Por Natalia Springer
El Tiempo, 20 de octubre de 2014
“El cuentazo del Eln con la paz, que ha intentado con cada gobierno desde hace más de 20 años, es una estafa sistemática y por eso merece la pena preguntarle al presidente Santos, aunque no le guste mucho y haya pedido discreción, si realmente es una buena idea negociar con ese grupo guerrillero.
Valdría la pena revisar, por ejemplo, la agenda de negociación del gobierno de Álvaro Uribe con el Eln. A diferencia de las Farc, Uribe avanzó en negociaciones con el Eln que tomaron varios años y por cuya causa se ordenaron una serie de acciones conducentes a generar confianza y facilitar los diálogos, como el traslado y la liberación de personas, la apertura de canales desde las cárceles, la creación de la Casa de Paz en Medellín, etc.
Estos acercamientos facilitaron el establecimiento de una agenda de paz, que en diciembre del 2007 se concretó en un “acuerdo base” –cuyos apartes citaré en comillas en adelante–, cargado de una generosidad extraordinaria, en el que no solo se le otorgó un reconocimiento de facto al Eln (“este acuerdo compromete al Gobierno Nacional y al Eln, que en adelante se llamarán las partes”), sino que se validaron una serie de acciones francamente inaceptables.
El primer punto avala el cese del fuego y cancela toda capacidad ofensiva del Estado. En el ‘Capítulo I. Ambiente para la paz’ se lee, por ejemplo: “Con el propósito de generar un ambiente propicio para la paz, el Gobierno Nacional y el Eln acuerdan, a partir de la fecha: cese de las operaciones y dispositivos ofensivos entre la Fuerza Pública y el Eln”. Además, se cede soberanía con el establecimiento de un mecanismo de verificación mixto, que protegería a los representantes del Eln y que tendría capacidad preventiva. El mecanismo, dispuesto en el punto 2, se estructuró así: “Para el cabal cumplimiento del cese del fuego y las hostilidades, se establecerá un procedimiento de verificación con componentes nacionales e internacionales, basados en la comunicación y la confianza. La verificación tendrá un carácter esencialmente preventivo”.
Como condición para el diálogo, ese grupo insurgente se comprometió con la “suspensión nacional de retenciones y liberación de retenidos por parte del Eln” y con la “limpieza conjunta de zonas del material explosivo industrial y no industrial, como las minas antipersonales (MAP) y las municiones sin explotar (Muse)”. Sin embargo, el Eln se negó a aceptar la entrega de niños en sus filas y el reclutamiento y adiestramiento de nuevos miembros, no aceptó que se hablara de un eventual desarme, ni la “puesta en marcha de un mecanismo especial de verdad, justicia y reparación”.
A pesar de su intransigencia, al no aceptar estos mínimos humanitarios, no se detuvo el paso de las conversaciones. A cambio de acabar con el secuestro, el Gobierno se comprometió a liberar a los detenidos del Eln por rebelión, a suspender las órdenes de captura contra miembros del equipo negociador del Eln (incluso, por crímenes graves) y a reconocer al Coce como cuerpo representante.
Defiendo el esfuerzo genuino y difícil que emprendieron Luis Carlos Restrepo y, a través de él, Álvaro Uribe, al tratar de concretar esa paz. Lo defiendo porque la paz es un ejercicio sucio y en extremo desgastante, pero legítimo, aunque hoy desde la oposición el senador no lo reconozca. Pero no me cabe duda de que el Eln nunca tuvo voluntad de negociar, como no la ha tenido en las últimas dos décadas, entre otras cosas porque la paz para ellos ha sido otra línea de negocio.
La pregunta, señor presidente Santos, es: ¿qué lo lleva a considerar que existen unas condiciones nuevas o distintas con el Eln como para presumir que se sienta esta vez sí a negociar en serio?”
Natalia Springer
