La JEP discrimina a los militares

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Néstor Raúl Correa Henao – Ex Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP

Introducción

Por gentil invitación de ACORE, se presentan aquí algunas reflexiones sobre los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra la Fuerza Pública.

Antes de entrar en materia es oportuno recordar que el conflicto armado en Colombia terminó en una derrota de las Farc y en una victoria de las Fuerzas Armadas y del Estado. Si bien se suscribió por consentimiento bilateral un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla, con concesiones recíprocas (entre ellas una justicia light a través de la JEP), el punto es que la guerrilla atacó el régimen durante 50 años y no pudo tomarse el poder. Fracasó en su intento, a pesar de contar con todo el tiempo (medio siglo) y los recursos (del narcotráfico y el secuestro) para hacerlo. Al final, no fue el Ejército Nacional el que entregó las armas, como tampoco fueron las autoridades las que suscribieron “Actas de sometimiento” para poder reintegrarse a la sociedad; fueron las Farc. Y del hecho de que las Farc no hubiesen sido aniquiladas, no se sigue que esa supervivencia inútil pueda ser vista como una victoria militar: el juego no consistía en sobrevivir sino en tomarse el poder. El punto es que las Farc intentó por 50 años tomarse el poder por las armas y fracasó, porque las Fuerzas Militares se lo impidieron, motivo por el cual desistió de seguir intentándolo y entregó las armas. Esto tan simple y obvio no fue sin embargo advertido por la Comisión de la Verdad ni ha sido valorado lo suficiente por la opinión pública.

Y por una paradoja, el ejército ganador (la Fuerza Pública) es castigado severamente en la JEP, mientras que el ejército perdedor (la guerrilla) es privilegiada en dicha Jurisdicción. El mundo al revés.

A continuación, se abordan cinco puntos orientados a demostrar la discriminación que en la JEP padece la Fuerza Pública colombiana.

Primero: La JEP equipara los delitos de las FARC con los de los militares, sugiriendo que ambos son igual de culpables

Todo asesinato es igualmente reprochable, con o sin ley, con o sin justificaciones mesiánicas: todo homicidio es igual de atroz. Pero, en cifras objetivas, los militares habrían presuntamente matado un número mucho menor de personas que las Farc. Y ni hablar de los otros delitos de la ex guerrilla. Pero se vende la idea de que las Farc son éticamente superiores, por sus presuntos motivos altruistas, lo cual es totalmente inaceptable. Y por esta vía la JEP banaliza los aterradores y numerosos crímenes de las Farc.

En efecto, según el Informe de la Comisión de la Verdad, estas son las cifras sobre los homicidios de las Farc: de un total de 450.664 casos que hubo en el país en 33 años, de 1985 a 2018, las Farc cometieron el 21% = 94.500. Si a esas cifras se les hace una proyección, se podría estimar que las Farc en cincuenta años asesinaron a cerca de 200 mil personas.

Esta cifra resulta del siguiente ejercicio: si en 33 años asesinaron a 94.500 personas, en 50 años que duró el conflicto habría asesinado otras 47.250 (por regla de tres), lo que da un total de 141.750 personas. A ello habría que sumarle los colombianos que las Farc desapareció: si en 33 años despareció a 29.280 personas, en 50 años habría desaparecido otras 14.640 (por regla de tres), lo que da un total de 43.920 personas. Hasta ahí van 185.670 muertos. Y se llega a doscientos mil, no solo por el subregistro de homicidios, que según la Comisión de la Verdad habrían podido ser más de ochocientos mil el total de los muertos, sino también porque el 9% de los homicidios (40 mil) tiene autor desconocido, y en ese número las Farc participa con algún porcentaje.

Desde luego, los asesinatos no pueden calcularse siempre con una regla de tres, por dos motivos: de un lado, porque las intensidades del conflicto no son las mismas en todo momento; de otro lado, porque no siempre las desapariciones forzadas se pueden sumar a los homicidios. No obstante, hay que trabajar con alguna cifra, así sea estimada, pues la exigencia de una cifra exacta pareciera disolver en la nada el número de asesinatos y la culpa. Algo así como esto: “puesto que el dato no es científico, las Farc no tienen responsabilidad”. Eso es inaceptable. En este sentido, el Informe de la Comisión de la Verdad pone un punto de partida, un mojón indiscutible: en el 66% del tiempo que duró el conflicto, a las Farc le comprobaron 94.500 homicidios y 29.280 desaparecidos; y el propio Informe advierte que hay un subregistro de muertes cercano al cincuenta por ciento.

