Se fortalece la unidad nacional como expresión de solidaridad con nuestras FF.MM. y de rechazo a la acción criminal de las FARC.
El rompimiento de la tregua unilateral constituye una nueva declaración de guerra por parte de las FARC y demanda una pronta y contundente respuesta de carácter militar.
Después de estos trágicos hechos, conquistar la voluntad popular en favor del proceso de negociación que se adelanta en la Habana, no será tarea fácil para el gobierno actual.
Aun creemos que sea posible lograr la paz, siempre y cuando evitemos los mismos errores del pasado.
La reciente masacre de once miembros de nuestro Ejército Nacional realizada en el Departamento del Cauca por parte de las FARC, ha generado un repudio total, no solamente al interior de nuestro país, sino también en el exterior, donde se ha rechazado esta cruenta acción, planeada y ejecutada deliberadamente dentro del contexto de un cese al fuego unilateral, anunciado reiteradamente por parte de esta organización terrorista.
La sevicia, la atrocidad y las circunstancias en que se llevó a cabo esta masacre, han puesto en alto riesgo el cuestionado proceso de negociaciones que se adelanta en la ciudad de La Habana para la terminación del conflicto armado con este grupo armado ilegal. Los compromisos incumplidos y sus excesos terroristas, constituyen una clara demostración de querer aprovechar estas circunstancias, como recurso de intimidación para fortalecer sus imposiciones en la mesa de negociación.
A esta masacre, habría que agregarle otros hechos trágicos y sanguinarios que aún perduran en la memoria de los colombianos: el secuestro y asesinato de los diputados del Departamento del Valle, el uso de collares bomba, la decapitación y descuartizamiento de miembros de la fuerza pública, el caso de Bojayá, el carro bomba en el Club el Nogal de Bogotá, etc., etc.
La respuesta de los colombianos no se hizo esperar. Miles de ciudadanos salieron a las calles de varias ciudades a acompañar las honras fúnebres de los militares asesinados. Emotivas ofrendas florales en cuarteles e instalaciones militares como muestras de solidaridad. Múltiples manifestaciones de apoyo a través de las redes sociales. Pronunciamientos de distinto tipo exigiendo de inmediato mano firme por parte del gobierno y un cambio radical de esa actitud pusilánime y complaciente que para muchas personas, ha caracterizado el manejo de este proceso. Fueron inmensas las recriminaciones en tal sentido.
Frente a la presión ciudadana, el Jefe del Estado anunció una serie de medidas que serían adoptadas en el marco de la negociación, entre las cuales estarían la de fijar una fecha limite para la finalización de este proceso y el uso del poder aéreo disponible para continuar con los bombardeos a campamentos y a otros blancos legítimos que puedan ser localizados e identificados como pertenecientes a esta organización terrorista. Exigió también actos serios y confiables de voluntad de paz como garantía para continuar las conversaciones.
Las medidas adoptadas por el ejecutivo, han sido de buen recibo por parte de los distintos sectores de la sociedad. La indignación nacional se ha hecho manifiesta, rechazando también la actitud intransigente de las FARC, respecto a sus continuos y reiterados pronunciamientos al no querer aceptar bajo ninguna circunstancia, los mecanismos de justicia transicional establecidos universalmente como único instrumento posible para resolver lo concerniente a la acción penal a que haya lugar, el reconocimiento obligante de quienes han sido sus víctimas, el desarme real y efectivo de toda la organización, el sometimiento total a la legalidad y normatividad democrática, y finalmente la refrendación popular requerida para validar los acuerdos y compromisos que sean pactados.
Esta persistente e inaceptable actitud, se ha constituido en el principal obstáculo para avanzar en este controvertido proceso. Para muchos colombianos, se rebozó la copa y la paciencia igualmente se agotó. Lamentablemente, no son muchas las esperanzas de paz frente a las actuales circunstancias. Las últimas encuestas de opinión, así no lo demuestran.
