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El pasado viernes 21 de noviembre, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), conmemoró 54 años de creación y de trabajo constante en beneficio de los hombres y mujeres que vistieron el uniforme del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en defensa de la Patria.
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La celebración del nuevo aniversario de ACORE tuvo su punto culminante, como es ya tradicional, con la parada militar que se realizó en la Escuela de Cadetes José María Córdova.
La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la Asociación, brigadier general Jaime Ruiz Barrera, y por el general, Javier Flórez Aristizábal, quien se encuentra al frente del Comando Estratégico de Transición hacia el posconflicto.
Para conocimiento de nuestros lectores, publicamos a continuación la intervención del presidente de ACORE.
ACORE y sus 54 años de creación
Celebramos cincuenta y cuatro años de lucha incansable por nuestros más caros principios y valores. Son conceptos muy propios y altruistas que nos motivan y comprometen para lograr las distintas metas que nos hemos propuesto.
No son otra cosa que toda esa mística y todo aquello que nos mueve, hoy y siempre, para ser partícipes o actores principales de la mejor empresa nacional: …¡La defensa de la patria!
Lejos del quehacer político partidista con el cual malintencionadamente se nos ha querido señalar, ACORE se encuentra construyendo esa unidad e integración que requerimos para que sea una pronta realidad.
Este importante compromiso hay que entenderlo bajo el claro concepto quenuestra institución militar es una sola y que en ella se encuentran, no únicamente quienes aún portan las armas de la República, sino también los que temporalmente hemos dejado de hacerlo, pero que por propio ofrecimiento o por mandato, estamos dispuestos a tomarlas, cuando las circunstancias así lo determinen.
En función de todo esto surge también la obligación y el compromiso de defender, de igual manera, aquellos derechos que como miembros de esta institución, nos son comunes.
Frente a este gran reto hemos buscado que nuestra Asociación actúe como un verdadero grupo de presión ante las diferentes instancias sociales, políticas y del Estado, en procura de soluciones prontas y adecuadas, frente a los distintos problemas que nos afectan.
Haciendo algo de historia, debemos recordar que un 25 de noviembre del año de 1960, hace exactamente cincuenta y cuatro años, fue creada nuestra Asociación con el propósito de integrar y reunir a los Oficiales pertenecientes a la reserva activa de las FF.MM.
Durante este largo y significativo periodo, el principal esfuerzo de quienes formamos parte de esta Asociación, ha estado orientado a ganar y consolidar diferentes espacios de participación para hacernos visibles y proteger todo lo que hemos logrado a través de muchos años de lucha en defensa de este país y de sus instituciones.
Dentro de este gran compromiso, una de las tareas en que nos hemos empeñado, es la de edificar conjuntamente la unidad e integración requerida con todas las asociaciones del cuerpo de oficiales de la Reserva Activa de las FF.MM y de la Policía Nacional, en forma tal que nos permita actuar como un solo grupo de presión frente a cualquier circunstancia.
Consecuente con lo ya expuesto, hemos constituidouna Mesa de Trabajo Permanente (MPT), que como tarea principal ha venido estudiando distintos temas de interés nacional e institucional, algunos de los cuales se han convertido en grandes preocupacionespor su estrecha relación con la misión constitucional que le corresponde a nuestra fuerza pública, y sus graves efectos en la seguridad y en la defensa nacional.
Sobre este particular, haré referencia a cuatro temas específicos que son los que más nos preocupan en este momento:
1. Intensificación ofensiva judicial contra miembros de la Fuerza Pública.
Sobre este aspecto debemos recordar que no se trata de algo nuevo, sino que viene de mucho tiempo atrás en forma persistente y sistemática. Últimamente esta ofensiva se ha intensificado mediante un habilidoso uso de los distintos medios de comunicación, para comprometer y poner en la picota pública a miembros de nuestras Fuerzas Armadas, especialmente aquellos de la más alta graduación, señalándolos sin justificación alguna, como presuntos responsables por graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En esta ofensiva judicial, se utiliza como argumento principal la necesidad de buscar a los ‘máximos responsables’ bajo discutibles conceptos jurídicos de priorización,unidad de contexto, responsabilidad mediata y otros formulismos similares, para hacer penalmente responsables a quienes no se les ha podido comprobar la comisión directa de ningún tipo de conducta dolosa. A este coro se unen, como es habitual, varias ONG y organismos internacionales de justicia, para los cuales como militares y policías, tradicionalmente les hemos sido personajes de muy pocos afectos.
Los casos más patéticos de reciente ocurrencia en tal sentido, se acaban de presentar, el primero de ellos, con un inexplicable fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, contra el señor general (RA) Jesús Armando Arias Cabrales, en su calidad de “coautor mediato, en comisión por omisión, en aparatos organizados de poder, a través de una estructura ilícita conformada dentro de la Brigada 13 que comandaba, por el delito de desaparición forzada agravada de personas”.
Con esta injuriosa y humillante calificación de “aparato organizado de poder”,que este tribunal da al Ejército de Colombia, deshonra el buen nombre de la institución más querida y respetada por el pueblo colombiano, ya que este concepto habitualmente es utilizado para señalar penalmente distintas organizaciones de carácter criminal, tales como movimientos terroristas o bandas delincuenciales, las cuales sí se enmarcan dentro de estas características.
Y respecto a quien se sindica, le aplican con total ligereza, la figura de “coautor mediato por omisión”, al no poder constituir prueba alguna sobre responsabilidad directa, por hechos de carácter punible, debidamente comprobados.
