Presidente de ACORE General (R) Guillermo León en El Tiempo
«Colombia, ante una nueva oportunidad» El reto del gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto será convertir la seguridad en una verdadera política de Estado.
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“La seguridad no es únicamente la ausencia de violencia; es la condición que permite a los ciudadanos ejercer sus derechos, desarrollar sus proyectos de vida y confiar en que el Estado protege su libertad y su futuro”.
El gobierno recientemente elegido del doctor Abelardo De La Espriella recibirá un país que enfrenta uno de los escenarios de seguridad más complejos de las últimas décadas. Las amenazas ya no responden a las lógicas tradicionales del conflicto armado; hoy, Colombia enfrenta organizaciones criminales transnacionales que diversifican sus fuentes de financiación, incorporan nuevas tecnologías, disputan el control territorial y buscan sustituir al Estado mediante formas de gobernanza criminal.
Aunque el país construyó durante años importantes capacidades militares y policiales, estas deben fortalecerse frente a organizaciones cada vez más adaptables y sofisticadas. La mayor preocupación ya no es únicamente el incremento de la violencia, sino la pérdida de control efectivo sobre territorios donde grupos ilegales regulan economías, restringen libertades, reclutan menores, amenazan líderes sociales e influyen en la vida comunitaria. Allí donde una comunidad depende más de una estructura criminal que del Estado, la democracia deja de existir en la práctica.
A este panorama se suma la rápida incorporación de tecnologías por parte de estas organizaciones. El empleo de drones con fines de vigilancia y ataques con explosivos evidencia la necesidad de recuperar capacidades en inteligencia estratégica, innovación tecnológica, interoperabilidad y protección de la Fuerza Pública frente a amenazas cada vez más híbridas.
El desafío también es institucional. Colombia necesita fortalecer la inteligencia, el mando estratégico, la logística, el pie de fuerza y la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. Estas capacidades deben responder a una visión de Estado de largo plazo y no a prioridades coyunturales de cada gobierno.
Colombia requiere un modelo de recuperación territorial diferenciado, que adapte las respuestas a las particularidades de cada región e integre seguridad y justicia.
Existe además un componente frecuentemente subestimado: el sistema penitenciario. Mientras las cárceles continúen siendo centros de operación de organizaciones criminales, cualquier esfuerzo en el territorio tendrá resultados limitados. La transformación del sistema penitenciario debe asumirse como un asunto de seguridad nacional, fortaleciendo la inteligencia penitenciaria, el control de las comunicaciones ilícitas, la lucha contra la corrupción y los procesos efectivos de resocialización.
Sin embargo, el mayor cambio debe darse en la forma de intervenir el territorio. Colombia requiere un modelo de recuperación territorial diferenciado, que adapte las respuestas a las particularidades de cada región e integre seguridad, justicia, infraestructura, conectividad, educación, salud y desarrollo económico, con una participación activa de las comunidades. Recuperar el territorio significa construir Estado junto con los ciudadanos, fortaleciendo su capacidad para proteger y sostener las transformaciones alcanzadas.
Igualmente, fortalecer la cooperación internacional debe convertirse en una prioridad estratégica. Ningún país puede enfrentar por sí solo al crimen organizado transnacional. Recuperar y ampliar las alianzas con países socios, agencias especializadas y organismos multilaterales permitirá potenciar las capacidades nacionales de inteligencia, investigación y operaciones, consolidando a Colombia como un aliado confiable para la seguridad regional.
El reto del gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto será convertir la seguridad en una verdadera política de Estado: recuperar el control territorial, fortalecer las instituciones y proteger las libertades dentro del Estado de derecho. En esa tarea no solo se definirá el futuro de la seguridad nacional, sino también la posibilidad de consolidar una democracia más fuerte, un Estado más presente y un desarrollo que llegue, finalmente, a todos los territorios del país.
