Frente a la reciente sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la ubicación de la Policía Nacional en el territorio colombiano, la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa (MPT), señala:
1- El artículo 218 de la Constitución Política de Colombia precisa: “(…) La policía nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas (…)”
2- Que los grupos armados ilegales que actúan en el país tienen, entre otros objetivos, socavar y atacar las instituciones legalmente constituidas para, de esa manera, impedir que los ciudadanos ejerzan a plenitud de los derechos y libertades consagrados en la Constitución.
3- Que para el cumplimiento de su misión constitucional, la Fuerza Pública, y concretamente la Policía Nacional, deberá hacer presencia en todo el territorio nacional. Lo contrario sería dejar en manos de los grupos ilegales el control de una parte de este territorio.
En virtud de lo anterior, la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa (MPT) de las Fuerzas Militares y de Policía, RECHAZA la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones que a continuación se expresan:
1- La sentencia se constituye en un nuevo golpe contra las instituciones legítimamente constituidas, al considerarlas causantes directas de las víctimas y daños ocasionados por los grupos armados ilegales, a los que, sin rubor alguno, el Consejo de Estado exime de responsabilidad.
2- La sentencia va en contravía de otras emitidas por la misma Sección del Consejo de Estado, como la de julio de 2013, en la que precisa que la Policía Nacional debe tomar las acciones pertinentes para garantizar la presencia de los uniformados en todas las regiones, y que deberá velar por la integridad personal y patrimonial (…) “de todos los ciudadanos con el fin de que no estén expuestos a problemas de seguridad (…)”.
3- La sentencia del tribunal se suma a otras decisiones similares que corresponden, claramente, a la guerra política y jurídica desatadas en contra de la Fuerza Pública por algunos sectores de izquierda que representan los verdaderos intereses de los grupos armados ilegales, los cuales buscan obtener en los estratos judiciales las victorias que no han conseguido en el campo militar.
4- Renunciar a la presencia de la Fuerza Pública en cada rincón de Colombia para, presuntamente ‘proteger’ a los civiles, sería como obligar a las Fuerzas Militares a retirarse del país, en caso de un conflicto externo, con el fin de proteger a esos mismos civiles.
5- La sentencia del Consejo de Estado va en concordancia con las exigencias del grupo terrorista Farc, en la mesa de negociación de La Habana, que buscan limitar y socavar la Institución militar y policial, en beneficio de sus intereses.
Finalmente, la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa (MPT), extiende su voz de solidaridad y respaldo a los hombres y mujeres de la Policía, y los alienta para que continúen cumpliendo a cabalidad con su misión constitucional, a pesar de los crecientes factores de desmotivación provenientes de la misma institucionalidad.