Después de estos graves acontecimientos, conquistar nuevamente la voluntad popular en favor de este proceso, no será tarea fácil para el gobierno nacional. Hay que generar credibilidad y confianza en la opinión pública y sobre todo al interior de las Fuerzas Armadas para aclarar serias dudas y preocupaciones que han surgido en lo que va corrido de estas negociaciones.
Para este propósito, le corresponde al Jefe del Estado fijar claras directrices que permitan reorientar la hoja de ruta de los negociadores, asumiendo públicamente un mínimo de compromisos, tales como:
1. Bajo ninguna circunstancia sacrificar nuestros principios y valores democráticos de larga tradición, a cambio de inciertas soluciones.
2. Un manejo político inapropiado o equivocado frente a exageradas imposiciones de estas organizaciones terroristas, constituiría un daño irreparable al futuro del país. Se pondría en alto riesgo el porvenir de la República.
3. Las concesiones que ofrezca el Estado en este proceso, no pueden constituir una muestra de debilidad que pueda ser hábilmente explotada por los terroristas.
4. El gobierno solo ofrecerá lo que nuestras instituciones democráticas otorgan a todos nuestros conciudadanos. No habrá ningún tipo de privilegios.
5. La paz puede ser la victoria, pero como bien se dice, para alcanzarla, hay que ganar la guerra. Ganar la guerra es quebrar la voluntad de acción de los terroristas. Es debilitarlos tanto como sea necesario para lograr que renuncien a sus pretensiones y se sometan a las leyes de la República. Esto no implica exterminar hasta el último terrorista.
6. Se buscara una paz estable y duradera y unas Fuerzas Armadas altamente motivadas y fortalecidas que tengan la suficiente capacidad para garantizarla.
7. No se permitirá terroristas ejerciendo cargos de poder y militares y policías que han defendido legal y constitucionalmente esta nación, condenados, humillados y confinados en las distintas cárceles del país.
8. En su momento oportuno, se impondrá con carácter obligatorio, el cese al fuego unilateral que prohíba expresamente el accionar terrorista indiscriminado contra la población civil, el uso de campos minados, el desalojo de tierras, el secuestro, la extorsión y la comisión de otros delitos atroces que perturben la tranquilidad ciudadana.
9. Todo tema relacionado con nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional, tal como se ha venido afirmando, será innegociable. De todos es bien conocido, la intención de debilitar el sistema de seguridad y defensa nacional, único freno real y efectivo, que les impediría lograr en un futuro inmediato, implantar por la fuerza o la intimidación, un régimen autoritario, al estilo de los ya existentes en nuestra región. En este proceso de negociaciones, sin duda alguna trataran de imponer como mínimo, algunas condiciones como la eliminación definitiva del fuero y de la justicia penal militar y policial, la doctrina de defensa y seguridad nacional, la revisión de la situación laboral de los miembros de la fuerza pública en su carácter de régimen especial, la reducción del pie de fuerza y restricciones significativas de tipo presupuestal. También podrían incluir la creación de una guardia o milicia nacional, que seria integrada por los terroristas que sean desmovilizados.
Esperamos que al final de este proceso, se pueda lograr como mínimo, los siguientes acuerdos:
1. Desmovilización total y entrega de armas.
2. Suspensión definitiva de todas las actividades atinentes a la minería ilegal y al narcotráfico, incluyendo producción, comercialización, entrega de rutas y bajo ninguna circunstancia, darle carácter de delito conexo al delito político para que pueda ser efectiva su penalización.
3. Acción penal real y efectiva contra quienes se desmovilicen, mediante la correcta y justa aplicación de los beneficios que sean contemplados en la ley estatutaria que establezca el marco jurídico para la paz de reciente aprobación. La justicia transicional, debe castigar como mínimo los delitos atroces y todas las conductas consideradas de lesa humanidad.
Consecuente con lo anterior, queremos reafirmar una vez más, nuestra clara intención de respaldar este proceso dentro de las circunstancias aquí planteadas, esperando que los resultados que sean obtenidos, constituyan el primer paso para lograr ese anhelo nacional de conseguir una paz firme y duradera, con la plena aceptación y satisfacción de la totalidad del pueblo colombiano.
