En un contexto académico como lo es la Universidad del Rosario, se llevó a cabo un foro sumamente importante para el debate nacional respecto a la Justicia Transicional en Colombia y el papel de la Corte Penal Internacional.
El foro se dividió en 3 grandes momentos donde en un principio se llevaron a cabo importantes intervenciones en su orden el Vicefiscal de la Corte Penal Internacional James Stewart, Fabrizio Hocshild Coordinador Residente y Humanitario de la ONU, Dr. Humberto de la Calle jefe del equipo negociador en La Habana, David Tolbert Director del Internacional Center Of Transitional Justice-ICT y Todd Howland Alto Comisiodando de la ONU para los DD.HH.
Posteriormente se dio un panel de discusión donde participo la profesora de la Universidad del Rosario Camila de Gamboa, el Dr. Gustavo Gallón Director de la Comisión Colombiana de Juristas, Clara Inés Vargas negociadora del gobierno de Colombia en el estatuto de Roma y finalmente en el tercer momento del foro el Fiscal General de la Nación Dr. Eduardo Montealegre y el Procurador General de la Nación Dr. Alejandro Ordoñez.
James Stewart vicefiscal de la CPI quien con su intervención abrió el foro y de la cual giro este gran evento, dejó claro la posición del tribunal internacional sobre la aplicación de normas jurídicas especiales en Colombia tras firmar la paz. Para la CPI, el modelo jurídico que se diseñe en el periodo de transición «puede y debe estar en consonancia con el Estatuto de Roma» que suscribió Colombia, algo que no cierra la puerta a opciones flexibles.
Si las sentencias que se obtengan cumplen los objetivos de condenar de forma pública al criminal y su conducta, y además se reconoce y repara a las víctimas, la CPI entiende que el resultado es positivo, añadió. También recalcó que el país deberá asegurarse de que «los crímenes más graves no queden impunes», sin especificar qué tipo de medidas para evitar la impunidad son consideradas oportunas por el CPI o si éstas deben implicar en todos los casos cárcel
Podemos rescatar de estos tres momentos los siguientes conceptos:
El jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que se está construyendo un modelo de justicia transicional que cobije a agentes del Estado y a los guerrilleros de las FARC, para aplicarlo cuando se firme el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto.
«En el Gobierno se viene trabajando en un modelo de justicia transicional para agentes del Estado, que con las diferencias obvias corresponde a la equivalencia que el Marco Jurídico para la Paz proclama».
«No estamos olvidando la responsabilidad de los agentes del Estado, no estamos buscando condenas para las FARC e impunidad para los agentes del Estado y hay casos de falsos positivos y de orígenes sexuales que hay que revisar. El conflicto es uno solo».
El Fiscal General de la Nación Dr. Eduardo Montealegre Montealegre aseguro que el modelo de nuestra constitución es totalmente compatible con el estatuto de Roma y que también el Marco de Justicia Transicional que se busca implementar en el país es compatible con el Estatuto de Roma.
Así mismo el Fiscal Montealegre celebro que la CPI abrió una puerta para que pueda valorarse la naturaleza de las penas alternativas distintas a las penas privativas de la libertad y afirmo que estas dependen del contexto y de la regulación específica del tipo de alternatividad penal.
Según el Fiscal General de la Nación el estatuto de Roma no obliga a penas privativas de la libertad y además tiene un margen de discrecionalidad, margen de apreciación para que de cuando a las necesidades se pueda maniobrar. Además cerró su intervención con una crítica hacia la CPI asegurando que esta fragmenta la interpretación del Estatuto de Roma, “la justicia no es solo retributiva”.
El Procurador General Dr. Alejandro Ordoñez cerró el evento con una posición clara y basada en experiencias de tribunales penales a nivel internacional, en su intervención propuso unos mínimos para el modelo de Justicia Transicional y de obligación del Estado:
1. Justicia auténtica, investigación a delitos atroces, debidos efectos e investigación efectiva junto a pena efectiva.
2. Pena proporcional a los hechos y circunstancias personales del condenado.
3. Todos los tribunales internacionales han tenido la facultad de condenar con penas privativas de la libertad, cárcel seguridad no blindaje jurídico.
4. Implementar la cárcel según como el Estado la imponga. Art 110 CPI
5. Imposibilidad sobre la suspensión total de la pena.
6. Exclusión de la participación política a los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Para finalizar el evento el Procurador Ordoñez tras entregarle al vicefiscal de la CPI Stewart casi 3000 casos de desaparición forzada por parte de las FARC dejo al aire la siguiente propuesta: que los máximos responsables cumpla su pena de cárcel en el extranjero y que esta reclusión y los establecimientos carcelarios la verifique la CPI.
