Creación de la “Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición”.
¿Verdad – Justicia – Reparación – Garantías de no repetición?
El reciente comunicado de los negociadores de La Habana, respecto de la creación de la Comisión de la Verdad, en desarrollo del punto de Víctimas del Conflicto, genera muchas dudas y más preguntas que respuestas.
Plantea el comunicado que su objetivo principal es el de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y al reconocimiento de responsabilidades ante las víctimas del conflicto, con el propósito de evitar su repetición y buscar sobre bases firmes la reconciliación y la construcción futura de una paz firme y duradera.
Hasta ahí, es perfectamente entendible e inobjetable. También lo es en lo relacionado con algunos de sus criterios orientadores, en cuanto a su momento de aplicación, su situación transitoria, su enfoque diferencial y de género, sus condiciones de seguridad y su carácter de mecanismo extrajudicial.
Sin embargo, dadas las experiencias obtenidas anteriormente con relación al foro nacional y otros de tipo regional, realizados como parte de la agenda de negociación pactada sobre este mismo tema, fueron tantas las irregularidades cometidas, que ACORE, en su momento, hizo público un pronunciamiento, denunciando en forma categórica la actuación asumida por las Farc, como también la de unos falsos voceros de supuestas víctimas y la de algunos organismos nacionales e internacionales, con lo cual se ofendía en materia grave la dignidad de las Fuerzas Armadas de la República y se afectaba la imparcialidad requerida para adelantar este proceso. Se insistía también en acusar y hacer responsable al Estado colombiano por infundados hechos criminales no comprobados, atribuyéndolos sin verdad jurídica alguna, a miembros de la Fuerza Pública. (Dada su importancia, este pronunciamiento con todo su contenido, se reproduce en esta misma edición).
Estos graves antecedentes, suficientemente conocidos y comprobados, son precisamente los que ponen en entredicho la credibilidad, idoneidad, imparcialidad, autonomía y entendimiento, a que se pudiera llegar en desarrollo de este proceso aclaratorio, respecto a la verdad histórica del conflicto.
Para el caso de la Fuerza Pública, según las Farc, el principal y único responsable por violaciones constantes y sistemáticas de los DD.HH y del D.I.H es el Estado colombiano y, consecuentemente, quienes portan las armas de la República como causantes directos de este tipo de violaciones. Igualmente, se consideran víctimas y no victimarios. Tampoco aceptan comprometimiento alguno, y menos sus cabecillas, como máximos responsables de su accionar terrorista y criminal.
Exigen insistentemente la rápida conformación de la Comisión de la Verdad para sustentar a través de este instrumento, la tesis de que todas sus actuaciones son y han sido actos de guerra, ya que “su política tradicional es la de no causar daños a la población civil”. En su habitual cinismo, y contando con la anuencia de organismos nacionales e internacionales y el respaldo de diferentes ONG de extrema izquierda radical que les son afines, obtendrán sin duda alguna, grandes ventajas para distorsionar a su acomodo, la verdadera realidad histórica del conflicto y, sobre todo, para sentar las bases necesarias que les permita argumentar que las negociaciones, por ningún motivo, se constituyan en un proceso de sometimiento a la Justicia. Es decir, frente a la verdad histórica… total impunidad.
En estas circunstancias, es de suponer, que la Fuerza Pública será señalada como principal responsable de la mayor parte de victimas generadas por el conflicto armado. Curiosamente, esta misma afirmación es coincidente con lo expuesto por el Centro de Memoria Histórica de la Presidencia de la República en su reciente publicación ¡Basta ya!, que lamentablemente por disposición del Gobierno, se ha convertido en texto de enseñanza obligatoria en los centros educativos del país.
En esta misma dirección, el cuestionado informe financiado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, rendido por catorce intelectuales proclives en su mayoría a la extrema izquierda radical, designados por la mesa de negociaciones de La Habana, produjo un relato histórico del conflicto sin sustentación ni aclaración alguna sobre su verdadera realidad. Este documento, según voceros de las Farc, permite comprender la complejidad de este conflicto y las causas que lo originaron en materia de justicia social, lo cual consideran de responsabilidad exclusiva del Estado. En tales condiciones, este informe también favorece a las Farc, por cuanto siempre se han autocalificado como “victimas del establecimiento”.
Frente a esta situación, tal como ahora se visualiza, los miembros de la Fuerza Pública estarán sometidos -dentro de este proceso- a injustos señalamientos de lo que podría ser una historia mal contada y habilidosamente manipulada por víctimas y relatores no confiables, y supuestas organizaciones de carácter humanitario, que siempre han favorecido a esta agrupación terrorista, responsable en grado sumo, de múltiples crímenes atroces contra el pueblo colombiano.