Entonces distintos ejercicios de proyección de cifras podrían conducir a estimar que las Farc a lo largo de su existencia mataron a cerca de 200 mil colombianos.

Se trata de una cifra aterradora, que ubica a este grupo guerrillero entre los mayores asesinos del último siglo. Si se ingresan los números de las Farc al abominable ranking de los mayores depredadores humanos en este período, que resulta de los estudios de Courtois, Werh, Panné, Paczkowki, Bartosek y Margolin, así como de Jiménez Losantos, la guerrilla colombiana quedaría en la octava posición, o sea que integra el “top 10”. En efecto, el ranking de homicidas quedaría así:

  1. Stalin: 42 millones
  2. Mao: 21 millones
  3. Chan Kai Chek: 6 millones
  4. Hitler: 5 millones
  5. Lenin: 2 millones
  6. Pol Pot: 2 millones
  7. Tito: 1 millón
  8. Las Farc 200.000

La JEP entonces no ha cumplido con la esencia del mandato de una justicia “simétrica”, como dice el Acuerdo de Paz, sino que ha metido en el mismo saco a la Fuerza Pública con las Farc, para “quedar en tablas”, lo cual termina siendo una discriminación para los militares. La narrativa que circula es que los de las Farc “son casi como los otros, es más, son menos malos que los otros porque tenían una motivación política”.

Fruto de esta injusta equiparación, en el imaginario colectivo son más graves los supuestos 6.402 falsos positivos de los militares (cifra sin confirmar judicialmente, ni siquiera por la propia JEP, pero es la que se cita), que los 200 mil asesinatos de las Farc. Eso es ridículo.

Y además se esgrime esta insostenible excusa: que las Farc no tenían que cumplir una Constitución y los militares sí, como si las Farc fuera “idiotas morales”, para emplear la terminología de Bilbeny.

De esta forma, la JEP banaliza la responsabilidad de un grupo integrante del top 10 de los asesinos del último siglo: de las Farc.

Segundo: La Fuerza Pública es juzgada con una lógica absurda y severa y la guerrilla es juzgada con una lógica institucional y benévola

Primero, en los procesos contra los oficiales de la Fuerza Pública la forma de razonar de la JEP suele ser la siguiente:

Contexto del conflicto armado + patrones de macrocriminalidad + hechos ilícitos + mando = culpable

Se trata de una forma de edificar una argumentación totalmente absurda en materia penal, en donde responsabilidad debe ser personal y concreta, exentas de toda duda. Lo que se ve en cambio en los autos que ha proferido la JEP a través de su “Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas” es un sofisma, o sea de un argumento que parece válido y verdadero, pero que, en realidad, es inválido y oculta intencionalmente un error.

El error consiste en que no siempre una cosa, que es cierta, conduce a la otra, que ya no es cierta, como se aprecia en el siguiente ejemplo, aplicado al acoso laboral que se presenta en la misma JEP:

Un magistrado de la JEP se desenvuelve en un “Contexto de acoso laboral” (cierto), en el que hay “patrones de acoso laboral” (cierto), en el cual se han presentado “hechos ilícitos” de acoso (cierto) y él tiene “mando” (cierto), por tanto, el magistrado es “culpable” (no es cierto, o al menos casi nunca).

Ahí está el absurdo error en la argumentación, el sofisma, que da cuenta de un prejuicio o prejuzgamiento contra los militares, de una persecución, que obviamente viola la presunción de inocencia y el debido proceso. Se trata de una injusticia inmensa y grave.

Segundo, en los procesos contra el Secretariado de las Farc la forma de razonar de la JEP suele ser la siguiente: se tramitan procesos por temas (secuestro), contra todos ellos a la vez (el Secretariado), en los que asumen “en combo” la responsabilidad y piden perdón “en nombre de las Farc”, como si se tratase de una culpa institucional.

Esa culpa burocrática fue denunciada por Arendt en los procesos contra los nazis, lo cual la condujo a acuñar su famosa frase “la banalización del mal”.

Esta forma institucional de procesar a las Farc es benevolente con los ex guerrilleros, pues “les sale muy barato” el proceso por un delito sistemático y cruel, que raya en la esclavitud, como es el secuestro.

