Dos proyectos de ley dirigidos a modificar la estructura de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la creación de un Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales en Asuntos Penales, fueron presentados a consideración de la Cámara de Representantes por el fiscal
general Luis Eduardo Montealegre, el pasado 19 de septiembre.
Sala de Casación Penal de la Corte: Se trata, en primer lugar, de un proyecto de ley estatutaria por medio del cual se reforma la estructura y el funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que de ser aprobado en el Congreso se constituiría en un importante avance en la protección de derechos fundamentales y en el fortalecimiento de las garantías penales.
El proyecto propone la creación de dos salas de juzgamiento, y la designación de dos magistrados instructores en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tendrán a su cargo la investigación y acusación en los casos contra los congresistas y autoridades investidas con fuero constitucional.
La reforma a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia prevé la incorporación de significativas herramientas jurídicas para asegurar la igualdad en la aplicación de la ley y la protección de derechos fundamentales y de las garantías penales, a través de la creación de la figura de la eventual revisión de decisiones, de la posibilidad de proferir sentencias interpretativas y de unificación vinculantes para todos los jueces y de tomar decisiones con base en criterios de equidad, que permitan la mejor realización de la justicia material en los casos concretos.
Al respecto, el fiscal Montealegre explicó que “no solo se crea una segunda instancia para los congresistas, sino que además se extiende la segunda instancia para una gran mayoría de los aforados constitucionales, como generales de la República, ministros del despacho, gobernadores. Es decir, toda persona que tenga fuero constitucional distinto al de las investigaciones que adelanta la comisión de acusación y juzgamiento, tendrán la garantía institucional de la segunda instancia”.
Tribunal de Garantías: El segundo proyecto presentado a la Cámara busca la creación de un Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales en Asuntos Penales.
Las funciones de este nuevo Tribunal serán las de servir como máximo órgano de cierre en materia de garantías penales. Para el efecto se propone que el Tribunal pueda realizar la unificación de jurisprudencia, a través de la revisión discrecional de las decisiones adoptadas por los jueces de garantías y de la facultad de proferir sentencias interpretativas.
Este Tribunal podrá desplazar discrecionalmente a cualquier juez de garantías y será a su vez juez de garantías en las investigaciones o procesos penales que se adelanten contra aforados constitucionales y contra cualquier otra persona que le sea asignada por la ley. También está previsto que el Tribunal pueda realizar eventualmente el control de las acusaciones que presente la Fiscalía General de la Nación.
Una de las características del Tribunal es la forma como son designados sus magistrados, mediante la combinación de diversos sistemas de elección. Esencialmente los miembros de este nuevo Tribunal serán elegidos por la Corte Suprema de Justicia de una terna que será conformada a través de un sistema de oposición o concurso. Este sistema asegura tanto la elección por méritos, como la independencia de la rama judicial.
De acuerdo con el Fiscal: “una de la fallas del sistema acusatorio es que no existe un organismo en el interior de la estructura judicial penal colombiana que unifique la jurisprudencia y los criterios de interpretación de los derechos fundamentales dentro del proceso penal. Esta labor la cumple excepcionalmente la Corte Constitucional a través del control abstracto de constitucionalidad, o través de la tutela, por medio de la casación.
Pero no existe en Colombia un órgano que le de coherencia a la justicia y a la unificación de las decisiones que toman los jueces de control de garantías.
Entonces, como un paso más a la teoría de la irradiación de los derechos fundamentales dentro del proceso penal, que es una de las características del Derecho Constitucional y Penal moderno, se propone la creación de un Tribunal de Garantías dentro del proceso penal”.
En resumen, con los proyectos presentados por la Fiscalía al Congreso, se busca ampliar la protección a las garantías constitucionales y a los derechos fundamentales. Así mismo se fortalece el sistema acusatorio y se extiende, en lo posible, a aquellos casos en los que aún no se aplica.
De igual forma, robustecen el sistema de precedentes de la justicia ordinaria, a través de la figura de las sentencias de unificación, de las decisiones interpretativas y de la posibilidad de modular los fallos.
Las propuestas, según la Fiscalía General de la Nación, no tienen otro objeto que el de fortalecer el sistema de administración de justicia.
