El pasado 2 de agosto se realizó en la Universidad Militar Nueva Granada el seminario “Derechos Humanos y Derecho Internacional de los conflictos armados: Desafíos Contemporáneos”, en el que entre otros, se analizaron diversos aspectos de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
Igualmente se trataron temas como el Fuero Penal Militar, desde el punto de vista de los derechos constitucionales que tienen los miembros de la fuerza pública, la seguridad jurídica de los combatientes y la situación de varios de ellos que se enfrentan actualmente a los tribunales de justicia como producto de la guerra jurídica y política.
En desarrollo del seminario y sobre el tema de la CPI, los participantes nacionales e internacionales reiteraron que el organismo ha sido establecido como una justicia complementaria no subsidiaria que funciona en dos momentos procesales.
El primero de ellos, explicaron, en ciertas situaciones de conflicto en los que se produce violencia sistemática contra la población civil, es decir, los llamados delitos de lesa humanidad que son impresciptibles.
Una segunda instancia de actuación es aquella que va dirigida contra individuos concretos con dinámicas de violencia específicas.
Durante el seminario, el director de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación, Alejandro Ramelli, hizo una exposición sobre el tema de la modernización de esa entidad para adecuarla a los retos que genera el conflicto, y frente a eventuales negociaciones de paz.
En ese sentido, Ramellí, se refirió, entre otros temas, a la propuesta de priorización de los delitos, que, dijo, es una técnica que permite gestionar de manera racional y eficiente las demandas ciudadanas de justicia, estableciendo unos órdenes de atención de las mismas, con base en la adopción de unos criterios objetivos.
Según el funcionario, para ello es necesario utilizar una serie de insumos, como el análisis criminal estratégico y el análisis militar, con metodologías empleadas por los tribunales penales internacionales.
En el certamen participaron, entre otros, el presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya, Héctor Olasolo, Diana Ávila del Programa Presidencial para los Derechos Humanos; Jean Carlo Mejía Azuero PhD en Derecho, investigador y experto en Derecho Internacional, y el brigadier general, Diego Yesid Sánchez, comandante de la Jefatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