El segundo caso, también de ocurrencia reciente, tiene que ver con un controvertido debate de control político realizado al señor Ministro de Defensa Nacional, por citación de un parlamentario de la extrema izquierda radical, en el cual se hicieron graves imputaciones carentes de acerbo probatorio contra nueve prestigiosos Generales del Ejército Nacional en servicio activo, por supuestas y no demostradas violaciones a los derechos humanos y al DIH.
Ante la ausencia de pruebas y las contundentes respuestas y aclaraciones formuladas por el señor Ministro, con las cuales defendió vehementemente la institución militar, su legitimidad constitucional y la inocencia de sus Generales, este debate no logró su cometido, pero puso de presente, una vez más, cómo este tipo de procedimientos y argucias serán la constante de una campaña intimidatoria, de desinformación y de desprestigio, sistemática y generalizada, contra los miembros de la Fuerza Pública y nuestras instituciones.
Todo lo que aquí se ha expuesto, tiene que ver en forma directa con la guerra jurídica de que es víctima el Estado colombiano y particularmente su Fuerza Pública.
Esta guerra jurídica que tanto nos afecta, requiere en forma urgente la atención debida por parte del gobierno y de las instituciones afectadas, para contrarrestarla apropiadamente dentro del marco legal establecido y con los recursos que sean necesarios, para evitar en el menor tiempo posible sus peligrosos efectos, particularmente en lo que tiene que ver con la moral y la voluntad de lucha de nuestros combatientes.
2. Informe reciente del Centro de Memoria Histórica.
Es un tema muy cuestionado sobre el cual hemos insistido constantemente. Este informe, hecho público y oficialmente aceptado recientemente por el gobierno nacional, nos afecta institucionalmente porque la mayor parte de su contenido no se ciñe a la verdad histórica de los acontecimientos.
Se tomaron veintiún casos emblemáticos para evaluar y calificar tendenciosamente la actuación de la Fuerza Pública dentro del conflicto armado que ha enfrentado el pueblo colombiano en los últimos cincuenta años, haciéndola responsable de la violencia registrada durante este periodo.
Los autores de este informe cumplieron una tarea evidentemente sesgada y politizada, distorsionando la realidad de los hechos.
Al final se presenta a la Fuerza Pública, ni más ni menos, como una peligrosa organización criminal causante de muchos excesos dentro de la contienda armada.
No se cuenta la realidad de la barbarie cometida por los diferentes grupos delincuenciales y terroristas que han actuado en el país, y las actuales bandas criminales, que han cubierto de sangre y miseria el territorio colombiano.
Nos preocupa, tal como lo estamos denunciando, que el Gobierno Nacional dio a conocer su decisión de que este sea un documento de estudio obligatorio en los diferentes niveles educativos del país.
No queremos una historia mal contada, y mucho menos que se nos califique en la forma como se hace en este inadmisible documento y en otras cartillas instructivas complementarias que el Centro de Memoria Histórica, entidad oficial adscrita a la Presidencia de la República, viene difundiendo a nivel nacional.
3.Proyecto creación Ministerio de Seguridad Ciudadana.
Existe concepto unánime en la Reserva Activa de la Fuerza Pública, en el sentido de que “no queremos que se nos divida”. Sería un error gravísimo en este momento. No es conveniente. No podemos perder todo lo que se ha logrado en el trabajo de equipo y lo que la Policía Nacional ha alcanzado profesionalmente, como prestigiosa institución, para colocarla como una dependencia adscrita a un nuevo Ministerio, en una posición y en un nivel que no le corresponde.
Sobre esta insistente reclamación, el señor Presidente de la República se comprometió recientemente a dejar en suspenso esta decisión, hasta tanto el país logre su total normalización en materia de orden público.
Esperamos que este proyecto, sea reversado en forma definitiva.
4. Restructuración del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares.
Este tema, como es de todos conocido, no es nada fácil, porque para su solución, tal como se ha dicho, es necesario unificar el Sistema, regionalizarlo y sistematizarlo para llegar con todos los servicios de salud a las diferentes guarniciones y zonas del país. El servicio actual es deprimente. En términos comparativos, es mucho más eficiente cualquier sistema prepago o el mismo “Sisben”, que protege al común de los ciudadanos.
Nuestro sistema de salud, requiere una reingeniería total a un costo significativo. A nivel Ministerio de Defensa y Comando General de las FF.MM., se está trabajando en tal sentido, y solo esperamos que continúe el apoyo total del gobierno nacional para lograr su cometido.
En el momento actual ha sido imposible desarrollar y unificar la sistematización ya existente, y cubrir los grandes pasivos presupuestales por carencia de recursos suficientes para tal propósito. Esta situación es de suma gravedad.
Para terminar quiero presentar un efusivo saludo de reconocimiento a los Cursos de Oficiales de las Fuerzas Militares que cumplen cincuenta años de haber egresado de sus respectivas escuelas de formación y que por tal motivo han sido distinguidos en esta ceremonia con la Medalla Militar “Bodas de Oro” del Comando General de lasFF.MM. y la Rafael Reyes de ACORE, en las categorías “Bodas de Oro Profesionales” y “Al Mérito” otorgadas por el Consejo de la Medalla de nuestra asociación.
Para todo ellos, nuestras más sinceras felicitaciones.
Concluyendo mi intervención, quiero decirle a todos los presentes que recuerden esta frase de un distinguido General que peleó en la Segunda Guerra Mundial:
“Nuestra milicia es y siempre será jerarquizada. Los viejos Generales, Coroneles y otros superiores, que ayer fungieron como jefes o comandantes, siguen y seguirán siendo, la guía espiritual y el mejor ejemplo para las nuevas generaciones que hoy tienen bajo sus hombros, la misma responsabilidad que ellos tuvieron en la defensa de la patria”
Douglas Mc Arthur
