ACORE presente en nuevos escenarios internacionales en defensa de nuestra legitimidad y dignidad institucional.
Excelente oportunidad para denunciar la guerra política, jurídica y mediática de que son víctimas nuestras instituciones militares y policiales.
En nuestra condición de nuevos agentes consultores de la Organización de Estados Americanos (OEA), haremos presencia en importantes escenarios de carácter internacional, junto con distintas organizaciones pertenecientes a 35 países de nuestro continente.
Para esta participación, la Asociación ha recibido invitación formal del Consejo Permanente de este organismo, para asistir al Cuadragésimo Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA que se celebrara en Santo Domingo, República Dominicana, del 12 al 15 de junio del presente año.
Este importante compromiso será la oportunidad para abrir nuevos espacios de intercambio y cooperación entre diferentes organizaciones de la sociedad civil y los estados miembros que conforman este organismo de carácter regional.
Para este propósito, se ha venido preparando una agenda consultada con las 18 asociaciones del cuerpo de oficiales de la reserva activa de las FF.MM. y la Policía Nacional pertenecientes a la Mesa de Trabajo Permanente, sobre temas de interés institucional y aspectos relativos a seguridad y defensa nacional.
De manera prioritaria y en coordinación con la Defensoría Militar, entidad que igualmente ostenta su condición de agente consultor, se pretende en esta asamblea discutir prioritariamente temas relacionados con la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública, con el ánimo de impulsar eventuales acuerdos de cooperación para la defensa de sus derechos en distintas instancias internacionales.
Sobre este particular, se dará a conocer la guerra política, jurídica y mediática que están enfrentando nuestras instituciones castrenses y policiales por causa del conflicto armado que registra el país desde hace varias décadas; señalando la activa participación de distintas organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras (ONG), en una persistente y sistemática campaña de intimidación y desinformación, en la cual se formulan graves imputaciones sin pruebas ni sustentación jurídica alguna, sobre supuestas violaciones a los derechos humanos.
Dentro de este tema, habrá que explicar lo que se pretende con esta campaña difamatoria, que no es otra cosa que intentar demostrar en forma tendenciosa y sin formula de juicio ante la comunidad internacional, la existencia de «una supuesta doctrina de seguridad nacional de origen norteamericano», aplicada particularmente por el estamento militar colombiano, orientada hacia la persecución sistemática de los distintos movimientos socialistas, progresistas y corrientes neocomunistas que actúan en nuestro país. Habrá que denunciar también la intensa actividad desarrollada en este campo por el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC) o PC3, que no es otra cosa que el brazo político “invisible” con que cuenta la organización narcoterrorista Farc para conducir este tipo de acciones en forma clandestina, advirtiendo que esta organización, constituye una formidable máquina de guerra política para infiltrar las distintas instituciones del Estado (rama ejecutiva, legislativa y judicial) y organizaciones sociales que sean de su interés político (gremios, sindicatos, universidades, entre otras).
Dentro de esta misma agenda, también se han preparado estos otros posibles temas que pudieran ser motivo de discusión o de interés para los participantes:
1. Alternativas procesales para miembros de la Fuerza Pública.
a. Fuero y justicia penal militar y policial vigente.
b. Justicia transicional y Jurisdicción Especial para la Paz.
c. Justicia ordinaria y su aplicación actual.
d. Tribunales internacionales en busca de garantías procesales por denegación de justicia.
e. Otras alternativas posibles dentro de la legislación interna del país.
2. Proceso de negociaciones en La Habana y sus efectos en la estabilidad democrática del país (dudas y preocupaciones).
a. Exceso de concesiones: ¿Se negocia dentro de la Constitución o por fuera de sus preceptos?
b. Desarme y desmovilización:
– ¿Entrega total y verificable de las armas con que cuentan?
– ¿Cese real y efectivo de toda actividad criminal?
– ¿Entrega de bienes y recursos asociados con hechos delictivos?
– ¿Desmovilización o reintegro de sus organizaciones delictivas como un simple cambio de brazalete o etiqueta?
c. Territorios de Paz:
– ¿Utilización de Zonas de Reserva Campesina con autonomía especial sin mayor control por parte del Estado?
– ¿Plena garantía para el respeto a la propiedad privada?
– ¿Coincidencia con zonas de influencia donde han desarrollado minería ilegal y narcotráfico para ejercer un control territorial?
d. Refrendación Popular:
– ¿Plebiscito, constituyente o acuerdo con características de tratado internacional?
– ¿Se omitirá esta refrendación por no considerarse de obligatoriedad jurídica y legal?
3. Situación actual del proceso de negociaciones con las Farc y el ELN.
– Agendas previstas para estos procesos.
– Aspiraciones gubernamentales.
– Logros alcanzados, salvedades y otros temas por resolver.
4. Fuerzas Militares y Policía Nacional en el posacuerdo o posconflicto.
– ¿Hasta qué punto desaparece o disminuye la amenaza?
– ¿Qué tipo de transformaciones requiere la Fuerza Pública para cumplir su misión constitucional y enfrentar nuevas amenazas en materia de seguridad y defensa nacional?
– ¿Qué implicaciones podrían surgir de estas eventuales transformaciones?
– ¿La tarea prioritaria de seguridad nacional que ha prevalecido deberá ser modificada para garantizar una mayor seguridad ciudadana?
5. Foro de Sao Paulo y sus efectos políticos en el país y en la región iberoamericana.
– Conformación de este organismo y participación regional.
– Estado actual y plan de acción en el escenario internacional.
6. Víctimas de la Fuerza Pública por causa del conflicto armado.
– Reconocimiento de verdad, justicia y reparación integral.
– Garantías y plena protección de sus derechos fundamentales.
7. Refrendación de acuerdos pactados con categoría de tratados para buscar un blindaje internacional
– Interpretación del artículo tercero común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
– La voluntad popular, los derechos humanos, el DIH y su prevalencia sobre cualquier otra norma de carácter supranacional.
– La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su aval por parte de la Corte Penal Internacional.
– Vigencia de la institucionalidad democrática como valor supremo de nuestro estado de derecho y soberanía nacional.
Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera
Presidente Nacional de ACORE