Y ese tratamiento “asimétrico” que da la JEP a sus procesados viola el principio de igualdad y discrimina a los militares.

Tercero: Los procesos que adelanta la JEP tienen un distinto impacto simbólico

Los procesos que tramita la JEP han tenido un diferente impacto simbólico: a la izquierda, la nombran para no juzgarla; y a la derecha, al nombrarla, la juzgan.

En efecto, de un lado, los procesos contra la guerrilla simbolizan el ingreso de ésta a la institucionalidad, como quien recibe el sacramento del bautismo (también simbólico), lo cual es motivo de celebración en el espectáculo social. Un sector del país pareciera entender que a la izquierda la citan al proceso para “salir de eso”, que con eso paga, y ya ni siquiera se hace necesario juzgarla. Eso explica por qué las Farc han salido fortalecidas después de las audiencias en la JEP, ya que se genera la idea de que había tenido el valor de reconocer sus crímenes (corporativos). Ese supuesto coraje ha tenido un despliegue mediático más importante que los crímenes en sí mismos. Mejor dicho, después de declarar ante la JEP, el antiguo Secretariado de las Farc salía para el Congreso o para su casa, como si nada. Por poco se sale a deberle: algunos llegaron al extremo de referirse a las Farc como víctimas.

Además, a la guerrilla una sanción institucional la tiene sin cuidado, pues sus militantes siempre estuvieron al margen de la ley y de la institucionalidad; no les molesta que la sancione un Estado que nunca reconocieron y que quisieron destruir.

Se trata en todo caso de un peaje muy barato para purgar todo el horror que las Farc propiciaron, que hizo regresar a la humanidad a la época de las cavernas. Impunidad pura y dura.

De otro lado, a la derecha, al nombrarla, la juzgan de una vez, generando una indignación tal, que la persona queda ya condenada. En efecto, los militares en particular pertenecen a la institucionalidad y han prestado un servicio al país cimentado en el honor, de suerte que una comparecencia ante la JEP es el acabose para ellos; con su solo juzgamiento (sin necesidad de esperar la sentencia) reciben de inmediato una sanción social, un retiro del servicio, un rechazo familiar y una capitis diminutio.

Para los militares el solo hecho de comparecer ante la JEP, sin necesidad de esperar la sentencia, constituye una letal sanción social, un retiro del servicio, un rechazo familiar, una pérdida del empleo y una mancha en su hoja de vida: el mundo se les acaba. Tienen que sacar los hijos del colegio y en los clubes sociales ya no son bienvenidos. La vida se derrumba. Para los militares, como anota Giorgio Agamben, “la verdadera pena es el juicio”.

A los militares que por antigüedad les correspondía ascender, basta que “tu nombre está ya listo temblando en un papel”, como dice el poema de Otero, para que el gobierno no los llame a curso de ascenso.

Ahora bien, la JEP no puede ignorar el resultado de sus gestiones, es decir, el diferente impacto simbólico de los procesos. Pero lo hace.

Incluso algunos militares inocentes se ven presionados para aceptar los cargos que le imputa la JEP, así sean falsos, con el fin de obtener una sanción benévola y evitar una pena de prisión.

Así mismo, la JEP promueve que oficiales de bajo rango y soldados delaten a sus superiores, para obtener un beneficio procesal, práctica que no opera con las Farc.

La JEP con esta manera discriminatoria de actuar se presta para terminar siendo el espacio del resentimiento social judicializado, el espacio de la venganza social organizada en procesos.

Cuarto: Las víctimas de las FARC no serán indemnizadas, como si no fueran importantes, mientras que las víctimas de los militares sí serán reparadas

Las víctimas de las Farc no verán un peso en la JEP, porque allí no hay reparaciones dinerarias, por expresa disposición de las normas (las Farc no van a indemnizar a nadie porque así lo señala el Acuerdo de Paz, punto 54, literal d). En su lugar, las víctimas tendrán reparaciones colectivas simbólicas, como una placa o una palmadita en la espalda o algo así.

En cambio, las víctimas de la Fuerza Pública conservan el régimen común de la responsabilidad civil extracontractual del Estado, de manera que podrán recurrir a los jueces para solicitar su reparación. De hecho, así ha sucedido y hoy son muchas las demandas contra el Estado por este concepto, por cuantías que en total suman varios billones de pesos.

