836 de 2003, ley 734 de 2002 y código penal y penal militar incluyendo penas accesorias que, en opinión de este Despacho, han de sopesarse frente al artículo 58 de la Constitución en concordancia con el artículo 220 superior (1), los derechos a la supervivencia y a un mínimo vital, así como a las demás garantías propias de los procesos penales y disciplinarios”.
Agrega la comunicación que “solo sobre el citado artículo 58, la Corte Constitucional ha establecido en múltiples providencias que configuran derechos adquiridos: “las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporados válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona”. “De manera que la Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con la ocasión de la expedición de nuevas normas legales. (Sentencia C 983-10) (C-147/97)’’”.
Así mismo, señala el Ministro, “se considera que la inclusión de estos artículos infiere un vicio de constitucionalidad, al desconocer los principios de unidad de materia y consecutividad que gobiernan el proceso de formación de las leyes”.
Más adelante anota que “así pues, es evidente desde el mismo título que el proyecto de ley solo se ocupa de reglamentar el proceso de aprobación de los grados conferidos por el Gobierno Nacional a los oficiales generales y de insignia de las Fuerzas Militares y de Policía, y no de normas sustantivas y procedimentales del Código Penal y el Código Penal Militar, o de normas disciplinarias comunes o especiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.
Y concluye: ”Es frente a esas regulaciones donde precisamente, y en estricta atención a esos principios, se debería estudiar este aspecto de manera integral y compresiva.
Por estas razones, de manera atenta se solicita la eliminación de los artículos 12 y 13 del proyecto de ley”.
En términos similares se pronunció el entonces director de la Policía, general José León Riaño.
