Los cultivos de coca han crecido y el Gobierno ha reconocido el fracaso de proyectos de sustitución de cultivos. La experiencia de tres regiones del país refleja algunos de los errores más comunes y los aprendizajes más valiosos en este campo.
“Hemos fracasado en darles a los miles de campesinos una alternativa para que, en lugar de estar produciendo coca, produzcan algo diferente. Y mientras eso no suceda, la producción de coca seguirá”, dijo el presidente Juan Manuel Santos ante una audiencia de estudiantes en la Universidad Nacional en enero de este año.
El fracaso de esta lucha contra los cultivos de coca también se ve reflejado en las cifras. De acuerdo con estadísticas que la Casa Blanca dio a conocer el mes pasado, en el país hay cerca de 159.000 hectáreas de coca, un 42% más que en 2014. Aumento que ha venido registrando la Oficina de Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (Unodc) en sus últimos informes.
En ese sentido, hace casi dos años se firmó el cuarto punto de la agenda entre las Farc y el Gobierno en la Mesa de Negociaciones, conocido como “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Acuerdo que, entre otras cosas, propone un nuevo programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo que se acuerde previamente con las comunidades. Además, se propone una nueva estrategia criminal que no recaiga en los campesinos cultivadores de coca.
La investigadora María Clara Torres, experta en temas de cultivos ilícitos, realizó un balance de tres experiencias regionales en el tema de cultivos ilícitos financiadas por la Unión Europea en Colombia. Los hallazgos del estudio titulado “La coca campesina en Colombia: un desafío para el postconflicto”, próximo a su publicación, ofrece un análisis de las lecciones aprendidas y unas recomendaciones para tratar el tema de los cultivos de coca una vez sea firmado el acuerdo de paz. Para ello recorrió tres regiones del país: el corregimiento de Micoahumado de el sur de Bolívar, los municipios de Leiva y Rosario en Nariño, y el corregimiento de Puerto Toledo en el Meta. Este informe hace parte las investigaciones que la RedProdepaz realiza sobre los aprendizajes y recomendaciones a partir de 20 años de trabajo de los programas de Desarrollo y Paz en los territorios.
Aún si todos los proyectos fueron financiados por la Unión Europea, no abordaron una única estrategia. El programa varió según la región y los actores que intervinieron. “Se trató de actores con diferentes poderes de negociación y con lecturas distintas sobre el problema de los cultivos ilícitos”, aseguró Torres.
Un error de varios de estos programas ha sido su visión de corto plazo. De acuerdo con la investigadora, los proyectos y la asistencia técnica deben seguir hasta que generen ingresos estables a los campesinos, es decir, un mínimo de cinco años. “Los proyectos que terminan antes de que los cultivos comerciales permanentes generen ingresos estables, suelen fracasar estruendosamente”, indicó.
La comercialización ha sido el ‘talón de Aquiles’ de los programas de sustitución de cultivos más fuertes. Los esfuerzos se han enfocado más en el proceso de producción, sin prever los problemas que tendrán los campesinos para sacar sus nuevos productos al mercado, ni cómo se enfrentarán a la fluctuación de precios.
VerdadAbierta.com hace un recuento de estas tres experiencias regionales en el tema de cultivos ilícitos y sus más importantes lecciones.
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6227-las-lecciones-de-una-frustrada-pelea-contra-la-coca
