Al Congreso llegará, una vez más, un proyecto para hacerle un revolcón al sistema con el que son juzgados los miembros de la Fuerza Pública. Desde la justicia penal militar dicen que a partir de este año serán independientes del Ministerio de Defensa. Este diario conoció cifras del funcionamiento de este sistema de justicia que respaldarían la tesis de que se requieren cambios. Análisis.
Los últimos dos años no han sido los mejores para la Fuerza Pública. Su imagen, sus valores y su consigna suprema de defender y proteger a la población civil quedaron en entredicho como pocas veces por el actuar, eso sí, de unos cuantos. Lo ocurrido al cierre de 2019 -con las denuncias de abusos y excesos en el uso de la fuerza durante el paro nacional- es una muestra de la crisis, y casos como el homicidio del estudiante Dilan Cruz ejemplifican la indignación. Pero 2020 tampoco fue alentador: la violación de una niña indígena del resguardo embera-katío a manos de siete soldados del Ejército, las denuncias de ventas de armas a grupos ilegales, el escándalo de perfilamientos o la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de policías en Bogotá desataron una ola de furia y cólera ciudadana inédita, con consecuencias y repercusiones aún indeterminadas.
Lo que hay de fondo es, entre otras, un clamor de justicia y un grito de basta impunidad. Ante ello, la oposición a l gobierno de Iván Duque en el Congreso cree tener la fórmula para atender los reclamos y robustecer el componente de derechos humanos en la Fuerza Pública. Por ello, insistirá este 2021 en un proyecto de acto legislativo -es decir, que implica modificar la Constitución- para reformar la justicia penal militar, que investiga y juzga los delitos cometidos por los uniformados durante el servicio.
La iniciativa levanta roncha desde ya y abre un delicado debate. Sin embargo, antes de entrar en los argumentos de lado y lado, un vistazo al trabajo de la justicia penal militar permite dimensionar y aterrizar la discusión. En octubre pasado, vía derecho de petición, El Espectador requirió a la dirección ejecutiva de ese organismo para que presentara estadísticas sobre los casos de su competencia. Tuvieron que pasar casi dos meses -debido a la pandemia-, para que el documento fuera contestado a finales de diciembre. Fueron allegadas cifras de 2019; no obstante, solo las investigaciones hasta marzo de 2020. Que a finales de año solo haya registro del primer trimestre evidencia, entre otras, las dificultades en el manejo de la información en la justicia penal militar.
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