Esta diferenciación en el tratamiento de las víctimas no es neutra, sino que transmite un mensaje: que los crímenes de las Farc no fueron algo grave, al punto que no vale la pena repararlos, en cambio los delitos de los agentes del Estado sí son gravísimos, al punto que hay que indemnizarlos.

Es un nuevo ejemplo de discriminación y de ausencia de justicia simétrica, pues en la JEP hay víctimas clase A y víctimas clase B.

En realidad, en ambos casos debería existir reparación de los perjuicios, en montos razonables (acordes con el espacio fiscal del país).

A propósito de reparaciones, ha pasado desapercibido el inmenso daño económico que las Farc ha ocasionado al país. En efecto, el conflicto armado interno ralentizó el crecimiento de la economía colombiana, la inversión, el empleo, la tributación y el bienestar. Al cabo de 50 años de muerte, violencia y destrucción de riqueza, se impactó la inversión, se incrementaron los costos de transacción y aumentó el deterioro del capital humano. Según Salomón Kalmanotivz, se calcula que el costo de contener la violencia en Colombia equivalía a cerca de 11% del PIB en 2014, la mitad de los cuales eran gastos en seguridad del gobierno y de los agentes privados, y la otra mitad tiene que ver con el aumento de homicidios y el crimen violento, las muertes directas que ocasiona el conflicto, los gastos en cárceles, el costo para la propiedad pública y privada y costos asociados a la pérdida de seguridad interna. Ana María Ibáñez añade que el conflicto afectó la producción agrícola: las agresiones directas a la población y la violencia, la incertidumbre y el miedo que genera vivir en medio del conflicto y la imposición de reglas por parte de los grupos armados aumentan los costos productivos y obligan a los hogares a modificar sus decisiones de produc­ción. Algunos estudios sugieren que cada colombiano padeció un daño económico por culpa de las Farc de cuatro millones de pesos. En todo caso fue descomunal el daño económico que las Farc le hizo a Colombia, y que no va a reparar.

Quinto: La JEP trata mejor a las víctimas del estado que a las víctimas de las FARC

Ya en el curso de los procesos, la JEP trata mejor a las víctimas de las Fuerzas Militares que a las víctimas de las Farc; por ejemplo, muchas víctimas de secuestro de la guerrilla han preferido no comparecer ante la JEP, porque allí no les dan espacio, como lo testimonia Fevcol. En cambio, a las víctimas de las Farc la JEP las prepara en talleres con sicólogos el día anterior a la audiencia, para suavizarle el espectáculo a los exguerrilleros, instrumentalizando así a las víctimas.

La JEP se creó con la idea de poner a las víctimas en el centro del debate; pero, como anota Paula Andrea Valencia, de Dejusticia, en escrito publicado en La Silla Vacía, los criterios de la JEP para escoger a las víctimas que participan en sus audiencias “son demasiado subjetivos… las víctimas que son seleccionadas son aquellas que se ajustan a un tipo ideal de víctima… aunque la Jurisdicción prometió cambiar la percepción de despersonalización que caracteriza a la justicia ordinaria y poner en el centro a las víctimas, terminó cultivando un sentimiento de favoritismo”.

Conclusión

En los cinco capítulos anteriores se ha pretendido demostrar que la JEP discrimina a la Fuerza Pública colombiana y privilegia a las Farc. El tratamiento no es simétrico, sino sesgado, ideologizado.

Esa discriminación a la Fuerza Pública ha profundizado la polarización en Colombia. La JEP, en vez de unir, contribuye a fracturar más la sociedad.

¿Qué hacer frente a esto? Por qué no explorar un diálogo entre todos los sectores, orientado a buscar consensos sobre la manera de garantizar un tratamiento diferencial y equitativo para los militares, en una justicia sin discriminaciones ni sesgos ideológicos.

Algunos, como el Comisionado de Paz y como Yesid Reyes, han sugerido pensar en diversas soluciones alternativas, como por ejemplo suprimir la JEP y crear un tribunal nuevo que se fusione con Justicia y Paz y que, al tiempo que sea eficiente, no discrimine a la Fuerza Pública. Otras soluciones son posibles. Pero en todo caso es hora de que se tomen medidas en este tema tan sensible para el país.

Ver este artículo en la Revista 2024 en el siguiente link: https://issuu.com/acore/docs/revista_acore_2024_edc_135

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