ACORE encabezó el pasado viernes 21 de marzo el acompañamiento de las organizaciones de la Reserva Activa a José Jaime Uscátegui, en la vigilia que realiza desde el pasado miércoles 19 frente a las oficinas de la sede permanente de la OEA en Bogotá, en protesta por la falta de garantías judiciales para su padre y demás miembros de la Fuerza Pública injustamente procesados.
El General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, padre de José Jaime, está condenado injustamente a 40 años de cárcel por su presunta omisión en el caso de la masacre de Mapiripán (Meta, 1997).
Para la fecha de los hechos, el general Uscátegui, entonces Comandante de la VII Brigada en Villavicencio, no tenía mando operacional sobre las tropas responsables de Mapiripán, tal y como lo certificó en 2006, cuando se desempeñaba como Ministro de Defensa, el ahora presidente Juan Manuel Santos.
Previo al inicio de su vigilia, José Jaime Uscátegui entregó el siguiente documento a los responsables de la oficina de la OEA en Colombia:
Señor
ROBERTO MENÉNDEZ
JEFE DE LA MISIÓN DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
ASUNTO: DECLARACIÓN DE VIGILIA PERMANENTE
Acudo por segunda vez a la oficina de la Misión de la OEA en Bogotá para transmitir el siguiente mensaje urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la misma organización (adjunto primer comunicado y respuesta de la MAPP-OEA de fecha 19 de marzo de 2013):
Han transcurrido 15 años desde que mi padre, el Brigadier General (R) JAIME HUMBERTO USCÁTEGUI RAMÍREZ, fue enviado a la cárcel por su supuesta participación en la masacre de Mapiripán (Meta, 1997). Durante este tiempo, he podido constatar, una y otra vez, que el Estado colombiano no le ofrece plenas garantías judiciales para demostrar su inocencia.
Es una violación flagrante al debido proceso que, después de 15 años, mi padre continúe preso sin que exista hasta la fecha un fallo definitivo que determine su responsabilidad con las respectivas garantías. Estos años han sido una tortura psicológica para mi familia.
También es un abuso sin precedentes que mi padre esté condenado a 37 años de prisión por la muerte de las siguientes personas que NO murieron en Mapiripán entre el 15 y 20 de julio de 1997 (seis de ellas ya fueron excluidas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como víctimas de la “masacre de Mapiripán” mediante resolución del 23 de noviembre de 2012): GUSTAVO CAICEDO RODRÍGUEZ, DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ CONTRERAS, HUGO FERNANDO MARTÍNEZ CONTRERAS, ENRIQUE PINZÓN LÓPEZ, LUIS EDUARDO PINZÓN LÓPEZ, JOSÉ ALBERTO PINZÓN LÓPEZ, JORGE PINZÓN LÓPEZ, JAIME RIAÑO COLORADO, OMAR PATIÑO VACA, ELIÉCER MARTÍNEZ VACA, MANUEL ARÉVALO Y RAÚL MORALES.
Al revisar el más reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de mi padre, este alto tribunal insiste en atribuirle la muerte de personas que hoy están con vida o murieron en hechos distintos a los de Mapiripán. [1]
No es menos violatorio del debido proceso que el único testimonio en contra de mi padre sea el del Teniente Coronel (R) HERNÁN OROZCO CASTRO, quien hoy está condenado en todas las instancias por la masacre de Mapiripán a 38 años de prisión y se encuentra prófugo de la justicia en Miami (EEUU) con el beneplácito de las autoridades colombianas. Está demostrado que el Coronel OROZCO engañó a la justicia para tramitar su salida del país haciendo falsas acusaciones.
Mientras ningún “paramilitar” vincula a mi padre con los lamentables hechos de Mapiripán, hay testimonios de Justicia y Paz que señalan al Coronel OROZCO como directo responsable de la masacre.[2]
Por último, no se puede olvidar que el hoy Presidente de la República de Colombia, JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, rindió un concepto escrito ante el Congreso de la República, cuando era Ministro de la Defensa Nacional en 2006, y certificó que mi padre carecía de jurisdicción y mando sobre las tropas responsables del municipio de Mapiripán en julio de 1997. Esto confirma inequívocamente la inocencia de mi padre, pero las autoridades judiciales colombianas han desconocido este testimonio y las pruebas que lo sustentan, en otro acto flagrante de violación al debido proceso y las garantías judiciales.
La justicia colombiana ha llegado al extremo de adulterar pruebas para perjudicar a mi padre, tal y como lo pudo constatar el periodista DANIEL CORONEL quien calificó esta falta como un “descuido fatal”.[3]
Estas informaciones, junto a otras relevantes, son de conocimiento de la Comisión Interamericana que ha documentado mi denuncia No. P-623-03, a raíz de una petición que realicé en el año 2003, sin que hasta la fecha se haya adoptado alguna acción para la protección y restitución de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA.
Ante estas circunstancias, observando que mi familia ha padecido los atropellos de la justicia colombiana durante 15 años, y considerando que la Comisión Interamericana no ha realizado un pronunciamiento sobre la admisibilidad de mi petición P-623-03 después de 11 años, me veo en la necesidad de declararme en VIGILIA PERMANENTE con el ánimo de implorar la protección efectiva e inmediata de mis derechos.
Este es mi llamado urgente a la Organización de Estados Americanos y particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hoy inicia su 150º periodo de sesiones en Washington D.C.
A partir de la radicación de la presente carta, permaneceré de forma indefinida, y de manera pacífica, al frente de la oficina de la Misión de la OEA en Bogotá (Calle 72 # 5 – 90) hasta ver materializados los derechos que me asisten.
Atentamente,
JOSÉ JAIME USCÁTEGUI PASTRANA
